México Actual

La crisis que se vivió en México a partir de 1982 marcó un punto inflexivo en la economía por dos razones: porque se interrumpieron cuatro décadas de crecimiento y la inflación alcanzó niveles que no se habían registrado antes, y porque se dio un giro drástico en el enfoque del desarrollo económico por parte del gobierno. Este giro se caracterizó por la redefinición del papel del Estado en la actividad económica y por la transformación de una economía sumamente regulada y protegida en una economía abierta y orientada hacia el mercado externo.

Los orígenes de la crisis se pueden encontrar tanto en causas internas como externas. Entre las primeras tenemos el modelo de la economía petrolizada al que condujo la política económica seguida del período 1976-1982, pues el privilegiar al sector energético productor del crudo provocó que la economía se volviera dependiente en grado extremo de esa actividad; a la vez, ello fue generando desequilibrios intra-sectoriales que llevaron a incrementar la deuda externa en forma considerable. A esto hay que agregar las causas externas: la caída de los precios internacionales del petróleo, con la consiguiente baja de ingresos por exportación de ese producto; el aumento de las tasas de interés internacionales y sus efectos sobre los pagos por el servicio de la deuda externa y, con la sincronización del ciclo de acumulación, la recesión de la economía internacional y su impacto negativo sobre el volumen y precios de las exportaciones no petroleras mexicanas

El ajuste estructural en América Latina la forma en que se usaron los ingresos del petróleo no permitió sentar las bases para un desarrollo sostenido. La falta de un programa industrial integral y el papel dominante del petróleo en las exportaciones totales hicieron que la economía se volviera muy sensible tanto a las variaciones del precio del petróleo como de las tasas de interés internacionales, dado el pesado servicio de la deuda externa. Además, la política de expansión de la producción petrolera, y el ritmo al que se llevó a cabo la expansión de la capacidad productiva de este sector, significaron un rápido aumento de las importaciones de bienes de capital e intermedios. La combinación de todos los factores antes señalados generó un creciente desequilibrio de balanza de pagos, con el consiguiente aumento de la deuda externa. Tanto la amortización del principal como el pago del servicio hicieron impacto en las finanzas públicas, y se precipitó la crisis.

La inflación, que en 1979 era de 18,2%, para 1980 era de 28,7%, acelerándose en 1981, año en que se situó en 70%. A fines de 1982 llegó a 100%, en tanto que la meta del gobierno era del 75%. El panorama general fue bastante desalentador a partir de febrero de 1982, cuando sobrevino una devaluación del peso del 45%. Aunque se dictaron medidas drásticas para controlar los desequilibrios, la situación se complicó aún más. El proceso de crecimiento se interrumpió y el PIB tuvo un descenso del 0,5%; la inversión bruta disminuyó 18,7%; el desempleo abierto llegó casi al 10% a fines de 1982, y el peso registró nuevas devaluaciones, llegando a 150 pesos por dólar en diciembre de ese año. La especulación y la fuga de capitales se exacerbaron, de manera que en septiembre de ese año se instituyó el control generalizado de cambios y se nacionalizó la banca privada. La crisis de pagos obligó a México a iniciar negociaciones con el FMI para tener acceso a nuevos préstamos suscribiéndose a un nuevo convenio. Aunque ésta no fue la única carta de intención que México firmó con el FMI, (hubo otras como las de 1984 y 1985) los objetivos tuvieron a partir de entonces una gran similitud y continuidad en el mediano plazo.

PROGRAMAS ECONÓMICOS EN MÉXICO

En los programas de estabilización instrumentados (el PIRE y el PAC como en el PSE, PECE y PABEC. La aplicación de los mismos abarca cronológicamente tres períodos: el de 1982 a 1987, el de 1988 a 1994, y el último, que podríamos ubicar de 1995 a la fecha.

Una simple revisión a los programas y pactos de estabilización y ajuste estructural implementados en México desde 1982, como resultado de los convenios signados por el gobierno del país con el FMI, nos permiten confirmar la gran influencia que el neoliberalismo ha tenido en la política económica mexicana en las últimas décadas. El Programa Inmediato de Reordenación Económica (PIRE, 1982), el Programa de Aliento y Crecimiento (PAC, 1986), el Pacto de Solidaridad Económica (PSE, 1987), el Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico (PECE, 1988) y el Pacto para el Bienestar, la Estabilidad y el Crecimiento (PABEC, 1994); pueden ser definidos como auténticas cartas de navegación del gobierno mexicano para llevar a cabo la reestructuración económica y el cambio en el patrón de crecimiento en el país en apego estricto a los postulados neoliberales. Destacan las transformaciones en las políticas fiscal, monetaria, cambiaria, salarial y las estrategias implementadas para llevar a cabo la apertura comercial, la privatización y la desregulación de la actividad económica, impulsadas desde estos instrumentos. En tanto que los programas de ajuste estructural destacan la apertura comercial, la privatización y la desregulación de la actividad económica.

El pacto de estabilidad y crecimiento económico PECE es un acuerdo de 1988 promovido por el presidente de México Miguel de la Madrid con el objetivo de detener el incremento de los intereses, la inflación y la devaluación de la moneda. Este pacto fue reforzado en 1989 por el presidente Carlos Salinas de Gortari y fue exitoso al detener la inflación. El PECE fue un programa de emergencia ideado para crear las condiciones mínimas para el fortalecimiento de la economía, que buscaba corregir en lo inmediato las finanzas públicas y crear las condiciones para una recuperación a mediano plazo de la economía. En los hechos fue un programa recesivo que buscaba atacar las presiones inflacionarias “enfriando” la economía, a través de distintas acciones:

a) Austeridad en el gasto público para reducir el déficit presupuestario del gobierno;

b) Protección del empleo y la planta productiva;

c) Protección de los productos básicos;

d) Incremento de los ingresos públicos;

e) Política de crédito destinada a estimular la actividad productiva en los sectores prioritarios de tipo social;

f) Apertura de la economía hacia el exterior; y

g) Aliento a la inversión extranjera y renegociación

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