Caso Restrepo

En 1988, a las nueve de la mañana del 8 de enero, la Policía Nacional del Ecuador detuvo ilegal y arbitrariamente a los hermanos Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo Arismendi de diecisiete y catorce años, respectivamente. Lo que hoy se sabe a partir de esa detención se basa en gran parte en el testimonio del ex agente de Policía, Hugo España. Según sus declaraciones, los niños fueron entregados al Servicio de Investigación Criminal de Pichincha, donde él trabajaba, y torturados durante varios días por miembros del SIC-10, grupo represivo de la Policía Nacional. En cierto momento, uno de los menores murió a consecuencia de la barbaridad de los asesinos.

El 11 de enero mataron al segundo hermano para eliminar el testigo que quedaba, una decisión tomada en el despacho del ministro de Gobierno, Robles Plaza, según insiste desde años el padre de los niños, Pedro Restrepo.

En la clandestinidad de las cuevas de Guápulo y escondidos por la noche, los cuerpos de los niños fueron descuartizados, empaquetados en fundas de plástico y botados a la laguna de Yambo, antes del amanecer del siguiente día. La familia Restrepo Arismendy emprendió la búsqueda de los dos hermanos. Aún no sabía del crimen y confiaba en la fingida ayuda de los agentes. Poco a poco se dieron cuenta que eran engañados por la Policía que les presentó falsos resultados de investigaciones, desapareció evidencias, encubrió y ocultó culpables etc.

Los padres empezaron una lucha desigual contra el poder para reclamar verdad y justicia. Durante años agotaron todos los recursos legales y lograron que algunos policías (entre ellos el ex comandante general de la Institución, Gilberto Molina) fueron sentenciados.

Sin embargo, la familia Restrepo Arismendy insistía en que la desaparición de los dos jóvenes no era un delito de unos pocos malos elementos de la Policía, sino un crimen de Estado, fruto de una política de Estado que promovía una violenta e indiscriminada represión. Presentaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Frente a la posibilidad de ser juzgado internacionalmente, el estado ecuatoriano admitió el 24 de febrero de 1998 su culpabilidad en el crimen cometido contra los hermanos Restrepo. Aceptó por segunda vez en pocos días después del caso Benavides la responsabilidad en un Crimen de Estado.

La CIDH mediaba un acuerdo entre el Estado y la familia, en el cual el Gobierno se comprometió entre otras cosa a elaborar un informe detallado de lo sucedido con los desaparecidos, enjuiciar penalmente a todos los involucrados que aún no habían recibido sanción, realizar una “completa, total y definitiva búsqueda en la laguna de Yambo” para encontrar los restos de los dos jóvenes y pagar

...