Pruebas En Materia De Accidentes De Trabajo Y Enfermedades Ocupacionales

La Sociedad de la Información (SI); es un edificio que requiere bases sólidas. Buena parte de la discusión sobre la SI apunta a identificar lo que podríamos llamar factores propulsores clave: aplicaciones sociales y económicas de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TICs) de amplia cobertura, capaces de crear economías de escala para que el proceso de construcción se ponga en marcha.

Sin embargo, para que puedan desarrollarse aplicaciones de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) adecuadas a las necesidades sociales y económicas de la SI y lo hagan ‘en red’ (esta es una de las premisas que distingue a la Sociedad de la Información), es necesario contar con un conjunto de ‘capas’ o estratos de soportes: servicios asequibles sobre los que se ejecuten esas aplicaciones, a las que, a su vez, hay que dotar de contenidos, así como con infraestructuras que soporten y de cobertura y accesibilidad a los nuevos servicios multimedia que se requieren. En otras palabras, el despliegue de la Sociedad de la Información (SI) en España, además de un intenso proceso de innovación social, requiere de un no menos intenso esfuerzo inversor en infraestructuras y servicios que hay que sostener, sin olvidar los contenidos.

Desde el punto de vista del sector privado, para garantizar este esfuerzo inversor clave para el despliegue de la Sociedad de la Información es esencial la adopción de un marco regulador apropiado tendente a favorecer las inversiones en infraestructuras y en TIC’s en condiciones que permitan un retorno equilibrado de las mismas. El modelo de regulación que se ha aplicado al mundo Internet y a los servicios móviles, ha permitido otorgar variadas alternativas y mayor flexibilidad a los usuarios finales, reportándoles beneficios al satisfacer sus necesidades específicas en vez de sujetarlos a sólo un reducido conjunto de ofertas más o menos homogéneas y reguladas.

Esta orientación se ha revelado más eficaz a la hora de incentivar a los operadores para que diseñen planes comerciales para distintos segmentos de clientes y mantengan tasas de inversión relativamente elevadas. Sería aconsejable la adopción de una política fiscal favorable, al menos hasta que el desarrollo de la SI alcance un nivel suficiente, intentando en lo posible que las cantidades recaudadas reviertan en el desarrollo de las TIC’s.

Teniendo en cuenta lo anterior, el sector privado propone una serie de Principios sobre los que deberían asentarse los marcos regulatorios:

Competencia

Regulación de defensa de la competencia: la regulación sectorial tradicional debe dejar paso a que el sector se rija por las reglas de defensa de la competencia. Vigilar y penalizar las prácticas anticompetitivas, los abusos de posición dominante, las distorsiones de la libre competencia.

Modelo de competencia entre plataformas basado en la neutralidad tecnológica: la evolución tecnológica y de los mercados ha hecho que los servicios de telecomunicaciones asociados a la SI se ofrezcan desde múltiples plataformas (redes fijas, móviles y de cables, satélites, accesos inalámbricos de gran capacidad), con capacidad creciente de integrar servicios multimedia (voz, datos, vídeo). Todas ellas competirán entre sí, en todos los servicios o por familias de servicios. Por tanto, todas tienen que gozar de un trato regulatorio equilibrado para no inducir arbitrajes ni discriminaciones entre agentes.

Modelos de competencia orientados a promover la inversión: habría que priorizar los ordenamientos que incentivan y retribuyen razonablemente la inversión, a fin de no disuadir ni frenar el proceso inversor, así como abandonar los modelos de competencia exclusivamente orientados a la reducción de precios mayoristas y minoristas hasta el punto de comprometer la sostenibilidad del sector, y que han contribuido a estrangular

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