Sistema Penitenciario

Costos sociales

p.21Estos se refieren a los costos no económicos que tiene el encarcelamiento de una persona como la estigmatización (propia o de la familia) o el efecto que puede tener en los hijos de un interno.

Designar a alguien como un criminal confiere a esa persona un estatus social inferior: se trata, discursivamente, de personas contaminadas y riesgosas para los demás. Dicho estatus no se confiere de forma individual, sino que se extiende a la familia del “criminal”. Así, es frecuente que las familias de los internos sean desdeñadas por sus comunidades, simplemente por asociación con un delincuente o presunto delincuente (recordemos que cerca del 50% de nuestra población penitenciaria está presa sin haber sido sentenciada).

La visita al reclusorio, para las familias, es un recordatorio del estatus inferior que ahora ocupa la familia en la sociedad. Las y los visitantes son sometidos a procedimientos estrictos y en ocasiones degradantes que incluyen inspecciones físicas de la persona –a veces la persona debe desvestirse y ser auscultada–, de los objetos personales, la obligación de vestirse y peinarse de cierta forma y largos periodos de espera.

En el caso de los hijos, algunos estudios señalan que el encarcelamiento produce en estos: ansiedad; enojo; abandono; tristeza; miedo; vergüenza; insomnio; comportamientos agresivos; disminución en el desempeño escolar; e incluso embarazos adolescentes –un estudio muestra que las niñas con un padre o madre encarcelada tienen 60% más probabilidad que otras niñas de embarazarse en la etapa de la adolescencia–. Otro estudio muestra que las niñas y los niños con un padre o madre encarcelados tienen hasta 6 veces más probabilidad de ser encarcelados durante la temprana adultez, lo que comprueba que el encarcelamiento tiene matices inter-generacionales.

Costos a la salud

Los costos a la salud no sólo se refieren a la afectación que tiene el encarcelamiento en la persona interna, sino también abarcan la afectación a la salud de su pareja y familia. Las cárceles han sido ligadas, a nivel mundial, con una prevalencia más alta que en la población general de ciertas enfermedades como el VIH/SIDA, tuberculosis, hepatitis C y otras enfermedades de transmisión sexual, esto se debe a los factores de riesgo que marcan la vida en prisión, tales como el hacinamiento, la alta prevalencia de relaciones sexuales sin protección, el consumo de drogas (en particular las inyectables), la falta de servicios médicos, los deficientes servicios sanitarios (incluyendo la falta de agua) y la falta de higiene en general.

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En consecuencia, la vulnerabilidad de la población carcelaria a la infección de estas enfermedades es mayor. Estos riesgos son compartidos por las familias de los internos, en especial por sus parejas sexuales. Algunos estudios demuestran una alta proporción de relaciones sexuales sin protección entre los internos recién liberados y sus parejas, lo que significa que las parejas sexuales de los internos también están expuestas a los mismos riesgos a la salud que tienen los internos.

El discurso penitenciario predominante sostiene que el encarcelamiento impone la pérdida de la libertad –el costo principal– no como castigo, sino como una forma de lograr la resocialización del delincuente. Los costos indirectos y las personas que cargan con ellos rara vez son tomados en cuenta. De esta forma, el derecho penitenciario impone una visión del mundo: una que concibe a las personas como seres autónomos, independientes, separados, y, por lo tanto, separables de sus comunidades. Esta forma de entender a los seres humanos niega la complejidad de las relaciones humanas y la dependencia que existe entre un ser humano y otro, y niega los valores de cuidado que las mujeres, en nuestras sociedades,

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