Contextualixacion Del Latifundio

CONTEXTUALIZACIÓN DEL LATIFUNDIO EN VENEZUELA

La hacienda colonial representaba la unidad productiva fundamental, del nuevo sistema agrario imperante en América durante la ocupación española y reprodujo el sistema agrario de España al momento de la invasión a suelo americano, en el que se explotaban hombres y recursos naturales con fines mercantilistas. Fue a partir del siglo XVI, cuando las tierras que durante milenios habían sido poseídas por nuestros pueblos originarios, fueron usurpadas por los colonizadores españoles. El imperio español promulgó cédulas como las del 6 de abril de 1588 y 11 de junio de 1594, donde se reconocía tanto el derecho de los grupos indígenas al uso y posesión de la tierra, como la necesidad de resguardar los terrenos comunales de la arbitrariedad de los españoles. Pero la naciente oligarquía agraria siempre encontró recursos legales para desposeer a los indígenas y legalizar la posesión de las tierras apropiadas de manera fraudulentas.

En el siglo XVIII, la usurpación y la consiguiente composición, constituyeron un sistema muy eficaz para acrecentar las extensiones de tierra agrícola, apropiadas por la oligarquía desde mediados del siglo XVI, las cuales fueron transformadas en forma de explotación y tenencia de la tierra que sólo podrían ser denominadas como latifundio en razón de la extensión poseída, las relaciones de producción de tipo servil o esclavista, la precariedad de la tecnología agraria utilizada, la baja productividad y las limitadas áreas sometidas a cultivo. El comercio y el intercambio económico vinculaban a esta clase de latifundistas con la economía de las metrópolis europeas, de manera que todo era manejado desde las Casas de Contratación de Sevilla y Cádiz y de las Bolsas de Comercio de Burdeos, Amsterdam y Liverpool (cualquier parecido con el presente es pura coincidencia). Los dueños de plantaciones y haciendas, sea de azúcar, café o cacao, vendían a precios altos en Europa, pero puesto que sólo podían tener una cosecha al año completaban el faltante de su renta con el contrabando de bienes de consumo tales como vinos, licores, telas...y esclavos.

La conquista de nuestra independencia de España no solucionó el problema del latifundio en Venezuela, por el contrario, lo agravó. La mayor parte de los latifundios que habían pertenecido a la oligarquía colonial criolla, pasaron a manos de la nueva oligarquía constituida por los caudillos militares republicanos. Los negros, indígenas y campesinos continuaron sujetos a la más despiadada servidumbre, desposeídos de su derecho a poseer tierra, siempre dispuestos a lanzarse a la rebelión para lograr una vida mejor, engañados por el discurso demagógico de los caudillos de la época. (De ahí la obligatoriedad de reinscribir la historia, actualmente y anteriormente, en las manos sucias de la oligarquía vencedora).

El saqueo de las tierras nacionales por los nuevos latifundistas que había creado la República, aumento notablemente la pobreza de la población y estimuló a Zamora, el General de hombres libres, a convertir la Guerra Federal que se iniciaba entonces, en una lucha por la democratización del derecho a la posesión de la tierra y por la libertad y la democracia social. En 1854, la mayoría de los esclavos emancipados por el decreto del 23 de marzo, se convirtieron en peones o siervos de sus antiguos amos o en peones urbanos, hasta 1937, fecha en la cual comienza a predominar la cultura venezolana del petróleo.

El latifundismo llegó a su máxima expresión bajo la dictadura de Juan Vicente Gómez, puesto que el mismo pasó a ser el más grande terrateniente de nuestra historia; y junto con sus compadres y familiares se repartió casi toda la tierra laborable del país. La extensión de sus propiedades se medía en centenares de miles de hectáreas; "La Rubiera" tenía más de 200.000 hectáreas y "La Candelaria" pasaba las 100.000. Entre el Cunaviche y el Capanaparo tenía 400.000 hectáreas. Y la gran mayoría de esas tierras, se mantenían ociosas, como rasgo típico de aquella estructura latifundista. En 1936, el 20 de agosto, el Congreso aprobó la confiscación de las tierras del General Gómez; el inventario reveló que era dueño de 449 haciendas, 74 fundos, 10 hatos y decenas de potreros sin precisar su extensión.

