INCREMENTO EL SALARIO MÍNIMO CONVERGIENDO CON LA UE-15 EN DOS LEGISLATURAS

INCREMENTO EL SALARIO MÍNIMO CONVERGIENDO CON LA UE-15 EN DOS LEGISLATURAS

El salario mínimo interprofesional (SMI) es un tema de constante debate presente en todos los parlamentos y gabinetes políticos de la sociedad occidental. Dicho debate se reabrió el pasado mes de noviembre en el Congreso de Diputados tras la proposición de ley presentada por Unidos Podemos de aumentar el SMI a 800 euros el próximo 2018, y hasta 950 euros en 2020 convergiendo así hacia las cifras de la UE-15 a corto plazo.

Unidos Podemos, junto a parte del PSOE y con el apoyo de los sindicatos, defienden este incremento alegando que mejoraría la calidad de vida de los trabajadores con salarios más bajos. Este argumento se sustenta también en un estudio realizado por la Asociación Americana de Economistas (AAE) el 2007 donde indicaban que el SMI era una herramienta imprescindible para la lucha contra la pobreza, que mejora la calidad de vida de los trabajadores con salarios más bajos y que no tiene un efecto negativo sobre el empleo.

Muchas de las críticas ante este punto es que el SMI reduce el empleo. No obstante, existen evidencias empíricas que demuestran lo contrario. La más relevante sea quizás el análisis del Stanle y Doucouliagos realizado en 2009 donde se reiteraban los resultados de la AAE: el efecto del incremento del SMI sobre el empleo es insignificante. Así pues, con el incremento constante del SMI se puede evitar la desigualdad en la renta que supone su congelación y promocionar de esta manera el consumo, reactivando a su vez la economía y generando un beneficio social para toda la sociedad española.

Por otro lado, tanto el FMI como los grandes grupos empresariales ejercen su influencia sustentándose en argumentos muy contrarios. En primer lugar, afirman que un aumento en el SMI sí tiene un impacto positivo y significativo en la probabilidad de perder empleo según el Servicio de Estudios del Banco Central de España (2012). Se aferran a que dicha subida puede conllevar salarios superiores a la productividad de los trabajadores incentivando así el despido de los menos productivos y congelando las contrataciones. Esto afecta directamente al sector juvenil, a los mayores de 45 años y a las mujeres de mediana edad según los estudios del BCE. En segundo lugar, dicho incremento puede fomentar la contratación ilegal engrandeciendo así la economía sumergida y perjudicado, a nivel tributario, los ingresos del Estado lo cual tendría una gran repercusión en el bienestar social español.

Vistos ambas perspectivas y sus distintas (y contradictorias) aportaciones académicas y empíricas es difícil determinar los efectos reales de un incremento del SMI hasta cifras similares a la media de la UE-15 en un plazo medio de dos legislaturas. Así pues, serán necesarios estudios más detallados y minuciosos aplicados al caso español para llegar a conclusiones sustentadas.

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