Indigenas

Tema VIII: Integración y Lucha Internacional por los derechos de los Pueblos Indígenas -Acuerdos y Tratados Internacionales - Acuerdos y tratados internacionales entre los movimientos indígenas -Movimientos indígenas internacionales (México, Bolivia, Ecuador, entre otros)

INTRODUCCIÓN

En 1971, el Consejo Económico y Social adoptó una resolución por la que

autorizaba a la Subcomisión de NN.UU. sobre la Prevención de la Discriminación y la Protección de Minorías a que desarrollara un estudio sobre el problema de la discriminación contra los pueblos indígenas.

En este trabajo se subrayaba la importancia de los tratados celebrados entre pueblos indígenas y potencias europeas y sus sucesores, así como el necesario estudio de la utilidad de concluir en la actualidad de acuerdos entre los citados grupos y Estados independientes. En este punto, el relator especial afirmaba la necesidad de emprender un análisis profundo de diversos aspectos como sus efectos, las consecuencias de la existencia del texto, o de su eventual incumplimiento. La idea era realizar el análisis precitado teniendo en cuenta las opiniones de todas las partes interesadas: los Estados y los pueblos indígenas que habían celebrado acuerdos de este tipo.

En las páginas que siguen estudiaremos diversos aspectos relacionados con los tratados que afectan directa o indirectamente a los pueblos indígenas, bien por ser partes en ellos, o porque sin serlo, el tratado incorpora disposiciones dirigidas a estos grupos; sin olvidarnos de los denominados “arreglos constructivos” que, aunque son acuerdos de derecho interno, tienen subrayado interés por erigirse como el instrumento capaz de normalizar las relaciones de convivencia en las sociedades pluriculturales.

INTRODUCCIÓN

El reconocimiento formal y expreso de un capítulo que consagra los derechos de nuestros Pueblos Indígenas en la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela[1][1], constituye sin lugar a dudas el mayor logro político y social del movimiento indígena venezolano, el cual demostró una clara ideología de su propio accionar histórico cultural en la lucha por sus derechos propios y vitales, y cuyo objetivo principal es la construcción de una Nación Plurinacional en cada uno de los territorios donde se encuentran asentados.

Al principio de los años ochenta, muchos países latinoamericanos se hicieron por primera vez democráticos. Estas naciones han pasado las últimas décadas cambiando constituciones, redefiniendo el rol del Estado y consolidando nuevas instituciones democráticas. Como este proceso ocurrió, los 40 millones de indígenas de este hemisferio experimentaron un renacimiento cultural, un despertar político que hizo preguntar sobre la legitimación de los nuevos estados-nación democráticos[2][2].

Por otra parte, reconocidos dirigentes de diversas culturas indígenas del hemisferio se han organizado en redes políticas sofisticadas y están luchando para mejorar sus condiciones de vida y extender su participación en las decisiones gubernamentales que afecten su desarrollo. Así lo demostró en 1994 el movimiento insurgente indígena de Chiapas (México), que se organizó como un ejército denominado Frente Zapatista por la Liberación Nacional (F.Z.L.N.), y el cual presentó un pliego de peticiones al gobierno del entonces Presidente Salinas de Gortari, entre las cuales figuraban la solución al problema agrario por el acceso a las tierras, el autogobierno y el mejoramiento de la infraestructura de las comunidades indígenas. Todo ello como reacción a la política neoliberal que se deseaba imponer a través del Tratado de Libre Comercio y que apostaba por la integración del país azteca “... al circuito productor y consumidor de la economía norteamericana”[3][3], sin tomar en cuenta los derechos de los diez millones de indígenas diseminados en los diversos estados de la Unión. Después de las tensiones del 22 de diciembre de 1997 como consecuencia de la muerte de 45 indigenas mayas de la población de Acteal por parte de grupos paramilitares, el presidente mexicano Ernesto Zedillo firmó un Pacto de Desarrollo en Chiapas, sobre la base de una verdadera justicia social que pretende garantizar las demandas específicas de estos pueblos[4][4].

