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PARA ENTEDER LOS GOBIERNOS ESTATALES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


Enviado por   •  30 de Noviembre de 2015  •  Resúmenes  •  4.416 Palabras (18 Páginas)  •  325 Visitas

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PARA ENTEDER LOS GOBIERNOS ESTATALES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 Desde los años 90, los gobiernos estatales han adquirido cada vez más importancia en la vida política nacional. No sólo han aumentado sus responsabilidades y recursos, sino que también han recuperado la autonomía que la Constitución siempre les otorgó, pero que la práctica política impidió que ejercieran a cabalidad. Más aún, la creciente competencia electoral y las demandas ciudadanas en aumento hacen que los gobiernos estatales mexicanos enfrenten nuevos desafíos tanto en su carácter de actores políticos como en el de agentes administrativos.

 El renovado protagonismo ha generado críticas al desempeño de los gobiernos, ha levantado dudas sobre la conveniencia de la actual distribución de recursos y ha llevado a decisiones que buscan reducir los márgenes de autonomía adquiridos en ciertas áreas.

 Los estados forman parte de una federación, el Estado mexicano y, aunque son libres y soberanos por definición, están sujetos a las normas impuestas por la Constitución federal. Además, los gobiernos estatales son instituciones legales que ejercen facultades y están limitados por normas específicas. Cada estado tiene una Constitución política propia que, si bien comparte muchos rasgos con el resto de las entidades federativas, otorga características particulares a la dinámica política local. Son también entidades de gobierno, con una estructura administrativa particular, que toman decisiones e implementan políticas públicas para atender las necesidades de los habitantes de cada estado. Los gobiernos estatales son asimismo actores políticos que interactúan cotidianamente con los poderes federales, los ayuntamientos, otros estados e incluso, gobiernos de otros países y organismos  internacionales. Estos vínculos, que la literatura especializada llama relaciones intergubernamentales, determinan en gran medida su capacidad de ejercer sus responsabilidades como gobierno.

 Estados unitarios y estados federales

Desde una perspectiva constitucional, los Estados nacionales pueden organizarse territorialmente de dos formas: estados unitarios o estados federales. Los estados unitarios cuentan con un solo órgano de gobierno central y aunque incluyan unidades administrativas sub nacionales (provincias o regiones), éstas dependen políticamente del gobierno nacional, quien toma las principales decisiones de gobierno y otorga los recursos públicos.

 En los arreglos federales, las partes constituyentes --es decir, los estados- son entidades políticas que se autogobiernan, pero, de igual forma son parte de una unidad  política mayor.

 La decisión de establecer una república federal se remonta al primer texto constitucional de México, el de 1824. Sin embargo, hay un precedente en la Constitución de Cádiz de 1812, que rigió en la Nueva España por un periodo breve. Esta constitución, a pesar de su limitada vigencia, dejó un legado importante, al crear las llamadas diputaciones provinciales, que fueron la primera forma de autogobierno (además de los ayuntamientos) para las regiones mexicanas.

 La Constitución de 1857 restableció el sistema federal, aunque hubo que esperar hasta el triunfo liberal en la guerra de Reforma y la expulsión de la invasión francesa para que la norma operara en la realidad. Incluso en ese escenario, la práctica política y el control absoluto ejercido por Porfirio Díaz durante tres décadas, volvieron nulo el principio federal, pues los gobernadores estaban claramente subordinados a la autoridad nacional. Tras la revolución, la Constitución de 1917 reafirmó el carácter federal de la república, pero, de nuevo, las relaciones de poder en la realidad dieron al gobierno nacional un predominio claro sobre los gobiernos estatales, primero por la situación de guerra que prevaleció hasta finales de los años 20 y, después (a partir de 1929 ), por el control que, por medio del partido oficial, el Partido Nacional Revolucionario, antecesor del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el presidente ejercía sobre los gobernadores.

 Así, durante buena parte del siglo xx, los gobiernos estatales funcionaron como agentes políticos del gobierno nacional. El régimen político posrevolucionario depositaba en el presidente de la república autoridad formal sobre el gobierno nacional, pero también autoridad informal sobre los gobiernos estatales. El control ejercido desde el centro sobre las entidades federativas estaba basado, en gran medida, en la forma de operación del PRI -en el poder durante más de 70 años-, pues el presidente era el jefe real del partido y, por medio de él, podía influir en la selección de gobernadores y el desempeño cotidiano de los gobiernos estatales. De esta forma, el aparato partidista funcionó durante muchos años como mecanismo efectivo de control desde el centro sobre los estados.

 En la década de los años 80, diversos cambios en la política y la economía del país comenzaron a transformar, en la práctica, el federalismo mexicano. Las victorias de los partidos de oposición en las elecciones para ayuntamientos y legislaturas estatales significaron el fin del monopolio priísta y abrieron la puerta para futuros triunfos en las gubernaturas estatales.

 

Cuando el PRI perdió la presidencia de la república-, tuvo un impacto claro en casi todos los gobiernos estatales: estos dejaron de ser agentes del poder nacional y se consolidaron como espacios de gobierno autónomo, cuya legitimidad proviene de los procesos democráticos en cada estado y que no deben rendir cuentas ante el presidente sino ante los ciudadanos. El regreso del PRI a la presidencia en 2012 ha vuelto a modificar el patrón de relaciones entre los gobiernos estatales y el centro, pero el punto de partida es distinto: los márgenes de autonomía obtenidos en los últimos lustros no serán cedidos fácilmente por los poderes estatales. Un segundo efecto de este proceso de transición ha sido que, al haber mayor competencia política, hay más presiones ciudadanas sobre los gobiernos estatales, que deben atender demandas de mejor desempeño y mejores resultados de políticas públicas. En respuesta, los gobiernos han tenido que mejorar su capacidad administrativa y de gestión, y buscar más recursos (tanto de transferencias desde la federación como de ingresos propios), incluso por vía del endeudamiento, que ya ha generado problemas financieros en más de un estado.

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