Mecanismos De La Conctitucion

TÍTULO VIII. DE LA PROTECCIÓN DE ESTA CONSTITUCIÓN

Capítulo I. De la Garantía esta Constitución

Artículo 333. Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de

fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella.

En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el

deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.

Artículo 334. Todos los jueces o juezas de la República, en el ámbito de sus competencias y

conforme a lo previsto en esta Constitución y en la ley, están en la obligación de asegurar la

integridad de estaa Constitución.

En caso de incompatibilidad entre esta Constitución y una ley u otra norma jurídica, se aplicarán

las disposiciones constitucionales, correspondiendo a los tribunales en cualquier causa, aún de

oficio, decidir lo conducente.

Corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como

jurisdicción constitucional, declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que

ejercen el Poder Público dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución o que tengan

rango de ley, cuando colidan con aquella.

Artículo 335. El Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las

normas y principios constitucionales; será el máximo y último intérprete de la Constitución y

velará por su uniforme interpretación y aplicación. Las interpretaciones que establezca la Sala

Constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales son

vinculantes para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la

República.

Artículo 336. Son atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:

1. Declarar la nulidad total o parcial de las leyes nacionales y demás actos con rango de ley

de la Asamblea Nacional, que colidan con esta Constitución.

2. Declarar la nulidad total o parcial de las Constituciones y leyes estadales, de las

ordenanzas municipales y demás actos de los cuerpos deliberantes de los Estados y Municipios

dictados en ejecución directa e inmediata de esta Constitución y que colidan con ella.

3. Declarar la nulidad total o parcial de los actos con rango de ley dictados por el Ejecutivo

Nacional, que colidan con esta Constitución.

4. Declarar la nulidad total o parcial de los actos en ejecución directa e inmediata de esta

Constitución, dictados por cualquier otro órgano estatal en ejercicio del Poder Público, cuando

colidan con ésta.

5. Verificar, a solicitud del Presidente o Presidenta de la República o de la Asamblea

Nacional, la conformidad con esta Constitución de los tratados internacionales suscritos por la

República antes de su ratificación.

6. Revisar, en todo caso, aun de oficio, la constitucionalidad de los decretos que declaren

estados de excepción dictados por el Presidente o Presidenta de la República.

7. Declarar la inconstitucionalidad de las omisiones del poder legislativo municipal, estadal

o nacional cuando haya dejado de dictar las normas o medidas indispensables para garantizar el

cumplimiento de esta Constitución, o las haya dictado en forma incompleta, y establecer el plazo y,

de ser necesario, los lineamientos de su corrección.

8. Resolver las colisiones que existan entre diversas disposiciones legales y declarar cuál

debe prevalecer.

9. Dirimir las controversias constitucionales que se susciten entre cualesquiera de los

órganos del Poder Público.

10. Revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de

constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los Tribunales de la República, en los

términos establecidos por la ley orgánica respectiva.

11. Las demás que establezcan esta Constitución y la ley.

Capítulo II. De los Estados de Excepción

Artículo 337. El Presidente o Presidenta de la República, en Consejo de Ministros, podrá

decretar los estados de excepción. Se califican expresamente como tales las circunstancias de orden

social, económico, político, natural o ecológico, que afecten gravemente la seguridad de la Nación,

de las instituciones y de los ciudadanos y ciudadanas, a cuyo respecto resultan insuficientes las

facultades de las cuales se disponen para hacer frente a tales hechos. En tal caso, podrán ser

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