La Administracion

Qué Es El Estado Del Bienestar?

“Sin la presión comunista occidente nunca hubiera conocido ese intento de síntesis de justicia y libertad que hoy conocemos como Estado social” (Monedero, 1994:35)

Después de la Segunda Guerra Mundial se produce un importante crecimiento económico, acompañado de una fuerte presión social para redistribuir la riqueza. El clima de consenso alcanzado provoca que el Estado por primera vez pase a ser el protagonista absoluto de la protección social considerándole como único sistema de acción adecuado para satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Se reconoce que cada miembro de la comunidad debe tener un mínimo nivel de vida y para ello se responsabiliza de una serie de servicios (educación, vivienda, servicios sociales, seguridad social, etc.). Al tiempo que se compromete a mantener la estabilidad económica, tratando de controlar los ciclos económicos mediante su intervención a través de programas públicos, estableciéndose el pleno empleo como uno de sus principales aspectos.

Se basa en el modelo keynesiano, según el cual el Estado regula tanto la política social como la económica. Debe saber conjugar ambas de manera que se eviten los conflictos sociales que surgen al intentar hacer compatible el modo de producción capitalista, en el que prevalece la lógica de mercado, y el sistema democrático, en el que predomina la participación y la redistribución. Este modelo funcionó en los países occidentales, hasta que entra en crisis en los años 70 cuando empiezan a fallar algunos de los supuestos sobre los que se sustentaba. Caen los beneficios empresariales y los procesos de acumulación de capital disminuyen el ritmo de crecimiento que habían alcanzado en décadas anteriores ante la incapacidad del Estado para poder mantener e impulsar la producción de un mercado nacional, cada vez más condicionado por la globalización que requiere un mayor volumen de recursos para poder incidir en el mismo. Se produce una nueva situación demográfica por la caída de la natalidad y el incremento de la esperanza de vida, que supone un envejecimiento de la población con la siguiente repercusión en el incremento de los gastos de protección social y de carácter asistencial. Llega un momento en que el Estado no dispone de los recursos suficientes para hacer frente a las exigencias ciudadanas y empresariales, debido a su crisis financiera. Durante un cierto periodo el Estado había incrementado progresivamente los servicios que ofrecía a la sociedad, creando expectativas de mayores servicios a la población, hasta que es incapaz de hacerlo sin aumentar los impuestos. Al principio, una elevación de impuestos no es del todo mal recibida ya que se compensa con más prestaciones, pero llega un momento en que el ciudadano considera insoportable la presión fiscal, apareciendo la resistencia a nuevas subidas de las tasas.

Las economías occidentales han pasado por un largo período recesivo que no le ha permitido en general cumplir los objetivos marcados tras la Segunda Guerra Mundial. Sus actuaciones han dejado mucho que desear, siendo en su mayoría ineficaces e ineficientes. Todo ello ha sido la clave la pérdida de legitimidad del Estado de bienestar. El grado de legitimidad puede influir en la capacidad del sistema democrático para superar la crisis de eficacia como puedan ser las depresiones económicas. Parece que el Estado de bienestar consiguió pasarla pero está seriamente tocado, lo que hace peligrar su futuro. De hecho, “en los últimos años se ha debilitado el amplio consenso que existía con respecto a la economía mixta. El Estado de bienestar se enfrenta con una crisis de legitimación. Al perder credibilidad el Keynesianismo y otras teorías sociales, [...] la crítica radical tanto desde la Derecha como la Izquierda, ha ganado respaldo” (Mishra, 1992:55).

Ante esta situación de ineficacia al Estado solo le queda reducir la sobrecarga de servicios que proporciona, desviando el máximo posible al campo del mercado, desmontando los servicios públicos y restaurando los mecanismos de libre competencia. Sin embargo, los diferentes grupos sociales realizan constantemente peticiones a los Estados de nuevos servicios de un modo ilimitado. Se produce una deslegitimación del orden político establecido, ya que el Estado deja de responder a las expectativas y demandas de los distintos grupos de presión, y de la población en general. Por ello, el libre mercado se convierte en el eje del funcionamiento de la economía neoliberal de final de siglo, lo que conlleva la crisis de lo público, cuya actividad se ha ido reduciendo a aquellos sectores de productividad menos rentables que están relacionados con la protección social y asistencial, o con la prestación de determinados servicios ciudadanos que no interesan por la escasa o nula rentabilidad a la iniciativa privada. En definitiva, se ha iniciado un proceso de reestructuración o eliminación del Estado del bienestar.

