Estrategia en la prevención del aborto inseguro

Muchos son los avances logrados en materia de salud sexual y reproductiva en la primera reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, celebrada en Montevideo, Uruguay, del 12 al 15 de agosto pasado, a la cual asistieron 38 representantes de Estados de la región, así como un gran número de representantes de la sociedad civil.

De la misma forma, son muy significativos los avances logrados en la Ciudad de México, donde el cambio de la ley se tradujo en un efectivo acceso de las mujeres a servicios de abortos legales y seguros.

Desde abril de 2007, más de 106 mil mujeres han tenido acceso a una interrupción del embarazo en las primeras 12 semanas, en los servicios públicos de la Secretaría de Salud del DF, bajo un marco de protección legal y de seguridad médica.

Asimismo, en Uruguay, se ha logrado recientemente un importante avance legislativo en materia de interrupción legal del embarazo y un acceso de las mujeres de ese país sudamericano a la atención legal y segura del aborto.

También, en este proceso, se han sumado países como Colombia y Argentina, que han logrado progresos en el marco legal y en la mejoría del acceso a la interrupción terapéutica del embarazo.

Ante estos éxitos, no es fortuito que emerjan discursos por parte de grupos conservadores que bajo argumentos seudocientíficos y observaciones no basadas en evidencia ni en datos duros oficiales, buscan desvirtuar la importancia para la salud pública y los Derechos Humanos de las mujeres de los logros mencionados.

Los argumentos enunciados por estos grupos afirman que: 1. El aborto no constituye una causa relevante de muerte materna 2. Por lo tanto, la legalización del aborto no es necesaria para reducir la muerte materna.

A estos argumentos se oponen los datos duros y las evidencias internacionales, regionales y nacionales. Las muertes por abortos inseguros en el mundo representan 13 por ciento del total de las muertes maternas.

En México, entre 2002 y 2010, se registraron en promedio 85 defunciones por aborto cada año en mujeres de todas las edades, acumulándose 950 defunciones en estos años, lo que ha representado poco más del 7 por ciento de todas las defunciones, ubicando al aborto como la quinta causa de muerte materna.

En adolescentes, este indicador fue de 12 defunciones por año en promedio (135 en total); es decir, el 14.2 por ciento de todas las muertes por aborto ocurrieron en mujeres menores de 19 años.

No siempre un aborto inseguro cobra la vida de las mujeres, pero con mucha frecuencia impacta en su salud. Las consecuencias sobre la salud de un aborto inducido dependen esencialmente del marco legal en el que se realiza, pero también de los servicios que atienden a sus complicaciones, de la capacitación y actitud del profesional y del método empleado.

También es muy relevante la edad gestacional, ya que un aborto en las primeras semanas del embarazo es siempre más seguro que intervenciones más tardías.

La importancia que representa el aborto en la salud pública puede medirse a través de la carga que representa en las atenciones hospitalarias.

Durante el periodo comprendido de 2000 a 2010 se ha observado una tendencia ascendente en el número de mujeres hospitalizadas por esta causa en el país, situación que se vincula directamente con las brechas que aún prevalecen en materia de cobertura anticonceptiva, demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos y edad al tener el primer hijo.

A inicios del periodo, en los hospitales públicos del Sistema de Salud en el país se registraron 164 mil 457 egresos por aborto, y 205 mil 646 durante 2010.

Este comportamiento se desarrolló a expensas de un aumento en las atenciones registradas por la Secretaría de Salud (72 mil 414 contra 126 mil 287). En el IMSS-Ordinario se observó un decremento (72 mil 556 contra 63 mil 10), mientras que en los otros sectores

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