REFORMA HACENDARIA

Varias son las promesas que el presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, han formulado para convencernos de las bondades de la iniciativa de Reforma Hacendaria entregada a la Cámara de Diputados para su discusión y aprobación.

Nos han dicho que si los legisladores federales la aprueban sin grandes modificaciones, el gobierno podría obtener ingresos adicionales por 240 mil millones de pesos, que entre otras cosas se emplearían para crear un sistema de seguridad social que incluiría un seguro de desempleo y una pensión universal para adultos mayores de 65 años.

Pregunto: ¿Puede darse el país estos lujos sociales cuando la economía nacional está en recesión —o desaceleración para que no se lea feo—, con expectativas o metas de crecimiento a la baja y con recursos insuficientes para cubrir las necesidades del sector público en 2014, a tal grado que la administración peñista echará mano del endeudamiento público?

¿A poco de verdad el gobierno federal está dispuesto a que todo aquel que pierda su empleo, como resultado de la crisis, reciba el equivalente a un salario mínimo mensual durante seis meses como máximo —además de capacitación—, mientras encuentra un nuevo trabajo? ¿O a pagar 1,092 pesos al mes a toda persona mayor de 65 años de edad que no tenga pensión del IMSS o el Issste y sus ingresos sean menores a 15 salarios mínimos?

Tales ofertas me parecen inverosímiles y tan vacuas como aquellas que aseguraban que con la privatización de Telmex bajarían las tarifas telefónicas; o las más recientes que se escuchan en la radio y la televisión en el sentido de que, si la Reforma Energética se aprueba, no sólo bajarán los precios de las gasolinas sino también las tarifas de luz que cobra la monopólica Comisión Federal de Electricidad.

Con la Reforma Educativa se publicitó que los profesores que no aprobaran las evaluaciones de desempeño dejarían de dar clases y serían reemplazados por otros que se ganarían su plaza en examen de oposición. Hoy sabemos que la Reforma no dio para tanto y que los maestros tendrán hasta tres oportunidades para acreditar sus conocimientos; y que si en la última tampoco lo consiguen, no serán despedidos sino reasignados a tareas administrativas.

También se prometió que con la Reforma Educativa —y la iniciativa de reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, por la cual se pretende sustituir el Fondo de Aportaciones de Educación Básica (FAEB) por el Fondo de Aportaciones de Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)— se acabaría la doble negociación salarial del SNTE con el gobierno federal y los gobiernos de los estados.

A decir de los gobernadores, que no están de acuerdo con esta reforma, eso no ocurrirá porque el gobierno federal sí negociará con el SNTE el aumento salarial, pero no las prestaciones adicionales, que los gobiernos estatales ya pagan a los profesores

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