La crisis aparece también en nuestro país, aunque llega más tarde ya que hasta la década de los 80 no existía un auténtico Estado del bienestar. Esto se puede observar en la evolución de la ratio deuda pública-PIB que se duplicó en las dos últimas décadas, siendo hoy cerca del 50%. Actualmente se pueden apreciar los efectos de la crisis siendo “el gasto social en España sólo un 20,6% del PIB (el promedio de la UE es un 27%), porcentaje que ha ido disminuyendo desde 1993, cuando era un 24%. Este descenso del porcentaje del PIB que se dedica al Estado del bienestar ha sido consecuencia de un mayor crecimiento económico, con un crecimiento más rápido del PIB, y también de un descenso de la tasa de paro, con lo cual ha habido una disminución del seguro público de desempleo” (Navarro, 2001).

Análisis Teórico De La Crisis

“Tras cualquier acción de un político se puede encontrar algo dicho por un intelectual quince años atrás”

John Maynard Keynes (1.883 - 1.946)

El debate ideológico se centra en saber cuál debe ser el nivel de intervención necesario del Estado en una sociedad cada vez más condicionada por la economía de mercado y cómo se está produciendo la legitimación del poder en una sociedad sometida a unos cambios constantes, que afectan a la estructura política, económica, social, cultural..., que fomenta la desigualdad en favor de la eficiencia.

El pensamiento conservador, representado por Hayek o Friedman entre otros, considera que el origen de la crisis del Estado del bienestar se encuentra en la forma de intervención del Estado en la economía, y concretamente en el excesivo gasto público, para compensar los desequilibrios sociales, que aparecen como resultado de los desajustes del mercado, y que han provocado unas pérdidas masivas de empleo, lo que supone la minoración de los recursos públicos que resultan necesarios para el relanzamiento de la actividad productiva. Criticaron duramente la economía mixta y consideraban al Estado del bienestar como “el camino a la servidumbre y la ruina económica” (Mishra 1992:23) ya que la tendencia igualitarista que pretendía, distorsionaba los fundamentos sobre los que se mantiene la sociedad capitalista.

Esta propuesta supone el rechazo de la sociedad del bienestar, entendida como sociedad de masas, y la supresión de las políticas sociales y distributivas y el establecimiento, por el contrario, de una estructura social fundamentada en el principio de rivalidad y competitividad, frente a la tendencia igualitaria, promovida por el Estado del bienestar. El discurso conservador conduce a las viejas formas de mercado, lo que contrasta con el modelo de sociedad de bienestar, con el que se han conseguido, a lo largo de su desarrollo histórico, unos logros que ya no pueden ser considerados como privilegios sino como derechos sociales, políticos y culturales propios de las sociedades democráticas. En los países en los que, durante los últimos años, se ha desarrollado una política conservadora se ha conseguido efectivamente una reactivación económica más rápida, pero a costa de la disminución de los sistemas de protección social, y el consiguiente aumento de las diferencias sociales, lo que está produciendo un incremento de la conflictividad por la dualidad social. Es cierto que la administración es ineficaz e ineficiente con respecto al mercado y que, en definitiva, el Estado del bienestar se legitima de acuerdo a estos dos principios en la actuación de los poderes públicos, pero no podemos olvidar que crecer mucho y rápido no es sinónimo de crecer equitativamente.

En contra de esta postura, J. Habermas comprende la crisis del Estado del bienestar como causa de los constantes ajustes económicos que se están produciendo en los últimos años en las sociedades capitalistas avanzadas. Analiza la crisis a través de dos conceptos: racionalidad y legitimidad. Para este autor, se debe considerar una actuación racional por parte del Estado cuando su política económica y social responde a los intereses generales y colectivos. El origen de la crisis de racionalidad es, por tanto, un problema de primacía de intereses. La racionalidad se puede medir por la capacidad del poder para que sus decisiones sean universales y no particulares y, por tanto, el consenso constituye el principio formal de la racionalidad. Cuando se reprimen los intereses generales y prevalecen los de los grupos de presión más poderosos, es cuando el poder debe buscar nuevas formas de legitimación falsas, y se produce una crisis de racionalidad. La legitimidad del Estado se basa en el mismo proceso democrático, es decir, si el poder se ha constituido

...