La reforma agraria en Venezuela se inicia en la década de los sesenta y tenía como objetivos fundamentales transformar la estructura agraria de la nación, sustituyendo el sistema latifundista de apropiación de la tierra por uno más justo que beneficiara a los pequeños productores del campo. Los resultados obtenidos de esta experiencia fueron poco significativos, razón por la que hoy en día aún no se ha resuelto el problema de los latifundios y los terrenos ociosos. Empero, estamos actualmente librando la más grande de las batallas contra el latifundio, siendo ésta una de las formas de propiedad más aberrantes que haya conocido la historia de la humanidad, cuya existencia ha permitido a una minoría privilegiada, amasar fabulosas fortunas condenando a muerte y a la desgracia a miles de seres humanos en todo el país. El latifundio está condenado por la historia a desapareces, porque representa un factor de injusticia social y una traba para el desarrollo de la moderna sociedad venezolana y del socialismo del siglo XXI, una de cuyas metas será redistribuir la tierra agraria entre quienes de verdad la trabajan. El latifundio en Venezuela ya no tiene ni presente ni futuro y la Ley que rige después de la reforma en junio de 2010, ayudará a la extinción de los últimos reductos coloniales en nuestros límites territoriales.

EL SISTEMA DE PROPIEDAD Y PRODUCCION RURAL ACTUAL EN VENEZUELA.

El proceso de reforma agraria fue producto de un consenso nacional donde se consagró un modelo de propiedad con una función social y la expropiación se contempló como castigo para los absentistas y rentistas. La reforma se concibió como un medio de transformación social democrática para evitar la violencia en las áreas rurales, dando lugar a un nuevo movimiento campesino fuerte y extendido nacionalmente. La aplicación de este modelo canalizó las aspiraciones de campesinado y existen pocas dudas que fue el principal frente antigerrillero y la causa de la formación de una clase media campesina. Los indicadores agrarios, ambientales y económicos señalan a la reforma como parte del crecimiento agrario de los sesentas y setentas. Asimismo, se le atribuye a la distribución de tierras en los planes de reforma agraria el aumento de la pequeña propiedad en números absolutos y relativos. Aunque no existe un catastro confiable, se estima que la reforma ha afectado a 12 millones de hectáreas, entre 1960 y el 2000, período en el cual se han dotado o entregado alrededor de 8 millones de hectáreas. No obstante, a partir de los ochentas, se observa que el diseño de los planes de reforma agraria se desviaron de la concepción integral de la reforma y de la planificación nacional. Esto ha creado una demanda potencial de unos 400.000 productores que actualmente explotan menos de 100 has. Y que ocupan alrededor de 17% de la superficie total aprovechable. Parte de esta demanda se podría satisfacer con la disponibilidad de unos 3,3 millones de has que posee el Instituto Agrario Nacional. Asimismo, se calcula en 120.000 los ocupantes de tierras del referido Instituto o que explotan bajo arrendamiento tierras municipales, todos los cuales deben regularizar la tenencia de sus explotaciones.

La Reforma Agraria hoy.

Cuando han transcurrido 25 años de esa primera evaluación, es decir, a 35 años de iniciada la Reforma Agraria, la situación parece no haber cambiado substancialmente. El Informe Anual de Provea sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, correspondiente al período octubre 1994 - septiembre 1995 hacía la siguiente reseña:

La ausencia de títulos de propiedad sigue siendo el principal problema que afecta a los medianos y pequeños productores, sin que se observen medidas claras tendientes a resolver esta situación.

De acuerdo a los resultados obtenidos por la Comisión Presidencial de Evaluación y Seguimiento de la Reforma Agraria, que evaluó los 35 años de implementación de la misma, solo una minoría de los campesinos sujetos a ella han obtenido sus títulos de propiedad definitivos.

En este sentido, el mencionado informe afirma que "... si apenas el 27% reportó disponer de este documento, no cabe duda de que aún existe una gran precariedad jurídica en el campo" (MAC: Evaluación de la Reforma Agraria. Caracas, 1995).

La actuación del Instituto Agrario Nacional (IAN), organismo rector de la reforma agraria y por ende poseedor de una ineludible responsabilidad en la regularización de la situación de la tenencia de la tierra de miles de campesinos, merece particular atención.

Establece el informe de la Comisión Presidencial: "La ocupación de tierras adscritas al IAN ha sido la vía para acceder a su posesión por muchos de los actuales productores, en tanto que, el reconocimiento de esta situación y su regularización ha sido lenta y ha carecido de continuidad".

En el caso de la reforma agraria, es obvio que ésta fue acometida sin tener la base que ofrece el catastro, aunque ello no constituía legalmente un impedimento para su implementación. Sin embargo, era de esperarse que el proceso de levantamiento de registros y control de tierras fuera paralelo al desarrollo de la reforma agraria. A 35 años de su implantación todavía existe ese gran vacío.

En 35 años la situación no ha cambiado demasiado, al punto que el Informe de Provea coincide con el del Cendes al señalar que una de las causas

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