Privatización Del Agua

La Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Ley General de Aguas que contiene puntos contrarios a garantizar el derecho humano al agua y cuyos preceptos derivarían en un aumento en las tarifas a consumidores, lo que afectaría sobre todo a los sectores más vulnerables, explican especialistas.

Luego de declararse en sesión permanente, horas después de haber recibido la propuesta, los integrantes de las Comisiones Unidas de Agua Potable y Saneamiento y de Recursos Hidráulicos iniciaron una discusión para que el dictamen fuera votado hasta el 10 de marzo y evitar la premura en el análisis.

Sin embargo, la propuesta fue rechazada por la mayoría y en respuesta, los 10 diputados del PRD y Morena abandonaron la discusión, pero finalmente el dictamen fue aprobado en lo general con 31 votos.

Se trata de una legislación que contraviene el derecho al agua y significa “un paso adicional” para beneficiar al sector privado que ha ganado espacio de acción desde 1994.

El diputado de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, aseguró que esta iniciativa significa “la privatización del sector” porque si bien “la iniciativa se basa en grandes obras, no se dice que todo ello será mediante el pago de los usuarios”.

Uno de los fervientes defensores de la iniciativa fue el diputado priísta Kamel Athie Flores, presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, quien insistió en que la iniciativa contempla medidas de prevención de contaminación y prevé sanciones que van desde la suspensión de actividades o clausurar obras de infraestructura temporal o definitivamente, revocar concesiones hasta multas que irían de 200 a 50 mil días de salario mínimo.

En medio de la rapidez con la que los legisladores aprobaron el dictamen en un solo día, y prevén presentarlo al pleno de la Cámara de Diputados para su discusión y aprobación, la sociedad civil reclama participación. A través de una carta firmada por más de 40 organizaciones civiles, solicitan a los diputados la organización de audiencias públicas a fin de consultar la opinión de los especialistas e implicados, pues “sólo escuchando las voces de todos los actores será posible construir una iniciativa de Ley General de Aguas que garantice el derecho humano al agua bajo los estándares más altos”.

Las controversias

Uno de los aspectos más preocupantes se refiere al lineamiento de las “causas de utilidad pública”, lo que deja a las comunidades con “menos posibilidades de defensa”.

Entre las causas de utilidad pública establecidas en el artículo 8 están:

El trasvase de aguas nacionales de una cuenca o acuífero hacia otros

El uso de las aguas nacionales para generar energía eléctrica destinada a servicios públicos.

La adquisición o aprovechamiento de los bienes inmuebles que se requieran para la construcción, operación, mantenimiento, conservación, rehabilitación, mejoramiento o desarrollo de las obras públicas hidráulicas y de los servicios respectivos, así como la adquisición y aprovechamiento de instalaciones, inmuebles y vías de comunicación que tales obras requieren.

Esto generaría más problemas en materia territorial, como ya ha sucedido en casos que incluyen grandes represas que se utilizan para la generación de energía y la provisión de agua y que han buscado “desalojar a comunidades”. Sin embargo, hasta el momento los comuneros han defendido su territorio con los preceptos legales disponibles.

Pero con esta nueva ley “se otorgaría a los consorcios que están operando y distribuyendo el agua, una facilidad para pasar encima de los derechos territoriales de la comunidad”, insiste Campero.

En esto coinciden más de 40 organizaciones civiles como entro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Colectivo de Promoción de los Derechos Civiles y Desarrollo Social DECIDES, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota, entre otras, al

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