Ley Chorizo

En junio de 2010, el Gobierno de Panamá sancionó la Ley 30, conocida también como "Ley Chorizo, la cual dictaba medidas para promover el desarrollo de la aviación comercial en ese país. Una de ellas era la eliminación de las evaluaciones de impacto ambiental para obras que sean declaradas de interés social.

La norma introducía reformas en los códigos Penal, de Trabajo y el de Justicia, y en seis leyes, incluidas la Ley Orgánica de la Policía, la de Contrataciones Públicas y la del Medio Ambiente.

Estas modificaciones causaron grandes manifestaciones públicas entre junio y julio de 2010 por parte de la sociedad civil panameña, las cuales fueron objeto de una violenta represión. La situación fue tan seria que muchos panameños expresaron su indignación. “Nos recuerda lo vivido durante la dictadura de Noriega”, comentó Jacob Kopas, abogado de AIDA.

Entre otras cuestiones, la ley le restaba control a la actividad del Ejecutivo en materia ambiental y limitaba el derecho sindical a realizar huelgas y llevar a cabo convenios colectivos de trabajo. La polémica norma establecía también que cuando un policía sea denunciado o querellado por la presunta comisión de un delito en el cumplimiento de su deber, por motivos de uso excesivo de la fuerza, no se ordenaría su detención preventiva ni se decretaría la suspensión provisional de su cargo.

En el pasado, el Gobierno panameño había declarado su intención de remplazar las evaluaciones de impacto ambiental (EIA) por mejores prácticas como una forma de eliminar impedimentos para la inversión extranjera y el desarrollo. Las EIAs, cuya aplicación es obligatoria prácticamente en todos los países del mundo, constituyen un documento de salvaguarda esencial que previene proyectos potencialmente perjudiciales para el ambiente.

En septiembre de 2010, gracias a la incansable presión de la sociedad civil, el Gobierno panameño subrogó la Ley 30 con otra ley. Sin embargo, a más de un año de esto, aún no se ha emitido el reglamento. Debido a la tardanza, la nueva ley carece de efecto práctico, aunque se espera que los proyectos que requieran evaluación de impacto ambiental no queden exentos de ella.

Además, el borrador del reglamento debe ser sometido a participación ciudadana, a fin de definir cuáles proyectos no requerirán EIA. Ante tal situación, todavía existe cautela sobre las potenciales amenazas al ambiente y a los derechos humanos que la falta de EIA podría implicar.

En AIDA estaremos atentos al tema y apoyaremos a las organizaciones panameñas, en especial al Centro de Incidencia Ambiental de Panamá, nuestra organización amiga, con herramientas de derecho ambiental internacional

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