Crisis Y Estancamiento De México

CRISIS Y ESTANCAMIENTO ECONOMICO EN MEXICO

Introducción

México es un país altamente centralizado en un gobierno poderoso bajo el principio de no reelección y hasta recientemente una competencia política abierta y fuerte. Desde la independencia de México y durante los últimos dos siglos, el sistema político dominante ha sido presidencialista autoritario. A partir de los gobiernos surgidos de la Revolución Mexicana (1910-17), se establece una dictadura de partido dominante que monopoliza la representación política y un presidencialismo deformante, que Krauze llamó Presidencia Imperial, la cual debilita las facultades del poder legislativo y somete al poder judicial. Las formas del poder patriarcal representaron otro elemento del gobierno mexicano antes y después de la Revolución Mexicana.

Después de 22 años de estabilidad monetaria y crecimiento sostenido en el final del período de Echeverría (1970-76), el peso se devaluó, se presentó una crisis económica y las constantes tensiones con los empresarios se agudizaron, quienes fundaron el Consejo Coordinador Empresarial para la defensa de sus intereses frente a un Estado interventor. En 1982, el Presidente López Portillo nacionalizó la Banca en medio de una crisis económica generalizada provocada por la caída de los precios del petróleo, la devaluación del peso, el incremento de las tasas de interés y el país se declaró prácticamente en suspensión de pagos. Esta decisión fracturó el pacto entre el Estado y los empresarios.

En México, grandes crisis económicas ocurrieron en 1976, 1982, 1987 y 1994-95, mismas que se volvieron repetitivas y se intensificaron, con intervalos de periodos que experimentaban rápida recuperación económica. La privatización de la Banca en México es la continuación de un proceso emprendido por el gobierno a partir de 1982. Los mexicanos sufrimos períodos dramáticos de alta inflación, déficits en la balanza de pagos, devaluación, fuga de capitales, desempleo creciente y poder de compra declinante.

Ante las presiones de los acreedores de México para garantizar el pago de su deuda externa, desde principios de la década de los ochenta se instrumentó el denominado "Consenso de Washington" que impone la regla neoliberal infalible de libre mercado y sistema democrático con elecciones libres. Así la "agenda neoliberal" que propuso los programas de ajuste estructural y estabilidad económica se impusieron como condiciones para negociar las "crisis de la deuda" mexicana de 1982, 1987 y 1994-95 por los organismos financieros internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo.

La indisciplina en el manejo de la política cambiaria al mantener un cambio anclado en los 22 pesos por dólar por casi 4 años (1977 1980) que dejó vacías las arcas del Banco de México, obliga, al gobierno a devaluar el peso a 26.23 pesos por dólar en 1981 y a 148.50 pesos (96.48 pesos el controlado) en diciembre de 1982.

Las políticas cambiarias de ajuste entre los precios nacionales y los internacionales, no aplicadas oportunamente por los gobiernos, ante el temor al impacto que pueden tener en la inflación interna, seguidas por los diferentes gobiernos ha sido una de las principales causas de las crisis en México.

Así, después de la crisis de 1982, México entró en un período doloroso y controvertido de reestructuración del Estado, que implicaron la reorganización económica, apertura del mercado nacional, eliminación de barreras comerciales, eliminación de controles de precios y subsidios, privatización de las empresas públicas y propiedad del Estado, reducciones al gasto de las políticas sociales, libre cambio de la moneda, así como amplias reformas políticas y una modernización administrativa. Se abandonó el modelo de sustitución de importaciones y se pone en entredicho al Estado interventor en la economía.

Bajo el influjo del PRI, el Estado mexicano inició la modernización económica y su inserción en los procesos de globalización. Como respuesta a las tendencias de la globalización económica de los mercados y la revolución tecnológica que avanzaron en las dos últimas décadas del siglo pasado y con el pretexto de sanear la economía, el Estado mexicano ha privatizado empresas estratégicas del sector público, muchas de las cuales han sido adquiridas por inversiones extranjeras que han penetrado ya en todos los sectores de la economía. La alta concentración del capital en pocas corporaciones mediante los procesos de privatización de empresas públicas ha desencadenado el fenómeno de la privatización política.

En 1987 la inflación alcanzó el 159 por ciento y un crack en la bolsa devoró a ahorradores. El Presidente Miguel de la Madrid es el primero que soporta interpelaciones en su sexto y último informe de gobierno. El 6 de julio de 1988 Salinas alcanza el poder en medio de una crisis generalizada de legitimidad y el descrédito total por la caída del sistema que controlaba los resultados de la contienda electoral presentándose irregularidades y fraude electoral.

Con Salinas se profundizan las reformas neoliberales: se liquidan las empresas paraestatales, se acelera la apertura de la economía, se firman tratados de libre comercio con Chile, Estados Unidos y Canadá, Venezuela y Colombia, Costa Rica, Nicaragua, y Bolivia. Las reformas al Artículo 27 constitucional permitieron las inversiones en el campo mexicano. El activismo del Estado mexicano durante el salinismo permitió la transferencia de empresas públicas a determinados grupos financieros que sostenían vinculaciones de complicidades políticas.

México es el segundo privatizador de América Latina en la década de los noventa cuando el gobierno transfirió a particulares activos por 31 mil 458 millones de dólares, que representan 20.4 por ciento de la venta total de empresas propiedad del Estado (EPEs) en Latinoamérica. Las privatizaciones alcanzaron un monto de tres mil 160 millones de dólares en 1990, para aumentar a 11 mil 289 millones en 1991 y sumar seis mil 924 millones de dólares en 1992.

Para junio de 1992, el gobierno había privatizado 361 de alrededor de 1200 empresas propiedad del Estado. Las privatizaciones hechas en 1993 representaron dos mil 131 millones de dólares, en 1994 fueron de 766 millones y en 1995 sólo de 167 millones de dólares. En 1996 aumentó a mil 526 millones de dólares, en 1997 creció a cuatro mil 496 millones y en 1998 la venta fue por 999 millones de dólares. El informe del Banco Mundial señala que entre 1990 y 1998 las privatizaciones de empresas públicas alcanzaron un monto de 154 mil 225 millones

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