Probleas De Tierras

La tenencia de la tierra: un problema en Colombia

En Colombia, el acceso a la tierra ha sido históricamente una gran fuente de poder político y de conflicto social, además un determinante clave en la productividad de la economía rural.

En nuestro país, la estructura agraria se caracteriza por la falta del aprovechamiento de tierras productivas, la tendencia a la reconcentración de las tierras y el riesgo ambiental a consecuencia del uso excesivo de la tierra para pastoreo de ganado. Esto produce la expansión de la frontera agrícola hacia tierras frágiles, generando un grave riesgo ambiental y problemas sociales.

En un país históricamente agrario como Colombia podemos observar que la gran mayoría de los conflictos sociales y bélicos del siglo 20 y lo que va del siglo 21 están enmarcados en el terreno de lo agrario.

No sobra mencionar la Masacre de las Bananeras, los pequeños conflictos generados por la bonanza cafetera, el problema desatado por la bonanza marimbera y la actual crisis generada por el negocio de la coca, sin mencionar los numerosos conflictos generados ante la intención de las grandes multinacionales de apropiarse de los campos colombianos para explotar nuestra gran riqueza natural.

A raíz de esto se ha producido una gran crisis humanitaria que viven los campesinos hace más de 50 años, por un conflicto social y armado en el que la élite pretende defender su poder político y económico poniendo en riesgo derechos fundamentales, económicos, sociales, culturales y ambientales de los campesinos.

Ante esta grave crisis se ha hecho necesaria una reforma agraria que no sólo solucione el problema de la repartición de la tierra sino que brinde condiciones de vida digna a los campesinos. En la actualidad, la política de tierras en Colombia ha servido más para generar un gran conflicto administrativo y de tipo fiscal al estado y no para solucionar los problemas de los campesinos.

En materia constitucional, la carta política actual en tres de sus artículos habla de condiciones de vida digna para los campesinos, protección del medio ambiente y buenas condiciones para la producción agrícola, todo esto enmarcado en el derecho que tenemos todos los colombianos a la igualdad.

La reforma agraria en Colombia

En Colombia existen problemas de desigualdad en la propiedad de la tierra y sobreutilización de la misma. El coeficiente de Gini para la propiedad de la tierra en Colombia está alrededor de 0.77, lo cual es bastante alto. Y esto es debido a la subutilización de la tierra en Colombia: sólo 30% de las tierras dedicadas a cultivo explotan totalmente su potencial. La alta concentración en la propiedad, la utilización deficiente, el desempleo rural y la pobreza han demostrado la necesidad de una reforma agraria desde comienzos del siglo 20.

La ley 200 de 1936 es conocida como el primer intento serio de realizar una reforma agraria y fue el resultado de una concertación con el movimiento campesino en auge. Elementos importantes de la ley eran la creación de jueces especiales para dirimir conflictos de tierra, la introducción del concepto de la función social de la tierra y la figura de extinción de dominio.

A pesar de su reducida aplicación por la fuerte resistencia que encontró, la Ley 200 creó las bases conceptuales de la reforma agraria. Con la Ley 100 de 1944 se buscaba anular los posibles efectos de la Ley 200, declarando de conveniencia pública los contratos de aparcería y, con ello, la sujeción del campesino al terrateniente.

Entre 1946 y 1957, durante la Violencia, fue liquidada la confederación campesina e indígena que había liderado en los decenios pasados la lucha por la tierra.

La Ley 135 de 1961 era producto tanto de presiones sociales internas que había que conjurar después de la Violencia, como de presiones internacionales, como, por ejemplo, la Alianza para el Progreso. Con ella fue creado el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora), que buscaba obligar a los terratenientes a modernizar sus explotaciones y permitir un uso más adecuado de la tierra bajo pena de extinción de dominio.

La dirección del proceso de reforma de la junta directiva del Incora estaba altamente politizada y contaba con una escasa participación campesina.

En 1967 se empezó con la organización de todos los usuarios de la reforma agraria, constituyendo así la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), utilizada por el presidente Lleras Restrepo como factor de presión para llevar a cabo su reforma agraria, que tomó forma con la Ley 1 de 1968, que facilitó los tramites, hizo énfasis en los predios inadecuadamente explotados y en la entrega de tierra a los aparceros que la trabajaban.

Con la reforma agraria de los años 60 se intentaba mantener una estructura doble de la tenencia de la tierra a partir de la modernización del

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