Analisis derecho contencioso

Referente a las demandas con respecto a la demora, por omision o una deficiente prestacion de los servicios publicos Se trata de un recurso nuevo de nuestro derecho venezolano, y cuya aplicación es específica del derecho administrativo por ser un instrumento procesal frente a los órganos que integran la administración pública a través de los tribunales de Casos administrativos, que tienen la capacidad de dirimir las controversias derivadas de la inacción administrativa. El espíritu del legislador en este recurso especial no es otro que el de fortalecer el servicio de la administración pública así como el de brindar, a los administrados, herramientas para que puedan hacer efectivos sus derechos civiles, así como el control de la administración pública. Sus mejores actuaciones.

El recurso de ausencia o deficiencia es un recurso procesal muy especializado destinado a obligar a la administración pública a cumplir con lo exigido por la ley, Se mostró que este recurso en particular tiene por objeto el delito y/o el restablecimiento de la personería jurídica de la infracción por parte de los funcionarios públicos tras la inacción administrativa, como responder a las solicitudes y/o peticiones que se les dirijan. Ya que se regula en el marco del procedimiento sucinto establecido en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, lo que pone de manifiesto los grandes cambios de control que el poder judicial debe reflejar sobre la administración. Esta es una de las razones por las que se debe señalar la independencia de los poderes públicos de la nación, pues los valores de justicia e igualdad sin esta libertad están consagrados en el artículo 2 de la constitución de 1999, que califica a Venezuela como un “Estado democrático y social de Derecho y Justicia” quedará sólo en la literatura constitucional y no en la realidad de la aplicación cotidiana de las normas constitucionales en la sociedad.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 257, establece que el juicio es un instrumento fundamental para la realización de la justicia, disposición que se aclara con lo dispuesto en el artículo 49 relativo a la regularidad del procedimiento. El correcto cumplimiento de todos los pasos procesales de un litigio civil o mercantil puede llevar un tiempo que puede parecer excesivo e injusto para las partes, pero sobre todo para el actor.

A partir de este postulado, el juicio es el inicio de un acto procesal encaminado a la resolución de un conflicto y la decisión del Estado. Se presenta por escrito ante un tribunal u órgano competente según lo solicitado, de conformidad con los artículos 339 y 340 del Código Procesal Civil venezolano. El Procedimiento Civil Común en Venezuela es un conjunto de trámites ordenados que conforman un proceso que busca la justicia y, por tanto, busca garantizar los derechos constitucionales de las partes involucradas.

Los trámites reales ya no pueden combinarse con los actos administrativos en Venezuela, que se caracteriza por los trámites reales que es una actividad física realizada contra la ley, no es una manifestación del principio de autoprotección de la administración; Falta de cobertura legal adecuada en las funciones de administración.

Podemos encontrar los 2 tipos de demandas que serian la demandas por vía de hecho y las demandas por abstención

Las Demandas Por Vía de Hecho por su parte serian la verdadera forma de actuar en un contexto presentado fuera del ámbito de competencia de la propia administración. El concepto también incluye cualquier interferencia fuera de un procedimiento legalmente establecido. Ante la detección de este incidente, se inicia de inmediato un proceso para resarcir el daño causado al ciudadano, también conocido como la cancelación de la acción material que integró el curso real.

Esta reclamación de indemnización se puede solicitar en el mismo proceso que la ruta real. No es necesario enviar recursos adicionales del administrador de activos a la administración. Este concepto de medio real comprende todos los supuestos en los que la administración pública actúa sin adoptar una decisión que le sirva de fundamento jurídico, y en estos otros supuestos,

Ante esta errática actuación de la administración pública, la ley prevé la posibilidad de embargar al interesado directamente ante los tribunales mediante la interposición de múltiples solicitudes de extinción, o los correspondientes recursos contencioso-administrativos, según se desee. Dado que la actuación de la administración es contraria a derecho, los interesados ​​no sólo pueden solicitar el restablecimiento de su condición ante la actuación administrativa, sino que también pueden solicitar la acción de reparación de daños y perjuicios.

Es importante señalar que la Ley Biológica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa del 22 de junio de 2010, Diario Oficial N° 39.451, vino a llenar un importante vacío en el ordenamiento jurídico venezolano al establecer una serie de novedades en esta materia.

