Claus Roxin

Desde hace varios meses y con ocasión de algunas condenas que se han proferido contra miembros de las Fuerzas Armadas, la prensa se ha venido refiriendo a una teoría desarrollada por Claus Roxin, sobre la que estarían edificadas esas sentencias.

Dado que el tema es muy técnico no había querido ocuparme de él en este espacio; pero como recientemente algunos de los columnistas más leídos de El Tiempo (dos de ellos abogados) han señalado que esa tesis conduce a sancionar inocentes, creo conveniente hacer algunas precisiones sobre la misma.

Un ejemplo de los casos a los que resulta aplicable tiene que ver con la orden impartida por la cúpula de un grupo guerrillero o paramilitar a todos sus hombres para dar muerte a un civil. La responsabilidad de quien la cumple es evidente; sobre el que la imparte siempre ha habido acuerdo en cuanto a la necesidad de sancionarlo, pero se discute la forma de hacerlo. Hay quienes recurren a la figura popularmente conocida como autor intelectual, pero tienen dificultades para defender esta postura porque, como quien emite la directriz no tiene contacto con el que la cumple, no resulta fácil demostrar que el autor actuó movido por la persuasión que sobre él ejerció aquél.

Otros piensan que quien hace el requerimiento debe responder por haberse valido de alguien (quien mata) como instrumento para cometer el crimen, lo que suele ser conocido con el nombre de autoría mediata; la solución también es discutible porque implica que la persona utilizada no responde, lo que en la hipótesis propuesta llevaría a la inaceptable impunidad del sicario.

Debido a las dificultades de esas propuestas teóricas, Roxin desarrolló un planteamiento que permite castigar no sólo a quien de manera genérica pide a sus subalternos cometer un delito, sino a quien efectivamente lo perpetra. Para que ese resultado sea posible, no sólo debe probarse la emisión de la orden, sino que también es necesario demostrar la existencia de una organización criminal que puede serlo de manera integral, como ocurre con los grupos guerrilleros o paramilitares, pero que también puede coexistir dentro de una institución legítima. Si al interior de las Fuerzas Militares un grupo de sus integrantes toma la decisión de conformar escuadrones de la muerte, eso los convierte a ellos (no al Ejército como cuerpo armado constitucionalmente reconocido) en un grupo al margen de la ley.

Esa estructura de poder con fines delictivos permite responsabilizar a quien solicita la comisión de delitos sin necesidad de probar que directamente convenció a quien los ejecuta (la instrucción no va dirigida a nadie en particular), y este último deja de ser considerado como un simple instrumento ajeno a la responsabilidad penal. Precisamente por superar las críticas que enfrentan las otras teorías, esta de Roxin (no exenta de críticas) ha ganado muchos adeptos en el mundo.

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