Idea central del Autor.

Idea central del Autor.

Miguel Angel Aguilar López.

El estado jurídico de inocencia, conocido por todos como presunción de inocencia, es uno de los elementos esenciales que integran al garantismo procesal. Esta condición de derecho de la persona frente al ius puniendi del Estado ha sido tratada por los autores en el estudio del principio de inocencia y de sus repercusiones en los diversos ámbitos de la justicia penal, principio que es fundamento inmediato de otros y que junto con él conforman una de las principales intrucciones de un moderno modelo de sometimiento criminal, cual es, la garantía del proceso justo.

La presunción de inocencia el autor se refiere a la regla de la declaración y plantea que permite que en caso de que exista inseguridad al momento de que el juzgador emita la sentencia, se denomine esta situación como la no comprobación de la culpabilidad.

La aludida problemática en torno a la inseguridad se aclarada a partir del reconocimiento de la máxima in dubio pro reo, al establecer la declaración del reo en caso de duda. Ante la imposibilidad de orientar el juzgador su decisión, el ordenamiento jurídico permite a través de este, superar la inseguridad derivada de la valoración de la prueba.

El dudar, de acuerdo con el autor implica que el ánimo del juzgador se encuentra falso entre dos juicios contradictorios, sin poder decidirse por ninguno de ellos. La actividad probatoria llevada acabo por las partes facilitara que, el que tiene la responsabilidad de decidir sobre la culpabilidad del acusado, no pueda determinar si este es responsable o no por el ilícito cometido, por encontrarse en una situación de duda con respecto a su participación.

Supone además, un proceso subjetivo por parte del juzgador, que refleja la incapacidad del mismo para superar una situación de inseguridad ante los hechos presentados por la parte acusadora y por la defensa, los cuales ofrecen la misma cantidad de convicción sin poder superar la situación de duda.

La presunción de inocencia obliga al juzgador comprovar la existencia de una actividad probatoria de cargo y la capacidad de la misma. La prueba tiene que ser legal y racionalmente valorada. A falta de estos requisitos no puede decirse que exista prueba de cargo que afirme la culpabilidad del acusado y en consecuencia, continua la presunción de inocencia del mismo.

En tanto, el in dubio pro reo, como principio, se actualiza cuando a pesar de la existencia de la prueba de cargo, la que obra de descargo tiene el mismo nivel de conformidad, de manera que no se puede desaparecerse la inseguridad, y ante esta tensión dialéctica el juez está obligado a inclinarse en beneficio del acusado. Aguilar plantea que a través de la carga de la prueba se quiere resolver las dificultades probatorias. Uno de los extremos que deben cumplirse, para no violar la presunción de inocencia, consiste en que la verdad iuris tantum sólo puede quitar el valor por una prueba de cargo, aportada por la parte acusadora. Dicha prueba debe ser suficiente para excluir la presunción de que goza el inculpado durante todo el proceso penal; de manera que se une con otros indicios, determine la culpabilidad del sujeto.

En el proceso penal se establece al juzgador la obligación de buscar la verdad material o histórica, con la potestad de introducir al proceso pruebas para mejor proveer, en el caso del proceso civil y en el proceso penal, se le otorga la facultad para proponer pruebas de oficio.

El acusado no debe probar su inculpabilidad ante una presunción de ilicitud. El órgano jurisdiccional valora la declaración de éste o su silencio y la carga de la prueba que obra en su contra, omitir la consideración de que si se abstiene de hablar es en razón de ser culpable del delito imputado.

No todo lo afirmado por el inculpado tiene que ser verdadero.

El problema surge cuando

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