Revocatoria Acto Administrativo

la actuación administrativa se desarrolla conforme al debido proceso Administrativo como garantía a los administrados de acceder a un proceso justo y adecuado, de tal manera que la afectación o privación de ciertor bienes jurídicos por parte del Estado, no pueda hacerse con detrimento de sus derechos fundamentales.

Que al respecto la Honorable Corte Constitucional en Sentencia T-119 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt chaljud preciso que:

“…forman parte de la noción del debido proceso y se consideran como garantías constitucionales que presiden toda actividad de la Administración desde su inicio hasta su culminación, los derechos de defensa, de contradicción, de controversia de las pruebas, de publicidad, entre otros, los cuales se extienden a todas las personas que puedan resultar obligadas en virtud de lo resuelto por la Administración..”

Que es claro para la doctrina Administrativa ambiental, que los principio que debe acatar la autoridad ambiental en ejercicio de su actividad sancionatoria, con ciertos matices, se aplica los que rigen para los procesos penales, tal y como lo ha manifestado la Jurisprudencia, la Corte Constitucional en Sentencia C- 160 del 29 de Abril de 1998, con ponencia de la Mag.Carmenza Gomez Isaza, señala:

" El ejercicio de la potestad sancionadora de la administración, se encuentra limitado por el respeto a los principios y garantías que rigen el debido proceso, tal como lo expresa el artículo 29 de la Constitución.

A efectos de darle contenido a este mandato constitucional, esta Corporación ha señalado, en varias de sus providencias, que los principios y garantías propios del derecho penal, con ciertos matices, pueden ser aplicados en el campo de las sanciones administrativas…”

Que conforme a lo anterior, es necesario precisar que el derecho de defensa en materia administrativa se traduce en la facultad que tiene el administrado para conocer la actuación o proceso administrativo que se le adelante e impugnar o contradecir las pruebas y las providencias que le sean adversas a sus intereses. La administración debe garantizar al ciudadano interesado tal derecho y cualquier actuación que desconozca dicha garantía es contraria a la Constitución. En efecto, si el administrado no esta de acuerdo con una decisión de la administración que le afecte sus intereses tiene derecho a ejercer los recursos correspondientes con el fin de que se revoque o modifique.

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