UNION PATRIOTICA

PARTIDO POLÍTICO LA UNIÓN PATRIÓTICA

1. GENERALIDADES

• Las guerrillas argumentaron, que al apoyar la creación de este partido buscaban hacer política sin armas y bajo los acuerdos de cese al fuego firmados por el comisionado del gobierno John Agudelo Ríos

• El naciente movimiento enarboló una plataforma de 20 puntos que reivindicaban reformas políticas democráticas, sociales y económicas como una reforma agraria, nacionalización de los recursos naturales y un modelo económico nacional separado del capitalismo global.

• En 1986 su candidato Jaime Pardo Leal llegó a obtener el 4,6% de la votación, alcanzando el tercer lugar en las elecciones presidenciales

• La UP logró su mayor votación en las regiones del Nordeste, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Urabá, Chocó, Arauca y Área Metropolitana de Medellín. Durante las elecciones del 25 de mayo de 1986 la UP obtuvo 5 senadores, 9 representantes, 14 diputados, 351 concejales y 23 alcaldes

• El número de víctimas de la violencia política puede ser más escalofriante, pues datos independientes estiman que entre 1988 hasta 1991, murieron unos 14,000 colombianos.5 Hacia 1994, datos calculados por organizaciones de derechos humanos sitúan la cantidad de muertes por violencia política en 20,000.6

• El narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha inició una guerra particular en contra de la guerrilla de las FARC bajo la bandera de defenderse del secuestro y robo de ganado, con la cual impulsó el asesinato sistemático de los miembros de la Unión Patriótica, ya que los acusaba de ser el brazo político de dicho grupo armado

• En ese exterminio que impulsara Rodríguez Gacha inicialmente, luego de su muerte lo escalaron los grupos paramilitares de la extrema derecha -que en la próxima década se aglutinarían en lasAutodefensas Unidas de Colombia AUC- bajo el mando de Carlos Castaño Gil, en muchas ocasiones en coordinación, alianza y colaboración con efectivos militares y de policía.

• Se desconoce la cifra total de militantes o simpatizantes de la Unión Patriótica que fueron asesinados, pero cálculos parciales estiman que pudieron ser unos 3,500 y un buen número de desaparecidos

• Algunas investigaciones señalan que una misión de militares estadounidenses recomienda la creación de grupos armados ilegales para luchar contra la guerrilla,8 para lo cual encuentran apoyo en ganaderos, terratenientes y empresas trasnacionales. En algunos casos se denominaron "masetos" (Muerte a Secuestradores - MAS), "autodefensas" y en otros "cooperativas de seguridad" (Convivir). Estos contratan al militar y mercenario israelí Yair Klein para entrenar los primeros grupos.

• Tiempo después, perdería su reconocimiento jurídico por la baja votación en unas elecciones generales

• Con la escalada de violencia paramilitar en contra de la militancia de la UP, las FARC dejaron a su suerte al nuevo partido y sus voceros públicos se reintegraron a la lucha armada.

• Por varios años las Farc hicieron un doble juego de hablar públicamente de paz con el gobierno, cuando en realidad nunca renunciarion a sus planes de tomar el poder por las armas

• Su estrategia consistía en llamar a negociaciones de paz, mientras buscaban extender su poder armado en lo que llamaban "acumulación de fuerzas". El detonante definitivo de la ruptura de las conversaciones entre la guerrilla y el gobierno, fue el asalto ordenado por el presidente César Gaviria al liderato guerrillero asentado en Casa Verde en el departamento del Meta, el 9 de diciembre de 1990.

2. HISTORIA

Fase del debilitamiento de todos los niveles organizativos del movimiento, 1984 – 1992

Los primeros años del genocidio se caracterizaron por una persecución intensiva que buscaba impedir la consolidación de la naciente colectividad, asfixiar sus bases sociales y atacar sus estructuras organizativas locales y nacionales.

El año de cierre de este período es 1992, pues en ese entonces, a petición de la Corte Constitucional colombiana, el Defensor del Pueblo elaboró el primer informe oficial sobre un conjunto de graves violaciones a los derechos de los miembros de la Unión Patriótica. En dicho informe se registraron 717 casos de ejecuciones extrajudiciales y “desapariciones” forzadas. El Defensor del Pueblo concluyó que: “existe una relación directa entre el surgimiento, la actividad y el apoyo electoral de la Unión Patriótica y el homicidio de sus militantes en regiones donde la presencia de ese partido fue interpretada como un riesgo para el mantenimiento de los privilegios de ciertos grupos”.

