Análisis de los procesos generales de la Participación Ciudadana

CONTENIDO

1.- Análisis de los procesos generales de la Participación Ciudadana.

2.- Defensa de la propiedad intelectual común.

3.- Régimen de Educación Bilingüe.

4.- Ley de demarcación y garantía del hábitat de los pueblos indígenas.

5.- Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas.

DESARROLLO:

1.- Análisis de los procesos de la Participación Ciudadana

Ante todo, Qué es la “Participación Ciudadana”:

En términos generales podemos definir la participación como el proceso mediante el cual la ciudadanía interviene individual o colectivamente, en las instancias de toma de decisiones sobre asuntos públicos que le afecten en lo político, social o económico. Objetivamente, La participación es un proceso social, dinámico, autónomo, activo, consciente y crítico que se propone la democratización del poder

Objetivo de la Participación Ciudadana:

El objetivo que persigue la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos no es otro, que darle contenido y ampliar la democracia (recordemos que democracia significa "gobierno del pueblo"), avanzando en lo que se conoce como "democracia participativa". En contraposición, cuando en un país sólo se practican algunas de las libertades básicas (voto cada cierto tiempo, libertad de expresión,...) podemos hablar de "democracia formal". En las sociedades complejas la participación persigue que los habitantes de un lugar sean más sujetos sociales, con más capacidad para transformar el medio en que viven y de control sobre sus órganos políticos, económicos y administrativos.

Elementos de la Participación ciudadana

1. Implica intervención de los individuos en actividades públicas.

2. Medio de socialización de la política. Permite la articulación del Estado con los sujetos sociales.

3. Se refiere a la intervención de particulares en actividades públicas en tanto portadores de determinados intereses sociales.

4. Interacción entre la comunidad y los diferentes niveles de gobierno en la búsqueda de soluciones a problemas que afectan directamente al colectivo.

Antecedentes de los procesos de la Participación Ciudadana en Venezuela:

Los elementos que han caracterizado la idiosincrasia política de los países latinoamericanos con relación a la participación ciudadana han sido casi similares en su concepción y práctica. No obstante, el caso de Venezuela ha sido bien particular y amerita profundos estudios científico-sociales que permitan darle distintas lecturas a dicho proceso.

La crisis política y económica por la que transitaba Venezuela durante el decenio de los ‘80 y parte de los ’90 generó un amplio debate en distintos sectores de la vida nacional, donde se reiteró que el modelo centralizado de gestión pública estaba sufriendo un agotamiento con graves consecuencias para el Estado. En este sentido, a nivel ejecutivo, el proceso de reforma estatal se inició con la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE) en el año 1986, cuyo proyecto “se inscribe formalmente en la necesidad de profundizar la democracia por la vía de la participación ciudadana, el aumento y mejoramiento de los servicios públicos”, en un contexto de gobernabilidad democrática asociado con la realidad económica, política y social reinante en el país para ese momento.

Venezuela también asumió la necesidad e importancia de promover una reestructuración de su aparato estatal, sus mecanismos de gestión pública y los criterios que regían su relación con la sociedad. Es así como se planteó la descentralización político-administrativa como una de las vías para lograrlo, debido a que “…la administración pública reproduce en su estructura y procesos, en su comportamiento, valores y relación con la sociedad, los desajustes del sistema político y su pérdida de dinamismo e incapacidad para dar adecuadas respuestas a las crecientes y heterogéneas demandas emanadas de la sociedad civil” (COPRE, 1988: 187).

Tomando en cuenta este referente, el proceso de descentralización en Venezuela estableció su piso jurídico-institucional con la aprobación y puesta en vigencia de sendos instrumentos legales donde se deja por establecido la importancia y necesidad de la participación ciudadana en el proceso de democratización del Estado, siendo los más representativos: la Ley Orgánica del Ambiente (1976), Ley Orgánica de Régimen Municipal (1978, reformada en 1984, 1988 y 1989), Ley Orgánica para el Ordenamiento Territorial (1983), Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Sector Público; Ley Orgánica de Ordenación Urbanística (1987), Ley de Licitaciones, Ley Orgánica de Justicia de Paz, Ley Orgánica para el Control de los Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles, Código Orgánico Procesal Penal, Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente, Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, entre otras.

En la década de los ’90 hubo un avance sustancial en la materia, debido a que la lucha de las organizaciones y/o movimientos de la sociedad civil, en especial las vecinales, clamaron por un proceso de democratización cuyo lema aludía a la necesidad de ir desde una democracia de partidos políticos a una democracia de ciudadanos de base.

También conviene señalar que, si bien el camino transitado en materia de descentralización ha sido importante, el proceso de participación ciudadana se encuentra escasamente desarrollado.

No obstante, la situación originada en la época de finales de los ´80 y comienzo de los ´90, por la acumulación de un conjunto de factores de tipo económico, político, social e institucional, fueron abonando la gestación de un Estado democrático corroído en su esencia, medios y fines; un modelo de país que

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