Proteger los derechos de las personas ofendidas por conductas típicas realizadas

VII. Proteger los derechos de las personas ofendidas por conductas típicas realizadas

por menores.

Artículo 2°.- Son principios básicos de la justicia integral para adolescentes:

I. Garantizar la protección integral y el interés superior del adolescente;

II. Reforzar los vínculos familiares y garantizar la intervención procesal de quienes

ejerzan la patria potestad, la tutela o la custodia del infractor;

III. Investigar y hacer valer de oficio las causas que excluyen o extinguen la

responsabilidad social y civil de los adolescentes a quienes se atribuya la comisión

de una conducta delictiva, dictando resolución absolutoria cuando proceda;

IV. Reconocer al infractor la presunción de inocencia y las garantías derivadas del justo

proceso, incluido el derecho de ser oído directamente;

V. Instrumentar la celeridad y la oralidad del procedimiento contra menores infractores,

procurando la mediación y la conciliación en los casos en que procedan;

VI. Proteger la intimidad de los menores infractores, evitando el etiquetamiento social;

VII. Establecer medidas correctivas basadas en la gravedad del delito y, también, en las

circunstancias personales del infractor;

VIII. Aplicar medidas de internamiento como medida extrema, por el tiempo más breve

que proceda y solo cuando se trate de delitos graves; y

IX. Crear instituciones especializadas para el tratamiento de menores, atendiendo a su

edad y tendencia delictiva.

Artículo 3°.- Para los efectos de esta ley se entiende por:

I. Niño: Toda persona menor de doce años;

II. Adolescente o menor de edad: La persona que haya cumplido los doce pero no los

dieciocho años;

III. Infractor: El adolescente o menor de edad que haya intervenido en una acción u

omisión prevista como delito;

IV. Constitución Federal: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

V. Constitución Local: La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima;

VI. Tratados Intencionales: Los convenios o tratados suscritos por el Ejecutivo Federal y

aprobados por el Senado de la República, que contengan derechos de los

adolescentes que hayan incurrido en conductas delictivas;

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