Otro reto trascendente lo constituyó la lucha por la autonomía de los pueblos mayas en Guatemala, quienes se incorporaron a la guerrilla guatemalteca en la década de los ochenta y lograron en el periodo 1995-96 el “Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas”, el cual les garantizó formalmente el derecho a sus tierras, el uso de la lengua en las zonas mayahablantes, el uso del traja y el respeto de sus costumbres milenarias y el respeto de su derecho consuetudinario por encima del derecho positiva nacional[5][5]. De allí que los gobiernos latinoamericanos ven al movimiento indígena como un problema más para sus economías estancadas, quienes además tienen que responder a las demandas de las otras organizaciones sociales ya establecidas, como lo son las fuerzas militares, la Iglesia, los partidos políticos y otros.

En este orden de ideas podemos referir que la Asamblea General de las Naciones Unidas, por Resolución Nº 48/163 de fecha 18-02-94, proclamó el Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, el cual constituirá el espacio apropiado para desarrollar las acciones básicas que, tanto en el plano nacional como en el internacional, se requieran para crear las condiciones necesarias para avanzar hacia el establecimiento de un nuevo orden de relaciones entre los pueblos indígenas y los distintos Gobiernos.

Con la consagración del Capítulo sobre pueblos indígenas en la Constitución de 1999 no se pretende la creación de un Estado paralelo al actual Estado Federal Venezolano, ni mucho menos la separación de los demás pueblos. Por el contrario, se plantea la “unidad en la diversidad”, exigiendo que se les reconozcan sus derechos específicos como naciones distintas y que han sido “olvidados” deliberadamente por quienes han detentado el poder económico y político de éste país. El nuevo indigenismo lucha por la supervivencia de las culturas indias, sobre la base de un interculturalismo que incluye a los grupos aborígenes dentro del proceso histórico de la humanidad e intenta un cambio para que las mayorías nacionales asuman la problemática indígena como algo íntimamente suyo, de su propia realidad e identidad, pues para la concepción clásica del Estado-Nación, la diversidad étnica o cultural se considera un peligro o amenaza.

Por estas razones, este libro pretende determinar cuáles han sido las demandas concretas de nuestros pueblos originarios, mediante el análisis del discurso de los dirigentes indígenas en los distintos foros nacionales e internacionales, la doctrina internacional en esta materia y la experiencia reformista constitucional de otros países americanos, para enmarcarlos dentro del Capítulo del nuevo texto constitucional denominado Derechos de los Pueblos Indígenas, de una manera amplia y coherente, desde una política indigenista adecuada, que sea capaz de garantizar los derechos colectivos específicos y los espacios vitales de los pueblos indígenas.

En este sentido, a partir del Capítulo II de este trabajo se desarrollan los derechos específicos de nuestros pueblos indios, partiendo del derecho a la autonomía, como una manifestación propia del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas dentro del Estado, resaltando además el derecho a la participación política y social de las distintas comunidades indígenas en las decisiones gubernamentales que puedan afectar sus intereses, tal como fuera reconocido por nuestro más Alto Tribunal de Justicia. De igual modo parece imprescindible resaltar que las formas de autoridad india y los modelos de gestión comunitaria sean reconocidas y respetadas por la administración política regional y nacional. Otra demanda específica lo constituye el derecho a la propiedad colectiva de la tierra y los recursos naturales, donde se incluye el derecho a un medio ambiente compatible con su especificidad cultural y sus formas de vida. Por último, se analiza el derecho a la propia cultura, que implica –entre otras cosas- el respeto a sus propias creencias y cosmovisión, el derecho a una educación intercultural que garantice su lengua nativa y el uso de sus normas consuetudinarias para resolver sus conflictos. Todo ello contribuirá a mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos indígenas, impidiendo la absorción de sus culturas ancestrales, que a su vez enriquecerá la diversidad cultural requerida por la sociedad venezolana.

En cuanto a la metodología utilizada es básicamente descriptiva, aunque la naturaleza del trabajo me obligó a partir desde una perspectiva multidisciplinaria, pues se emplean argumentos antropológicos, sociológicos, históricos y jurídicos. También se utilizó la técnica de la entrevista, dirigida a los líderes indígenas y demás operadores oficiales y no gubernamentales involucrados en la política indigenista venezolana. Por supuesto, seremos analíticos al momento de confrontar los conceptos y definiciones expresados con la positivación y no positivación de los derechos humanos estudiados. Por último debo señalar que por lo extenso de la investigación, se trató de puntualizar algunas conclusiones relacionadas con el contenido al final de cada capítulo, para así facilitar la comprehensión global del tema

Mismo modelo, mismo pensamiento, distinto discurso

01/03/2012

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Gobiernos del Abya Yala, neoliberales y

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