Gerencia Pública, Estado y Desarrollo Territorial

Santiago de Cali, 15 de junio de 2022

Gerencia Pública, Estado y Desarrollo Territorial

La visión de Gerencia Pública en Colombia se puede considerar relativamente reciente pues a principios de los 80´s se inicia un movimiento mundial que buscaba redefinir el papel del Estado, de aquí nacen diferentes modelos contemporáneos se han puesto en marcha para optimizar la acción del Estado, esto significa que la evolución de estos modelos permiten evidenciar diferentes maneras de administrar, gobernar y brindar los servicios públicos, lo cual implica que los gobiernos estén en un continuo proceso de ajustarse y adaptarse al contexto cambiante que va emergiendo y que hoy en día tiene como marco de referencia temas como la globalización, la participación ciudadana, los actores, el territorio y la gobernanza local.

Es fundamental contextualizar que en nuestro país el concepto de Gerencia pública es relativamente reciente, pues en las últimas décadas se han introducido instrumentos gerenciales que han permitido tener una visión amplia que desde la expedición de nuestra constitución política de 1991, marcó el inicio de un proceso de modernización de las instituciones públicas y de la estructura del Estado, que se ha venido ajustando de acuerdo con la realidad de nuestro país; esta modernización se ha tenido a todos los niveles políticos, sociales, económicos, tecnológicos, entre otros. Para lo cual se hace necesario la reestructuración de las instituciones del Estado, que permita competir ante las exigencias de un mundo globalizado, donde todo se ha ido transformando incluso los modelos como (La nueva gestión pública - El modelo OCDE - Gobierno empresarial - Modelo posburocrático) y conceptos que de estos se derivan.

Teniendo en cuenta lo anterior y con referencia a los modelos, desde una postura más flexible que intenta realizar una integración de los modelos como forma de dar respuesta a la gestión pública que el Estado debe realizar; por un lado, se puede decir que, desde el modelo de  OCDE, este podría ayudar a mejorar y regular la eficacia del gobierno en todos sus niveles, políticos, sociales, económicos y de negocios, Para ello, los gobiernos necesitan reestructurar la confianza en sus clientes, en sus instituciones y en sus empresas que los hacen funcionar y progresar. También se deben restablecer las finanzas públicas que son la base para el futuro de un desarrollo económico que sea sostenible.^[1] 

Y el modelo posburocrático, que tiene en cuenta el valor que le dan los ciudadanos, de la eficiencia a la calidad y el valor, lo que importa es cumplir y no por presión de los órganos de control. Este modelo se plantea como una propuesta superadora de las limitaciones del modelo burocrático anterior, buscando incrementar la capacidad de respuesta y adaptación continua a los cambios organizacionales desde estructuras más flexibles.

Las nuevas concepciones enfatizan la idea de que los servicios públicos deben estar guiados al servicio del usuario (Barzelay, 1998 citado por Guerrero, 2001) y presentan algunas características diferenciales: “Los resultados cobran mayor importancia que las acciones o tareas, se controlan los costos, se revisan las rutinas de trabajo buscando mejoras y actualizaciones necesarias y se piensa en el servicio a la comunidad”.

En las últimas décadas, los actores, la participación, el territorio y la gobernanza local son temas de discusión en la agenda pública, y se constituyen para los gobiernos en un reto permanente no solo en lo que tiene que ver con el diseño de políticas públicas coherentes y aterrizadas a las dinámicas actuales, sino también en la puesta en marcha de modelos e instrumentos de gestión prácticos que permitan operacionalizar efectivamente los propósitos de las políticas y las intenciones gubernamentales (Chacón, 2019).

Una de estas formas de gestión es la Contratación Estatal se podría decir, es una herramienta del estado para cumplir con sus obligaciones constitucionales especialmente las consagradas en el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia^[2], el cual refiere que:

Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Art.2

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