Furia De Titanes

FURIA DE TITANES

Cuando expongo el título “Furia de Titanes” me refiero a la constante tensión de área jurídica entre las jurisdicciones de alto poder, concretamente, como la jurisdicción constitucional, jurisdicción ordinaria, contenciosa-administrativa y disciplinaria, alcanzando entre otras esferas de poder como la Contraloría, Fiscalía y Procuraduría; ha sido tal el impacto de este suceso en la actividad jurídica, que hoy en día encontramos cantidad de documentos doctrinales, todos ellos estudiando la magnitud de esta contusión constitucional; uno de los estudios más profundos y ostentosos sobre el tema lo encontramos en el libro Interpretación y Dogmática Constitucional del doctrinante Hernán Alejandro Olano García, pues en este trabajo se expone y argumenta la inseguridad jurídica que se ha originado como consecuencia del conflicto de jurisdicciones, dado que uno de los tantos fines de los pronunciamientos emitidos por estos órganos es el de unificar jurisprudencia.

Públicamente a este acontecimiento se le ha venido conociendo con el nombre de “Choque de Trenes”, sin embargo, ha habido otros doctrinantes que se han dispuesto a designar este suceso como la “guerra de poder y vanidades” y siendo más intensos lo han llegado a denominar como “consolidación de la tiranía judicial”; incluso aplicando el derecho comparado, vemos la variedad de nombres que recibe este hecho, por ejemplo, en México recibe el nombre de “guerra entre las cortes” o “guerra de los altos tribunales”, y en territorio hispano se le conoce como “conflicto de competencias constitucionales”. No obstante, ha sido la misma CIDH la que lo ha denominado como “Choque de Trenes”, definiéndolo así: “El efecto del presente caso es el de generar y perpetuar una situación de indefinición de los derechos…El conflicto entre estas instancias judiciales superiores deja a los usuarios del sistema judicial en una incertidumbre”. Este es un hecho deplorable para la seguridad jurídica, pues lastimosamente, bien lo expresa Juan Gabriel Rojas: “tienen que ser los jueces los llamados a asumir roles que en principio no les estaban asignados, para tratar de remediar los efectos de las inexistentes o deficitarias políticas públicas gubernamentales.”

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