Podemos entender mejor si se analiza el contexto político de la segunda mitad de la década de 1980. En aquel momento se inició un proceso de descentralización política que permitió, por primera vez en la historia republicana del país, la elección popular de alcaldes. Sectores ganaderos y empresariales, y grupos de los partidos liberal y conservador manifestaron su rechazo a la posibilidad de que las alcaldías escaparan a su control.

Entre 1986 y 1988, años electorales, se registraron hechos de criminalidad generalizada en las zonas de influencia de la UP. Esa violencia se hizo sentir especialmente en aquellos municipios y ciudades donde el grupo político obtuvo poder local y comenzó a desarrollar programas de gobierno que incluían la construcción de obras públicas, hospitales y escuelas. Un caso ejemplar de esta situación fue el del municipio de El Castillo, Meta. Allí, uno tras otro, fueron destituidos o asesinados cuatro alcaldes de la UP junto con otros funcionarios de la administración local de la misma filiación.

En este periodo fueron puestos en ejecución en varias partes del país una serie de modelos represivos. Sobrevino una ola de atentados, tanto durante las campañas electorales, como luego de la posesión de los elegidos. Más tarde se denunciaría la existencia de planes de exterminio elaborados desde el seno de las propias fuerzas militares para acabar con las bases de la organización política en varias regiones del país y con sus líderes más destacados. El “Plan Esmeralda” (1988), por ejemplo, tuvo por objeto barrer con la influencia de la UP y el Partido Comunista en los departamentos del Meta y Caquetá. Adicionalmente, los dirigentes de izquierda denunciaron que mandos militares habían trazado otros dos planes --la “Operación Cóndor” (1985) y el “Plan Baile Rojo” (1986)-- concebidos para socavar las estructuras de dirección nacional del movimiento y asesinar o secuestrar a sus dirigentes elegidos a las corporaciones públicas (Quiroga 2003, 137).

En algunas de las regiones de amplia adhesión al grupo, la estrategia de aniquilación tomó la forma de un proceso ascendente. Primero se intentó eliminar a las bases sociales y a las estructuras locales, para luego arrinconar y liquidar a los líderes regionales. Para lograr estos fines se aplicó la estrategia de la conformación y crecimiento de grupos paramilitares que actuaban bajo el amparo oficial. Estos grupos se especializaron en el empleo de métodos de tortura y de tratamientos crueles practicados públicamente en el contexto de masacre planificadas como forma de aterrorizar a la población, y prevenirla acerca de las implicaciones que tenía su simpatía hacia los militantes de izquierda. Las masacres como espectáculos de terror tuvieron como resultado el aislamiento social de los sobrevivientes, o el desplazamiento de quienes se negaban a abandonar las regiones.

En otros lugares, como en el caso ya mencionado del departamento del Meta, el exterminio contra los dirigentes se intensificó en los primeros años, luego vino un período de relativa calma que antecedió a operaciones de terror realizadas con el fin de provocar el desplazamiento forzado de la base social. En determinados sitios fue la Fuerza Pública la que actuó directamente, en otros lo hicieron los grupos paramilitares o el mismo Ejército usando prendas distintivas de los paramilitares.

Los homicidios llevados a cabo en los municipios perseguían no sólo erradicar la competencia electoral que representaba la militancia de izquierda, sino además saldar los conflictos sociales relacionados con los problemas laborales, de tenencia y acumulación de tierras, o de cobertura y costo de servicios públicos en el ámbito local. Entre las víctimas se han contado personas que junto a su filiación política estaban vinculadas a sindicatos, eran miembros de movimientos cívicos y organizaciones comunitarias, educadores o personas que, en su mayoría, tenían simplemente una relación de simpatía con la organización (Gaviria 2004, 88-90).

Contra los dirigentes nacionales, los candidatos a la Presidencia y los parlamentarios la táctica empleada fue la del atentado individual; utilizando para ese fin operaciones encubiertas: contratación de sicarios adolescentes, operaciones mixtas entre unidades de inteligencia del Ejército y grupos paramilitares, acción directa de los escuadrones de la muerte, etc. De esta forma ocurrieron los magnicidios de los dos candidatos presidenciales de la UP, Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa, asesinados en 1987 y 1990 respectivamente.

Fase del “golpe de gracia” al movimiento y de la normalización social del genocidio, 1992 – 2002

En la década de 1990 el presidente César Gaviria puso en marcha la ejecución de un conjunto de políticas neoliberales, bajo el nombre de “apertura económica”. Se proponían medidas como la reducción del Estado y la privatización de las empresas públicas. Los parlamentarios de la UP realizaron frecuentes

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