Caso pedernales

Las investigaciones surgieron alrededor de la construcción del Hospital Básico de pedernales, con capacidad para 30 camas. El proceso de contrato se termino y ahora enfrenta si segundo proceso por corrupción. Tras dos contratos el hospital aún no existe, dando el punto de partida a inicios del 2019 invirtiendo15.78 millones el 6 de agosto de 2019. Este contrato no se llego nunca a concretarse y se cerro el contrato por la presentación de garantías falsificadas y con eso se le declaro contratista incumplida.

A finales del 2019 se comenzó la nueva licitación. Se lo adjudico a una organización sin fines de lucro (según RUC), se firmo el 13 de febrero de 2020. El 6 de marzo del mismo año la SECOB anuncio el pago del anticipo de 8.2 millones al consorcio Pedernales Manabí.

El 5 de junio del 2020 se realizo un allanamiento en Portoviejo, Bahía de Caraquéz y Quito. Por el presunto delito de delincuencia organizada. Tras esto se detuvo a Daniel Mendoza, Edmundo Tamayo (director de la SECOB). Posteriormente el 13 de julio, la fiscalía pidió incluir al Asambleísta Eliseo Azuero en la instrucción fiscal por el presunto delito de delincuencia organizada. Posteriormente en la ratificación de prisión preventiva se encontraban Daniel Mendoza, Eliseo Azuero, vez Jorge Jalil ex asesor de Daniel Mendoza y 10 personas más.

Tomando como base las investigaciones de la fiscalía y de acuerdo a la resolución de la asamblea sobre un presunto caso de tráfico de influencias teniendo como principal la supuesta entrega de cargos públicos a cambio de favores políticos, Solicitando a varias instituciones como la presidencia, Asamblea y ministerio la presentación de la documentación relacionada. Esto se da después de la filtración de unos chats donde Maria Paula Romo y Mendoza donde se revelo el mecanismo de la entrega de cargos públicos por debajo de la mesa.

En la Corte Nacional de Justicia. la Fiscal General del Estado, Diana Salazar pidió 50 meses de prisión (4 años y 2 meses) para Mendoza. Para los otros acusados Jennifer Cobeña, Ángel Andrade y José Santos pidió 40 meses de cárcel (3 años y 4 meses). Para Edmundo Tamayo, ex director del Servicio de Contratación de Obras (Secob), Jean Carlos Benavides, asesor legislativo, Franklin Calderón y José Veliz, la Fiscal pidió 34 meses de cárcel (2 años y 10 meses). El juez nacional Marco Rodríguez aceptó el procedimiento abreviado. De esta forma, Mendoza quedó condenado a 4 años y 2 meses de cárcel. Entre todos los sentenciados deberán pagar 8 millones de dólares al estado como reparación integral por el daño material causado por su delito.

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) dice que el procedimiento abreviado se puede aplicar para las infracciones con pena máxima privativa de libertad de hasta diez años. La Fiscalía puede solicitarlo hasta la audiencia de juicio, y la persona procesada debe estar de acuerdo con someterse a este procedimiento, en el que el acusado admite haber cometido el delito, y a cambio de esa admisión, su pena es rebajada.

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