Lo Bueno Y Malo De La Reforma Politica

LO BUENO Y LO MALO DE LA REFORMA POLÍTICO-ELECTORAL

1. Las reformas a los procedimientos electorales

• Se crea el Instituto Nacional de Elecciones (INE), que sustituye al IFE en la organización y vigilancia de las elecciones federales. Se coordinará con los órganos locales para las elecciones estatales. El número de consejeros electorales federales pasa de nueve a 11 con una duración de nueve años en el cargo.

• Se elimina la prohibición de hacer campañas negativas (denigración), pero se conserva la proscripción a las expresiones de calumnia a las personas.

• Se mandata legislar tres leyes nuevas: de procedimientos electorales, de partidos políticos y de delitos electorales. Asimismo, una ley reglamentaria del artículo 134 constitucional (propaganda gubernamental).

• Los institutos electorales locales homologarán su número de consejeros a siete, todos nombrados directamente por el INE para un periodo de siete años sin reelección.

• Se establece la nulidad de elecciones cuando un candidato rebase por más de 5 por ciento el tope de gasto de campaña, que reciba o utilice recursos ilícitos o compre cobertura informativa o tiempos en radio y televisión. La nulidad procederá cuando la violación sea determinante para el resultado y se establece que esto ocurrirá cuando la diferencia entre el primero y segundo lugares sea menor a 5 por ciento de la votación.

• Se incrementa de dos a tres por ciento el umbral de votos necesario para que un partido conserve su registro.

• Se reduce el tiempo entre la elección presidencial y la toma de protesta del candidato ganador: será ahora el 1° de octubre en lugar del 1° de diciembre.

• Se establece paridad absoluta en las candidaturas para el Congreso federal: deberán ser mitad hombres y mitad mujeres (la cuota todavía vigente se fijó en 2007 con 60-40, mientras que entre 1996 y 2007 fue de 70-30).

Aspectos positivos

• Se elimina la prohibición de hacer campañas negativas (denigración) que saturó a las autoridades electorales de quejas y litigios que en ocasiones se usaban como propaganda de campaña y que además restringía la libertad de expresión.

• El adelanto de la toma de posesión del presidente electo agilizará la transición entre administraciones.

• La homologación del número y duración en el cargo de los consejeros electorales de los órganos estatales puede contribuir a una mayor independencia con respecto a los gobiernos estatales.

• Si se diseña correctamente, la ley reglamentaria del artículo 134 puede ayudar a moderar los gastos de comunicación social y a ordenar el mercado de medios de comunicación en México —buena parte del cual vive no de sus lectores o radioescuchas, sino del dinero público.

• Los procedimientos especiales sancionadores (PES) serán resueltos ahora por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con lo que se reduce la saturación de trabajo del Instituto Nacional Electoral, que sólo tendrá que realizar la investigación de las impugnaciones y dejará su resolución al tribunal.

• Se mejora el nombramiento de los consejeros electorales. Ahora participará un comité técnico integrado por siete personas: tres nombrados por la Junta de Coordinación Política de Diputados, dos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y dos por el IFAI. En segunda instancia interviene la Junta de Coordinación Política, que es la encargada de la negociación política. Sin embargo, en caso de que no se logre un acuerdo se prevé un proceso de insaculación, y si la Cámara incumple el plazo legal se prevé un “castigo”: el procedimiento pasa a la Suprema Corte para que ésta insacule a los consejeros.

Aspectos negativos

• Las nuevas atribuciones del INE saturarán su capacidad operativa y pueden causar un desempeño deficiente (Principio de Peter).

• La facultad de atracción de elecciones locales por parte del Instituto estimulará el conflicto político pre-electoral, pues los partidos de oposición en los estados buscarán casi siempre que el Instituto atraiga la elección para evitar que el gobernador del partido en el poder intente influir en favor de su candidato. La dificultad para definir con precisión cuándo el INE deberá asumir la organización de las elecciones locales será un problema mayor y restará objetividad y certeza a los comicios en México. Esto puede provocar que el proceso electoral se comience a viciar antes de su inicio formal.

• La facultad de nombramiento de todos los consejeros electorales de los estados plantea dos problemas: por una parte, insuficiencia de información para que el INE designe a los funcionarios más aptos e imparciales; por otra parte, que la negociación política que antes se daba en los estados y que ahora ocurrirá al interior del INE, genere presión y politice aún más a la institución. Es previsible que los partidos continuarán presionando para influir en el nombramiento de los consejeros electorales locales.

• La facultad del INE de remover a consejeros de los organismos públicos locales puede estimular presiones constantes sobre el Instituto para que destituya a consejeros selectivamente y nombre a otros. El problema se agrava por la dificultad de definir criterios claros de remoción, lo que incentivará el conflicto al interior del INE.

• Las nuevas causales de nulidad de la elección pueden institucionalizar el conflicto postelectoral. Es previsible que cada elección de gobernador, así como la presidencial, serán impugnadas y se solicitará su anulación por rebase del tope de campaña. Anteriormente sólo existían las causales genéricas para anular comicios por hechos ocurridos durante la jornada electoral, así como la causal abstracta, pero la Constitución no incluía la nulidad por irregularidades en los gastos de campaña (salvo casos excepcionales como el Distrito Federal). Como las campañas “exitosas” normalmente rebasan los topes de gasto, pero esta violación es muy difícil de acreditar, el nuevo sistema estimulará el litigio sin que haya un método de comprobación jurídico de las violaciones. Por lo tanto, las impugnaciones no resolverán el problema de la inequidad en las campañas políticas, pero si estimularán el litigio y el conflicto político.

• Se mantiene el nombramiento del contralor del Instituto en manos de la Cámara de Diputados, lo cual es en los hechos una forma de amenaza latente que afectará la autonomía del INE. Para agudizar el problema, se permite la reelección del contralor, lo que genera incentivos

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