Martha Nussmag

Introduccion:

Tres años y tres meses del actual gobierno solo han traído malas nuevas en la lucha contra la delincuencia. Las aparatosas apariciones mediáticas, las estadísticas improbables y la obcecación frente a la crítica no pueden ocultar lo evidente: los peruanos debemos asignar cada vez más tiempo y recursos propios a protegernos de la creciente amenaza de la criminalidad. Así, más allá de las continuas declaraciones optimistas y de los buenos deseos, los datos sugieren que el Estado ha abandonado su función primordial de protección del ciudadano.

Contenido:

La inseguridad ciudadana es la primera preocupación de los peruanos, con una altísima percepción de que en cualquier momento puede ser víctima de un acto delincuencial; en segundo lugar, se ubica la corrupción.

Según Transparencia Internacional, en su Informe Anual de 2012, el índice de percepción de corrupción coloca a nuestro país entre los más corruptos de América, ocupando el puesto mundial 83 de 176 países. Por tanto, constituye uno de los principales problemas estructurales que obligan a toda la sociedad a reflexionar y aunar esfuerzos para consensuar estrategias de lucha frontal contra la corrupción.

La VII Encuesta Nacional sobre Percepción de Corrupción en el Perú 2012, elaborada por Ipsos Apoyo por encargo de Proética, determinó que el índice de corrupción era del 47% y las instituciones más corruptas el Poder Judicial, con el 56%; la Policía Nacional, con el 52%, y el Congreso de la República, con el 47%.

La tolerancia hacia la corrupción, medida a partir de las actitudes hacia diversas situaciones, indica que la mayoría de los entrevistados se mostraron tolerantes hacia actos de corrupción, mientras que un tercio evidenció un “rechazo definido”.

Según el estudio, el porcentaje de personas a las que se les solicitaron coimas pasó del 8% al 15% de 2010 a 2012. De este grupo, solo el 9% denunció el caso de corrupción, por principios y valores; los que no denunciaron adujeron que no querían hacerse más problemas y que las denuncias no servían para nada. Frente a esta realidad, ¿cuál debe ser la actitud del ciudadano?, lógicamente de rechazo a cualquier pedido o insinuación de “coima” para una gestión o resultado que se pretende alcanzar, y si fuera posible, denunciar el hecho ante la autoridad competente.

Conclusiones:

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