Las Demanda por Abstención contiene otros aspectos regulados por el proceso abreviatorio son la inasistencia de los funcionarios públicos para desempeñar determinadas funciones específicas a las que están obligados por ley. Esta elusión por parte del agente se refiere a un comportamiento descuidado, el no hacer algo por lo que está obligado es una forma de inacción administrativa. Omisión de responsabilidad legalmente exigible de los órganos o instituciones de la administración pública. En otras palabras, se refiere a la negativa de las autoridades nacionales a realizar determinados actos a los que están legalmente obligadas.

La solicitud de ausencia o privación es un recurso especial por el que la administración pública se obliga a realizar las funciones que le asigna la ley y que no ha cumplido por falta o por simple gusto. Esta petición o recurso especial es único e innovador en nuestra legislación, ya que se dirige a las personas que acuden a los órganos de la administración judicial para ordenar a la administración pública que haga lo que se ha negado a hacer. Para el origen de la solicitud de ausencia o privación como principio fundamental, es necesario que ante una obligación impuesta por la ley, que genera un incumplimiento, sea la ausencia o la inacción de la administración pública del ordenamiento jurídico. Habiendo quedado claro este origen de la solicitud, decimos que se dirige, a través de un órgano de administración de justicia, que se ha vulnerado el restablecimiento de la personería jurídica.

La ausencia o falta de consideración de la demanda y/o recurso en una ley especial que regule los conflictos entre la administración pública y los particulares, como ya hemos señalado, es la ley orgánica de la jurisdicción contencioso-administrativa; Este recurso se encuentra en el Capítulo II relativo al procedimiento de primera instancia, la Sección II, que trata de lo relativo a los procedimientos abreviados, en particular el artículo 65 de la ley.

Se ha observado que la Demanda por Abstención o Carencia es el medio por el cual las empresas pueden obligar a la administración pública a realizar las funciones prescritas por la ley, no implica que dicha acción deba ser favorable al particular, sino que éste deba seguir lo que esta prohibido por la ley.

Pasando al siguiente tema El Procedimiento De Nulidad De Los Actos De Efectos Generales

El derecho administrativo se define como una decisión general o especial que, en el ejercicio de sus funciones, adquiere autoridad administrativa y que afecta los derechos, deberes e intereses de los particulares o entidades públicas. Dentro de la división tripartita de los poderes públicos, es el que emana del ejecutivo en oposición a un acto legislativo o ley y decisión judicial, ordenanza, ordenanza o sanción. Además, la autoridad o agente deberá actuar como persona de derecho público como representante de la administración pública; Dado que, si se procede como persona jurídica privada, la relación se enmarca dentro de las relaciones civiles u ordinarias, con aquellos privilegios que, en todo caso, son atribuibles al Estado y a otras entidades, aun en su aspecto particular.

Son actos de efecto general los que tienen carácter normativo y, por tanto, afectan a todos los ciudadanos.

Son actos de efecto especial los que afectan a una sola persona u varias personas prescritas o identificables.

Funciones administrativas con implicaciones generales y específicas:

En primer lugar, según el carácter normativo o no estándar de los actos administrativos, se clasifican en actos de efectos generales y actos de efectos específicos. Por tanto, puede decirse que la ley orgánica de procedimientos administrativos incluye la primera forma de clasificación de los actos administrativos según sus efectos, en el sentido de que define los actos administrativos como actos reglamentarios con efectos generales y actos administrativos no estándar con efectos específicos. Clasifica actos. Es esta clasificación la que, de conformidad con lo dispuesto en la ley orgánica del Tribunal Supremo, permite distinguir los actos administrativos de efectos especiales de los actos administrativos de efectos generales. Las primeras son las de contenido normativo, es decir, las que forman las normas que integran el ordenamiento jurídico; Por otra parte, los actos administrativos de segundo efecto especial son aquellos en los que existe una decisión no estándar, ya sea que se aplique a un sujeto o a varios sujetos de derecho. Puede decirse que la ley orgánica de procedimientos administrativos identifica los actos administrativos de efecto general, con lo cual califica en el artículo 13 como actos de carácter general o como disposiciones administrativas” y los actos administrativos de efectos especiales que tienen el mismo efecto. Los criterios califican como funciones administrativas de carácter especial.

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