Genocidio Político: El Caso De La Unión Patriótica En Colombia

Se trata de un caso paradigmático de aniquilación de los miembros y líderes de un grupo en razón de sus convicciones ideológicas, así como de la persecución de sus simpatizantes y la destrucción de su entorno social, aunque claro esta, que este no es el único caso de criminalidad masiva contra movimientos de oposición en Colombia.

La Unión Patriótica surgió como una convergencia de fuerzas políticas a raíz del proceso de negociación adelantado a mediados de la década de 1980 entre el gobierno del presidente Belisario Betancur y el estado mayor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. En 1984, y como fruto de esos diálogos, las partes pactaron varios compromisos sellados con la fi rma de los llamados “Acuerdos de La Uribe”. En ellos se estipuló el surgimiento de un movimiento de oposición como mecanismo para permitir que la guerrilla se incorporara paulatina-mente a la vida legal del país.

Desde sus mismos inicios la Unión Patriótica fue so-metida a toda clase de hostigamientos y atentados. En 1984, se presentaron los primeros asesinatos y “desapariciones” forzadas, donde luego se percibia la actuación de agentes del estado o de grupos paramilitares.

Tres rasgos centrales confi guran la especifi cidad de esta persecución sistemática. En primer lugar, la intencionalidad de los autores de la cadena de acciones criminales ha sido aca-bar con el grupo político, o al menos, expulsar de la vida pública a sus sobrevivientes y a las bases sociales que han resistido la ola de violencia.

En segunda instancia, es notorio que se trata de un proceso de exterminio de una fuerza política legal en condiciones de un Estado considerado democrático y en el que se supone la existencia de una institucionalidad ajustada a las normas del derecho, poniendo en duda esta institucionalidad por culpa de los genocidios, con formas de persecución tanto legales como ilegales.

En tercer lugar, esta persecución ha durado dos décadas, teniendo consecuencias determinantes para el grupo político y para el bienestar social en Colombia.

Durante estos veinte años, se ha negado la relación de los asesinatos y atentados realizados a los miembros de la UP, debido a la justificación, de la explicación oficial de los hechos, y su tratamiento mediático, dándole la culpa de estos hechos no a la política, sino al narcotráfico o a la guerrilla.

Las familias de las victimas, los sobrvivientes y algunas organizaciones de los derechos humanos han utilizado diversos métodos para demostrar que estas muertes y atentados no son coincidencias, y ni mucho menos que estos atentados tienen que ver con la política; dando como resultado acciones jurídicas y legales, y en el peor de los casos incidiendo en la opinión publica. Gracias a esto el código penal colombiano incluyo el genocidio por móviles políticos.Estas personas, llevaron ante la comisicion interamericana de derechos humanos el caso de la UP, pero lo retiraron en 2006, afirmando que durante el gobierno Uribe velez se siguió con los atentados y amenazas contra el grupo político, justificando también que el gobierno atento con la persecución de sus miembros.

El problema hoy no radica entonces en que se oculte que ha ocurrido un exterminio; el debate consiste más bien

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