Grupos De Autodefensa En México

1) A LAS PUERTAS DE LA REVOLUCIÓN EN MÉXICO, 2013

Por: Redacción REVOLUCIÓN TRESPUNTOCERO

La delincuencia organizada está organizada por el gobierno. Sin la protección del podrido aparato judicial del Estado Mexicano, las bandas de narcotraficantes y secuestradores no podrían adjudicarse el control territorial de amplias franjas del territorio nacional, ni asesinar y aterrorizar impunemente, con pocos cuadros, a una masa de millones de pobladores.

Ante la negativa implícita de los gobiernos de todos los niveles, especialmente el federal y los estatales, de procurar seguridad a los habitantes que supuestamente representan, la colusión de jueces, ministerios públicos, abogados, policías de todos los signos, militares y algunos marinos con grupúsculos insignificantes -pero armados hasta los dientes- de excluidos sociales peligrosos para la sociedad, han provocado que nazca en la población la necesidad de la legítima autodefensa popular armada organizada (APAO).

A diferencia de los movimientos de protesta contra la pobreza, la corrupción y la marginación social (políticos todos aunque algunos se disfracen de “pureza humanista”), la APAO tiene un rasgo que aborrece todo Estado supuestamente representativo: se organiza por el pueblo, para el pueblo, es armado para combatir con violencia legítima la violencia ilegal y perjuiciosa, ocupa el territorio y lo hace suyo y expulsa a todas las fuerzas policiacas legalmente establecidas que son, a su vez, fuerzas represivas del Estado para mantener la obediencia y el sometimiento de las poblaciones hacia los gobernantes.

Es decir, la APAO, es la toma del Estado en las manos del pueblo por el pueblo mismo.

Todo gobierno del color que sea, prefiere que surjan en su territorio movimientos de protesta que se conduzcan dentro de los cauces legales, legítimos y pacíficos que el Estado, a través de sus instituciones, le impone al común de la gente; pero lo que no puede tolerar es que los propios pobladores le arrebaten, con las armas en la mano, territorio y poder.

Se ha dicho que la delincuencia organizada controla territorios en los que ya no gobierna el Estado, pero esto es mentira; pues para que eso efectivamente suceda es necesario que todos los habitantes de esos territorios estén de acuerdo con dicho control y poderío. Al contrario; la delincuencia organizada por el gobierno puede adjudicarse el poder en alguna región, pero a costa de expulsar a grandes núcleos poblacionales o de enemistarse con los que no pueden migrar, pues concitan el repudio social generalizado en lugar de la solidaridad amistosa y fraterna. No es gratuito, la delincuencia organizada atenta contra la vida y el patrimonio de la población a la que usa como receptora de sus agresiones intencionadas producto de la descomposición siquiátrica a la que la exclusión social ha sometido la vida y la personalidad de sus integrantes.

La APAO es otra cosa. En este caso, es el reconocimiento de que la supuesta incapacidad gubernamental para combatir el delito es en realidad la asociación deliberada entre gobernantes y delincuentes para extraer de la población común recursos gratuitos, es decir, hurto simple y llano para el mantenimiento de las necesidades más parasitarias de los agresores.

La APAO expulsa a delincuentes y gobernantes por igual y restablece la gobernabilidad en los territorios que ocupa. Defiende de hecho y de derecho, legítimamente sin estar consagrado en ningún escrito, el derecho a vivir pacíficamente pero con la garantía de tener las armas en la mano. La APAO es popular, es decir, tiene el beneplácito, la simpatía y el apoyo de la mayoría de la gente donde opera.

En México, este fenómeno no es nuevo; podemos señalar a los municipios autónomos zapatistas de Chiapas como su referente histórico más inmediato. Pero gracias a la estrategia contrainsurgente ordenada desde Washington y puesta en marcha por el gobierno federal desde el sexenio de Fox y, especialmente, a partir del sexenio de Calderón, que consistió en el entrenamiento en tiempo y forma real del ejército contra masas de población reales, con el pretexto de la “guerra contra el narcotráfico” (que no fue sino una simulación de principio a fin), numerosas poblaciones se han armado en la defensa de su integridad y seguridad contra las agresiones delincuenciales en vastos territorios de los estados de Michoacán y Guerrero.

Han caído en manos de la APAO los municipios de Tecoanapa, Iguala, Teloloapan, Ayutla de los Libres, Olinalá y Ahuehuepan –por lo menos- en el estado de Guerrero, y en Michoacán se reactivan los retenes populares y el toque de queda impuesto por el pueblo en varias zonas, como Urapicho y Cherán (ésta última, una de las primeras en ser combatidas violentamente por contrainsurgentes disfrazados de delincuentes).

El día 21 de enero de 2013, la primera avanzada del Estado mexicano para “recuperar” esos territorios de mano de sus pobladores, ha sido la queja que inició “de oficio” la CNDH con el argumento ultramanoseado desde las esferas del poder y desde siempre, de que ningún poblador “puede hacerse justicia por su propia mano”, cuando en esas zonas arrancadas del control Estatal lo que no ha ocurrido –aún- es un linchamiento extrajudicial de delincuente alguno, sino que se ha procedido a detener efectivamente y desarticular definitivamente a las bandas delincuenciales que operan en esos sitios.

Sabemos que la CNDH es un instrumento del Estado que también se usa de acuerdo a los fines de control social gubernamental, así que la prontitud que en estos casos demuestra con una queja “de oficio” (que no articula en otras circunstancias de mayor gravedad), no es más que el primer paso en la estrategia contra una eventual insurgencia popular.

En estos casos, se está usando a la CNDH para sentar el precedente jurídico de la represión por venir; decir que los pobladores que se defienden legítimamente están violando la ley, equivale a llamar a las “fuerzas del orden” contra el pueblo y por lo tanto a desenmascarar a un gobierno cómplice de la delincuencia, que prefiere desarmar a los auto organizados que combatir a quienes los agreden.

La primera avanzada del Estado contra la APAO es la CNDH; detrás de ella vendrán “a restablecer el orden” las policías federales y estatales; y si ellas no son suficientes para someter a grandes poblaciones armadas y dispuestas a no permitir esta alevosa impostura, entonces hará su aparición el Ejército que –se verá en su momento- será más sanguinario contra el pueblo que contra los narcotraficantes y secuestradores a los que dice haberles declarado la guerra.

El gobierno imperialista de Washington preveía desde 1982

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