Los Buenos Derechos

Globalización y modernización en el ámbito económico y mundial.

Desde la perspectiva de la historia económica el fenómeno de la globalización se hace presente como una etapa superior del capitalismo, a tal punto que con una mirada al pasado vemos la avanzada hacia la mayor concentración de la riqueza. El sistema actual, entendido como un conjunto de actividades, procesos, instituciones y creencias interrelacionadas con una prosecución y consecución de finalidades colectivas, es decir, entendido como una cultura económica, y ante el papel crucial que ha jugado el Estado, como institución abanderada para los cambios, se plantea el desarrollo como una nueva figura donde el sector público debe hacer escasa presencia.

En el presente siglo han aparecido en forma cíclica movimientos de nacionalización y privatización, por lo que sería de esperar para el siguiente siglo una vuelta a la nacionalización. Por hoy la preocupación de muchos grupos latinoamericanos y de otros países radica en la problemática que no se está atendiendo, ante la verdadera necesidad de modernizar el Estado y el sector privado. El proceso de modernización en El Salvador es un arnés que pende de esa dinámica histórica de globalización. Nos ocupa en este escrito la tarea de hablar sobre ello, desde un punto de vista puramente crítico y con el buen ánimo de reconocer todas las variables y agentes que persiguen el entorno de la modernización del Estado. Así, en primer lugar se presenta un descripción breve del precedente histórico inmediato, seguida de las observaciones de otros países con procesos semejantes. Luego se detalla sobre la privatización y las medidas para mejoras en la eficiencia de operación estatal. Al final se intenta trazar, a nivel conceptual, el nuevo movimiento que se maneja a las alturas propias de este proceso, que comenzara hasta hace pocos años en nuestros países y que ahora goza de grandes prioridades para los programas de los gobiernos.

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LA MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

1- LA DINÁMICA NEOLIBERAL

Desde el inicio de la gestión del gobierno de ARENA con el Lic. Alfredo Cristiani, se dejó ver un crecimiento de la convivencia gobierno-sector privado. La relación se fortalece con la llegada en 1994 del Dr. Armando Calderón Sol, cuando se planteó la modernización del Estado como una condición para iniciar el despegue hacia el desarrollo, después de haberse superado el problema de la guerra, al menos, aunque quedaran intactas las razones que la iniciaron.

Aunque el plan económico del Dr. Calderón Sol nunca se ha expuesto claramente, y cuya existencia ha sido puesta en duda, tampoco ha sido producto de una discusión nacional. Hay algo que sí es claro: los intereses que representa y defiende el gobierno a partir de las decisiones que toma, pertenezcan o no a un plan nacional. En la década presente son muchas las instituciones domésticas que han elaborado propuestas para un plan que proporcione herramientas útiles para resolver la situación de los que sufren en este país. Universidades, fundaciones, gremiales, partidos políticos y centros de investigación económica y social han presentado proyectos nacionales, más o menos integrales, que coinciden en la preocupación por los altos niveles de pobreza, la impotencia del sistema para generar vida digna al individuo, la devastación de los recursos naturales, por el continuo irrespeto a los derechos humanos y por la necesidad de alcanzar un crecimiento sostenido.

Paulatinamente se supera la idea de apoyarse únicamente en el termómetro macroeconómico para diagnosticar el estado de una nación1. Se cuentan con nuevos parámetros que diferencian el crecimiento del desarrollo, y se sustituye el cómodo ingreso s, sin retocar los métodos de organización institucional y sin adaptar las funciones de las oficinas estatales a las necesidades verdaderas de la población.

En la administración anterior se procedió a liquidar entidades con fines sociales, como el Instituto de Vivienda Urbana (IVU) y el Instituto Regulador de Abastecimientos (IRA). Se dio libertad a los empresarios para que manipularan los precios, y para la administración actual del Dr. Armando Calderón Sol se suprimió el Ministerio de Planificación y se reestructuró el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Independientemente de los fenómenos macroeconómicos que se deriven de la privatización, ésta se enmarca dentro de la política de ajuste del gobierno, que pretende reducir a la mínima expresión posible las funciones del Estado como productor de bienes y servicios. El mismo ajuste compromete a compensar los efectos sociales negativos que se provoquen. Y es aquí donde reside uno de los mayores problemas del neoliberalismo, respecto a la necesidad de tener que redistribuir los recursos al final del proceso, cuando es el mercado quien debería distribuir justamente los recursos y riquezas que genera. " Esto nos lleva a insistir en la redistribución de los frutos del trabajo, del capital y de la tierra (y otros recursos naturales) de una manera más coherente con el destino universal de los bienes. La distribución que los neoliberales relegan al final del proceso de crecimiento, convirtiéndola en una distribución escatológica, o sea, al final de los tiempos, tiene que ser el grito contra el neoliberalismo. El efecto 'rebalse', es decir, que llegue a los niveles inferiores de ingresos lo que sobra en los superiores, no es aceptable éticamente ni funciona adecuadamente..." apunta Luis de Sebastián4.

"Recientemente un economista del Banco Mundial admitió que podía transcurrir une generación antes que los beneficios del ajuste llegaran a la población mayoritaria. Esta población ya no puede esperar más"5 señala un estudio de Funde. Agrega que no solo deben formularse políticas sectoriales o regionales, sino también hay que tomar en cuenta las condiciones y necesidades microsectoriales y microregionales, y diseñar con ellos medidas que les respondan.

De entre las decisiones del Estado en la década presente, es necesario separar las que son producto de los Acuerdos de Paz, y las que son propiamente medidas de modernización del Estado. Ambos son proyectos con distinto origen y tienen, por tanto, distinta finalidad. La depuración de jueces, ejecutada con grandes tropiezos, en una forma bastante tímida, por el Consejo Nacional de la Judicatura, y la creación de la PNC no son, como es claro, iniciativas gubernamentales de primer orden; son imposiciones de los Acuerdo de Paz. También alrededor de esto veremos más adelante el escenario que representa

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