CELAC

La integración latinoamericana es un movimiento político y social que se da entre los países latinoamericanos desde México hasta Argentina y Chile, dependiendo de sus condiciones políticas, sociales, económicas, culturales, religiosas, lingüísticas, ideológicas y geográficas.

Consiste en una serie de actividades encaminadas a consolidar los intercambios entre países, formar alianzas económicas y políticas, promover una estrecha coordinación, compartir la soberanía nacional, devolver algunos poderes gubernamentales (más o menos, según el grado de transnacionalismo) para influir en organismos internacionales como la Unión Europea.

Una de las organizaciones más importantes en cuanto a esta integración es el CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) el cual es un mecanismo intergubernamental de ámbito regional que promueve la integración y desarrollo de los países latinoamericanos y caribeños. Está integrada por los 32 países soberanos que integran América Latina y el Caribe (Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela).

Se considera que efectivamente, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) representa un esfuerzo de integración política superior en América Latina y el Caribe, que surgió impulsado por el liderazgo de las dos potencias regionales, México y Brasil. Y, ante las dificultades para articular la diversidad, emerge una voluntad política renovada en torno de la integración y, en especial, de un nuevo regionalismo. Los trabajos que desarrollen Chile durante este año, Cuba en 2013 y Costa Rica en 2014 serán determinantes para el éxito de esta nueva y pujante iniciativa de integración política latinoamericana y caribeña.

Durante los últimos años se desarrollaron en América Latina y el Caribe iniciativas y acuerdos significativos que podrían contribuir a generar un mejor clima para esos procesos, abriendo oportunidades de cooperación recíproca y generando espacios de beneficios mutuos. Existe cierto consenso en que América Latina y el Caribe apunta hacia la constitución de una nueva forma de regionalismo e integración (Serbin, 2011), en el marco de la cual priman los aspectos políticos sobre los comerciales y la cuestión de la soberanía ha adquirido especial importancia. A esta tendencia, que es más evidente en los países sudamericanos, se debe sumar el hecho de que los nuevos instrumentos creados por este tipo de regionalismo, como por ejemplo la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (alba), reivindican, en el primer caso, los esfuerzos puramente suramericanos, y en ambos, la identidad regional. En los países centroamericanos y México, donde los vínculos con Estados Unidos son más estrechos y continúan dándose en condiciones de poder desiguales, los proyectos de integración regional no han adquirido ese fuerte componente político, por lo que sigue siendo el componente principal el comercial. Los esfuerzos en este ámbito desarrollados desde el Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla no son comparables a los desarrollados desde la Unasur y el alba.

La importancia de privilegiar la dimensión política y de cooperación de los procesos de integración debe ser enfatizada. La integración como objetivo histórico no puede y no debe ser equiparada con los procesos de apertura comercial. De hecho, esta apertura tiene sentido y adquiere gravitación si viene acompañada de procesos de armonización y articulación regional crecientes, basados en un efectivo diálogo político,

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