Las Enmiendas

Que la Constitución de la República prescribe en el artículo 441 que se

puede realizar la enmienda de uno o varios artículos de la Constitución

cuando no se altere su estructura fundamental, el carácter y elementos

constitutivos del Estado, no se establezca restricciones a los derechos y

garantías y no se modifique el procedimiento de reforma de la

Constitución;

Que según el artículo 3 de la Constitución es un deber del Estado

reforzar el funcionamiento de la institucionalidad para la efectiva

consecución de los objetivos constitucionales hacia el Buen Vivir;

Que de conformidad con el artículo 441 de la Constitución, para la

aprobación de la enmienda se requiere el respaldo de las dos terceras

partes de los miembros de la Asamblea Nacional;

Que es necesario fortalecer las garantías jurisdiccionales establecidas

en la Constitución, evitando su deslegitimación;

Que es necesario precisar el ámbito de la convocatoria a consulta

popular en los diferentes niveles de gobierno, esto es, a nivel del Estado

Central y Gobiernos Autónomos Descentralizados;

Que el artículo 25 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y

Políticos dispone que todos los ciudadanos gozarán sin restricciones

indebidas los derechos a participar en la dirección de los asuntos

políticos, directamente o por medio de representantes libremente

elegidos; a votar y ser elegidos en elecciones mediante sufragio

universal e igual y por voto secreto y a tener acceso en condiciones

generales de igualdad a las funciones públicas de su país;

Que el artículo 61 numeral 1 de la Constitución de la República

determina que las y los ecuatorianos tienen el derecho a elegir y ser

elegidos;

Que la Constitución del Ecuador en el artículo 3 numeral 8 establece

como deber del Estado garantizar la seguridad integral, para lo cual se

requiere la colaboración y coordinación de la Policía Nacional y de las

Fuerzas Armadas para asegurar la convivencia pacífica de las personas,

promover una cultura de paz y prevenir formas de violencia y

discriminación y la comisión de infracciones y delitos;

Que la Constitución en el artículo 34 y 3 numeral 1 establece como deber primordial del Estado garantizar sin discriminación el goce del

derecho a la seguridad social para sus habitantes como un derecho

irrenunciable de todas las personas y, en consecuencia, es oportuna

una enmienda para garantizar los derechos de los jubilados de la Policía

Nacional y las Fuerzas Armadas;

Que la Constitución de la República en su artículo 211 establece que la

Contraloría General del Estado es un organismo técnico encargado del

control de la utilización de los recursos estatales;

Que la Constitución de la República en el artículo 214 determina que la

Defensoría del Pueblo tiene como misión velar por la protección de las

personas, por lo que, es necesario realizar una enmienda para facilitar

su mejor organización administrativa en favor de la ciudadanía;

Que para alcanzar la igualdad material entre los servidores públicos

garantizada por el artículo 66 numeral 4 de la Constitución de la

República, es necesario unificar en un solo cuerpo normativo los

derechos de las y los obreros del sector público; y,

Que la Constitución de la República en el artículo 261 numeral 6

establece que el Estado Central tiene competencias exclusivas, entre

otras, sobre las políticas de educación y salud; por lo que es necesario

evitar duplicar acciones con los Gobiernos Autónomos Descentralizados

y delimitar

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