Pandillas

En El Salvador las últimas tres décadas del siglo xx, marcan experiencias autoritarias y procesos dictatoriales, sumergido en una condición de pobreza, atraso, dependencia y subdesarrollo, lo cual en el presente conlleva a un sentir generalizado de una revalorización de la democracia, orientada a un fin en sí misma, como un verdadero estilo de vida, más que como un instrumento para alcanzar determinados objetivos, como ocurría en el pasado, la democracia debe plantearse como un régimen político que resuelva la forma de gobierno y la relación de la ciudadanía con el Estado, con énfasis en el cumplimiento de los derechos de la ciudadanía.

El debate sobre la transición de posguerra en El Salvador continúa abierto, a diecinueve años de iniciado este proceso. Uno de los aspectos cruciales de la discusión es la dimensión democrática de esta transición, en todo caso se pensó que si se daba, esta transición, debía ser necesariamente democrática, pero la realidad demostró que no se trataba de algo mecánico que nos conduciría a un régimen de estas dimensiones.

En cierto modo, El Salvador en los últimos tiempos debió perder la brújula en el tema del cumplimiento de los acuerdos de paz, ya que estos fueron suscritos como un requisito imprescindible para avanzar en los nuevos propósitos de la democratización social y política del país, pero a estas alturas existe un déficit en su cumplimiento según lo pactado en Chapultepec y Nueva York.

En ausencia de mejores condiciones democráticas, ha sido notable el aumento de los problemas que generaron el conflicto armado, el empobrecimiento de la mayor parte de la población es evidente, la responsabilidad social del estado fue reducida a su mínima expresión o sea el estado bajo el control de la clase empresarial.

Los últimos 20 años (1989-2009) estuvieron gobernados por el partido Alianza Republicana nacionalista (A.R.E.N.A) Y bajo la doctrina neoliberal comenzaron a implementar una serie de medidas antidemocráticas tales como el ajusté estructural, que propicio la reducción del gasto público en las áreas sociales y una serie de procesos de privatización que han generado un aumento en los niveles de desempleo y provocando un éxodo masivo de salvadoreños a otras partes del mundo y de manera particular hacia los Estados Unidos en busca del sueño americano.

El modelo económico implementado en 1989, con la llegada del presidente Alfredo Cristiani al poder, por medio del partido ARENA, comenzó toda una etapa de reformas neoliberales que condujeron al país a una polarización sin darle soluciones concretas a los problemas que dieron origen al conflicto armado.

Un aspecto de dichas políticas, es haber delegado las funciones del Estado a la clase empresarial, y esto ha provocado que durante los últimos 20 años se diera una ausencia completa de las funciones del Estado en resolver los problemas del país, como superar el analfabetismo que alcanza según datos oficiales del Ministerio de Educación del 25%; la falta de medicinas en los hospitales de la red pública, la falta de empleo, vivienda, alimentación.

Las medidas antidemocráticas de los últimos cuatro gobiernos desde (1989- 2009), establecieron una amplia brecha entre ricos y pobres, se generaron procesos de privatización en varias fases desde aquellos activos que no prestaban precisamente un bien público como las cementeras, los hoteles, puertos y aeropuertos y una segunda fase en la que se vendieron las empresas generadoras de energía eléctrica las telecomunicaciones y las pensiones, sigue estando en discusión la privatización del agua y la salud; también en el año 2001 se produjo el proceso de dolarización de la economía que benefició a las transnacionales y los sectores empresariales en detrimento de las mayorías que comenzaron a pagar los costos de la dolarización al incrementarse de manera vertiginosa el costo de la vida y una caída de los salarios.

Hay un elemento que adquiere gran trascendencia y que el proceso de transición democrática no ha logrado resolver es el problema de la exclusión social, la mala distribución de la riqueza, la falta de empleo, de una vivienda digna, educación; y que en los últimos años, ha provocado un auge mayor de la violencia en sus distintas manifestaciones en el seno de un orden social, que le da la espalda a la gran mayoría de la población en sus propios intereses.

Fenómenos como la violencia en todas sus formas se vieron florecer; se solucionó el conflicto armado pero los acuerdos de Paz en materia económica social no contemplaron reformas que permitieran una absorción de los militantes tanto del ejército nacional como del ejército guerrillero.

LA VIOLENCIA COMO MAXIMA EXPRESION EN EL PERIODO DE POSGUERRA

Indudablemente, el estigma más claro para la actualidad es el que dejó la guerra civil que atravesó El Salvador de 1980 a 1992. El sólo hecho de seguir llamando a la época actual como “posguerra” lleva implícita la idea de que está en gran parte relacionada con la guerra. Doce años de conflicto y alrededor de 75 mil muertos dejaron huella en las construcciones mentales y sociales de la población salvadoreña. Construcciones profundas que no se deshacen simplemente con discursos de paz y democracia.

El tema de la seguridad pública en El Salvador sigue manteniendo al igual que años anteriores mucha connotación y relevancia en los medios de comunicación, principalmente porque se trata de ver como el gobierno de Mauricio Funes, que llegó al poder político en el 2009 por el partido de izquierda el FMLN enfrenta el fenómeno delincuencial que se traduce en una herencia del pasado y de una deuda pendiente de los acuerdos de paz que pusieron fin al conflicto armado en El Salvador y que no resolvieron los problemas estructurales que lo generaron, como la exclusión social, la pobreza etc.

La magnitud del problema en El Salvador es alarmante ya que este tiene el índice de homicidios más alto de América Latina, según un estudio del Banco mundial señala que existe un 58% por cada 100,000 habitantes, comparados con 20 promedios para toda América Latina y por consecuencia el tema de seguridad está presente en la agenda de dicho organismo.

Los salvadoreños viven de cerca y a diario los costos directos de la violencia, pero más allá del trauma y sufrimiento de las víctimas, el crimen y la violencia conllevan costos económicos abrumadores. Para El Salvador los costos económicos totales los cita el estudio en $2,010 millones, equivalentes al 10.8% del PIB; esos costos son principalmente de salud. (Mundial, 2011)

Los datos en materia de seguridad pública con relación a la disminución de la violencia son poco alentadores en relación a años anteriores gobernados por ARENA el partido de derecha, pero la realidad

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