La Política De Seguridad En México

La creciente escala de violencia a la que nos enfrentamos en los últimos años ha alcanzado niveles nunca antes vistos, al punto en que los daños de ésta al tejido social son casi irreversibles.

El Estado de Derecho evoluciona a través del ejercicio del poder dimensionado en un marco jurídico que restringe sus funciones, limitándose a la ley. Sin embargo, para hablar de un Estado de Derecho es necesario entenderlo dentro de un marco que permita a la sociedad su desarrollo social y económico permitiéndole así alcanzar un nivel de vida digno. De ahí que resulte necesario colocar al Estado de Derecho dentro del marco de los derechos humanos, pues no basta con que dentro del Estado exista un ordenamiento jurídico sobre el cual se motiva y limita toda acción política, es necesario que dentro de este marco se garanticen los derechos y libertades fundamentales así como contemplar los mecanismos y herramientas adecuadas en caso de su violación

Bajo este panorama, la violencia, inseguridad y delincuencia han pasado a ser elementos de nuestra cotidianeidad que disminuyen la posibilidad de desarrollo humano, por tanto, las estrategias llevadas a cabo por el Gobierno para combatirlas han demostrado ser ineficientes. No hay que dejar de lado que dichas estrategias giran en torno a una idea en que el bien jurídico protegido por la seguridad son las instituciones estatales, dejando de lado los intereses de la población. El discurso oficial ha establecido de manera ambigua las amenazas contra la integridad física de la población e instituciones como un asunto de seguridad nacional. Hemos llegado al punto en el que cualquier asunto de política pública puede ser una amenaza a la nación, y por consiguiente las materias sobre las cuales el Estado puede intervenir en aras de proteger la seguridad nacional son ilimitadas.

Es indispensable crear bases jurídicas y teóricas sólidas alrededor de los conceptos de ‘seguridad nacional’ ‘seguridad pública’ ‘seguridad interior’ ‘seguridad ciudadana’ y ‘seguridad humana’ estableciendo sus límites, competencias, instituciones a cargo y de observación, así como el marco jurídico correspondiente a su funcionamiento.

Siendo que el crimen organizado es una condición que puede limitar el desarrollo humano de la población, es indispensable que existan medidas para controlarlo, sin embargo, en los últimos años el gasto público dirigido a su combate rebasa por mucho el invertido a su prevención, teniendo como resultado la permanente lucha de poderes y la interminable escala de violencia, por ello las estrategias de seguridad deben poner especial énfasis en las principales preocupaciones de la población, que tienen que ver con la falta de empleo y la inseguridad patrimonial, relacionadas directamente con la prevención del crimen organizado.

La política de seguridad debe trasladarse al terreno de la participación ciudadana. Para ello es necesario crear las plataformas adecuadas que orienten y pongan límites de la misma. Así se propone la creación de más Observatorios Ciudadanos de la Seguridad y la Violencia por regiones, independientes, a través de los cuales se recopile información, se analice y se difunda, con el fin de que dicha información sea integrada a la gestión de las políticas públicas. Además de atender el monitoreo de las instituciones y las propias políticas públicas.

A diferencia de la gestión de políticas públicas coyunturales y casi improvisadas éstas han de estar gestionadas mediante un diagnóstico integral [teórico y práctico] además de ir gestionados de la mano de mecanismos de seguimiento y evaluación.

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