Politica Socia Universal
alva199219 de Octubre de 2014
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Política social universal, solidaria y eficiente
El reconocimiento universal de los derechos
económicos, sociales y culturales debe materializarse en
la provisión de “bienes de valor social”.11 La utilidad de
dichos bienes es tanto individual como colectiva, en
tanto permiten la participación de todos los ciudadanos
en los beneficios del desarrollo. Por este mismo motivo,
su exposición a los mecanismos de mercado requiere de
regulación pública (véase el capítulo 3).
El desarrollo y las políticas sociales en América
Latina y el Caribe no han llevado a un “Estado de
bienestar”, pues no se han alcanzado los niveles
esperados de universalidad, solidaridad, eficiencia e
integralidad. Los desafíos del futuro exigen, por lo tanto,
una política social más integrada, capaz de conjugar los
principios de universalidad, solidaridad y eficiencia,
articulada con las exigencias y posibilidades del
desarrollo económico, y que supere a la vez la
centralidad estatal. La integralidad de la política social
enfrenta conflictos entre lo deseable y lo posible, entre
objetivos sociales y económicos, entre prioridades
intertemporales, y entre óptimos sociales y eficiencia
microeconómica. Esto hace que la política social sea un
asunto esencial y simultáneamente político y
económico. Además del compromiso prioritario con los
sectores más desfavorecidos, la política social apunta al
objetivo más amplio de construir sociedades más
cohesionadas y equitativas, así como con mayor
confianza colectiva en el futuro.
a) Los principios de la política social
El principio de universalidad implica garantizar que
todos los ciudadanos reciban en cantidad y calidad
suficientes las protecciones consideradas fundamentales
para participar plenamente en la sociedad, dentro de las
posibilidades que permite el nivel de desarrollo de los
países y en el marco de los pactos fiscales establecidos en
cada uno de ellos. La universalidad no es incompatible
con la opción de adoptar criterios de selectividad que
establezcan la prioridad de la población pobre para
acceder a los recursos públicos requeridos para disponer
de servicios o garantías sociales. La selectividad no es
una política social, sino una condición para hacer más
eficaz la universalización, teniendo en cuenta la escasez
de los recursos públicos. Es más importante cuando la
pobreza está muy concentrada en grupos de población o
en espacios geográficos; por el contrario, cuando la
pobreza es más generalizada, las políticas de carácter
global resultan más idóneas.
La solidaridad implica una participación en el
financiamiento y en el acceso a las protecciones sociales
que sea diferenciada, según las capacidades económicas
o los niveles de riesgo de las personas. Así, el acceso de
los más pobres se logra a través de la progresividad del
gasto público y de la estructura tributaria y, en el caso de
las contribuciones obligatorias, de subsidios cruzados
entre diferentes estratos de ingresos y grupos de riesgo.
Por este motivo, debe preferirse el criterio de
equivalencia de carácter colectivo entre contribuciones y
beneficios recibidos, o sistemas que combinen la
aplicación de este criterio a nivel individual con
mecanismos de subsidios cruzados. La eficacia y
legitimidad de la solidaridad serán mayores cuanto más
universal sea el acceso a las prestaciones.
La eficiencia debe orientar la organización
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