El Control Social

Situación del control penal en el Perú

Cuando se habla de control penal, usualmente se refiere también al control social de un país y su realidad social en la que vive. En nuestro país, la realidad social tiene un panorama desalentador respecto a las políticas de gobierno que nuestras autoridades estatales pretenden aprobar y ejecutar. Las medidas que toman el Presidente de Consejo de Ministros o el Ministro del Interior, realmente preocupantes en su mayoría ya que lo único que buscan en las reformas institucionales en la Policía, o en las iniciativas legislativas contra la inseguridad ciudadana es el “populismo”, que no es más que hacer creer a la sociedad que se está avanzando en el tema de inseguridad con medidas que en la práctica son insuficientes y que evidencian la improvisación de las autoridades a la hora de promulgar una norma. Es por eso que se cree necesario promover la instauración de una política criminal y no una política penal represiva y meramente sancionadora.

Control social y política criminal

Se entiende como control social formal a los mecanismos que las instituciones del Estado utilizan para controlar a los ciudadanos en una sociedad y hacer que estos cumplan las normas. Actualmente, en la realidad de nuestro país, se muestra ineficiente e ineficaz, ya que tiende a mantener el “status quo” en el que la no distribución equitativa de la riqueza y la falta de empleo, aumenta los índices de delincuencia en el país; en donde la aplicación de la ley va dirigida de forma selectiva a determinados grupos de la sociedad, aumenta la cantidad de personas procesadas en las cárceles y son tratadas como culpables sin una sentencia condenatoria en su contra; donde la corrupción de aquellos que tienen el poder político es cada vez mayor generando inseguridad social.

Es por eso que debemos precisar que la verdadera finalidad del control social formal, a través del derecho, debe ser la promoción del cambio social para la consecución del fin supremo del Estado que es el bien común, el mismo que se distingue en dos fines específicos: el bienestar general y la seguridad integral; fines que solo lograran su cometido en la medida que exista una transición de la política penal que tiende a sancionar, crear delitos, agravar penas, reducir beneficios penitenciarios, incrementar la cantidad de órganos jurisdiccionales y a fomentar la construcción de más penales; hacía una política criminal que va más allá del aspecto represivo y sancionador, proponiendo alternativas de solución para prevenir y rehabilitar al que delinque mediante un procedimiento que estudia los motivos, causas, motivaciones, condiciones o factores que inducen a las personas a delinquir en una sociedad. Y de esta manera, evitar antes de que se cometa el delito, que los ciudadanos desarrollen las condiciones por las cuales caen el crimen.

Consideraciones

El control penal o social debe tener como objetivo la obtención del fin supremo del Estado que es el bien común (y dentro de este, la seguridad integral y el bienestar general) evitando mantener el status quo en el que vivimos con desigualdad, extrema pobreza, corrupción de las autoridades, injusticia e inseguridad social; sino más bien, promoviendo un cambio social.

La política criminal en el Perú está inclinada a sancionar, penar y reprimir a diferencia de la política criminológica que va más allá de lo mencionado: proponiendo alternativas de solución para prevenir y rehabilitar al que delinque (mediante un procedimiento empírico)

La realidad de nuestro país en materia de seguridad ciudadana, expuesta a través de los medios de comunicación es desalentadora, por los imparables índices de delincuencia, lo cual se agrava aún más con las propuestas de solución que plantean las autoridades meramente “populistas” pero no eficientes.

Sugerencias

Creemos firmemente que la única solución efectiva para un cambio real en materia de ejercicio de control social formal, es el cambio de una política penal represiva y sancionadora a una política criminológica, que busca solucionar el problema desde la raíz (causas que inducen a delinquir) a través de medidas preventivas antes que represivas.

Conforme a la propuesta del Consejo de Ministros de presentar un proyecto ley para realizar el seguimiento a aquellos sentenciados por abuso sexual o terrorismo luego de haber cumplido su condena, consideramos poco razonable; pues, esto restringiría el ejercicio de un derecho fundamental que es la libertad de tránsito o circulación, siendo mejor que estas sean sometidas a exámenes psicológicos y psiquiátricos que establezcan las causas que las motivaron o instigaron a cometer el delito.

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