Plan De San Luis

Plan de San Luis

El Plan de San Luis fue un manifiesto promulgado el 5 de octubre de 1910 por Francisco I. Madero, líder del movimiento revolucionario mexicano y candidato presidencial por el Partido Nacional Antirreeleccionista. El documento convocaba a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910 para derrocar el porfiriato y establecer elecciones libres y democráticas, también se comprometía a restituir a los campesinos las tierras que les habían sido arrebatadas por los hacendados.2Aunque se redactó en San Antonio, Texas, fue fechado el 5 de octubre —último día que Madero estuvo preso en prisión de lecumberri a fin de evitar conflictos con el gobierno de los Estados Unidos.

Muy pronto llegaron a la Ciudad de México las copias del Plan de San Luis, la prensa capitalina informaba del desarrollo de un complot.3 El 18 de noviembre de1910, fue descubierta una conspiración contra Díaz en la ciudad de Puebla, la conjura era dirigida por Aquiles Serdán, quien fue asesinado junto con su familia por la policía.

Sin embargo, como respuesta a la proclamación de Madero, en noviembre de 1910 comenzaron a surgir levantamientos armados a lo largo de México, que finalmente culminaron con la renuncia de Porfirio Díaz, el triunfo de Madero en las elecciones presidenciales de 1911, así como en la Revolución mexicana, que duraría alrededor de una década y cobraría la vida de cientos de miles de mexicanos.2

Antecedentes

En 1910 el Partido Nacional Antirreeleccionista eligió como candidatos a la presidencia y vicepresidencia de México a Francisco I. Madero y a Francisco Vázquez Gómez, respectivamente. Ratificando la alianza con el Partido Nacionalista Democrático.5 Se consideraba que la mancuerna era adecuada ya que Madero era popular y Vázquez tenía un reconocido prestigio político.6 En junio, durante la gira de campaña —en la que fue frecuentemente obstaculizado por las autoridades— fue detenido por proteger a uno de sus oradores, Roque Estrada, acusado de incitar a la rebelión.5 La detención tuvo lugar en Monterrey, Nuevo León, al siguiente día Estrada se entregó esperando conseguir la libertad de Madero, pero sin obtener resultados. Ambos eran acusados de sedición, fomentar la rebelión e insultar a las autoridades. A finales del mes fueron trasladados a San Luis Potosí.

Con Madero en prisión se llevaron a cabo las elecciones primarias en junio y el 10 de julio las secundarias, declarándose triunfador indiscutible a Porfirio Díaz. El triunfo fue ratificado en septiembre por la Cámara de Diputados,7 después de rechazar un recurso de apelación, presentado por Madero y los antirrelecionistas, donde se solicitaba la anulación de las elecciones por considerarlas fraudulentas.3

Madero fue liberado bajo fianza y huyó a la ciudad de San Antonio, Texas e inició con sus colaboradores la redacción de un documento para convocar una lucha armada contra Díaz, para no tener repercusiones políticas con el gobierno estadounidense —que mantenía relaciones diplomáticas con México—, el documento fue fechado el 5 de octubre último día que pasó en la ciudad de San Luis Potosí.

Los términos del plan

El Plan de San Luis consistía en un llamado al pueblo mexicano a levantarse en armas —considerando agotados los recursos legales—, desconociendo la reelección de Díaz en el cargo, anulando las recientes elecciones y convocando a nuevos comicios, mientras tanto Madero asumiría la presidencia provisional. Además proclamaba el principio de la no reelección. Madero se comprometía a respetar las obligaciones gubernamentales contraídas antes de la revolución, a ser escrupuloso con el uso de los fondos públicos,3 así como también a restituir a los campesinos las tierras que les habían sido arrebatadas por los hacendados,2 por abuso de la Ley de Terrenos Baldíos.9

La fecha para dar inicio al levantamiento fue designada para el 20 de noviembre de 1910, a las seis de la tarde. El documento debería ser distribuido mientras tanto de forma discreta.3

“Conciudadanos:- No vaciléis pues un momento: tomad las armas, arrojad del poder a los usurpadores, recobrad vuestros derechos de hombre libres y recordad que nuestros antepasados nos legaron una herencia de gloria que no podemos mancillar. Sed como ellos fueron: invencibles en la guerra, magnánimos en la victoria”. —SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN—

San Luis Potosí, octubre 5 de 1910. Francisco I. Madero.

Consecuencias

Pronto llegaron a la Ciudad de México copias del Plan de San Luis, la prensa capitalina informaba del desarrollo de un posible complot.3 El 18 de noviembre de 1910 se descubrió una conspiración en contra de Díaz en la ciudad de Puebla. Esta conjura estaba dirigida por Aquiles Serdán. La casa de la familia Serdán fue sitiada por la policía y la milicia y después de unas horas de resistencia Serdán fue asesinado.

Aunque no se inició un verdadero movimiento el 20 de noviembre, como resultado de la convocatoria de Madero —pero sobre todo sus promesas de una reforma agraria— comenzaron a surgir levantamientos armados a lo largo de México en 1910, en el norte comandados por Pascual Orozco y Pancho Villa y en Morelos por Emiliano Zapata,10 cuyos triunfos militares finalmente culminaron con la renuncia de Porfirio Díaz, el triunfo de Madero en las elecciones presidenciales de1911, así como el inicio de la Revolución mexicana —una revolución de índole social—, que reclamaba una mejora en las condiciones de vida y de trabajo para las clases marginadas, como obreros y campesinos, que duraría alrededor de una década y cobraría la vida de cientos de miles de mexicanos.

MANIFIESTO A LA NACIÓN

Los pueblos, en su esfuerzo constante por que triunfen los ideales de libertad y justicia, se ven precisados en determinados momentos históricos a realizar los mayores sacrificios.

Nuestra querida patria ha llegado a uno de esos momentos: una tiranía que los mexicanos no estábamos acostumbrados a sufrir, desde que conquistamos nuestra independencia, nos oprime de tal manera, que ha llegado a hacerse intolerable.

En cambio de esa tiranía se nos ofrece la paz, pero es una paz vergonzosa para el Pueblo Mexicano, porque no tiene por base el derecho, sino la fuerza; porque no tiene por objeto el engrandecimiento y prosperidad de la patria, sino enriquecer a un pequeño grupo que, abusando de su influencia, ha convertido los puestos públicos en fuente de beneficios exclusivamente personales, explotando sin escrúpulos todas las concesiones y contratos lucrativos.

Tanto el Poder Legislativo como el Judicial están completamente supeditados al Ejecutivo; la división de los Poderes, la soberanía de los Estados, la libertad de los Ayuntamientos y los derechos del ciudadano, sólo existen escritos en nuestra Carta Magna; pero de hecho, en México casi puede decirse que reina constantemente la Ley Marcial; la justicia en vez de impartir su protección al débil, sólo sirve para legalizar los despojos que comete el fuerte; los jueces, en vez de ser los representantes de la Justicia, son agentes del Ejecutivo, cuyos intereses sirven fielmente; las Cámaras de la Unión no tienen otra voluntad que la del Dictador; los Gobernadores de los Estados son designados por él y ellos a su vez designan e imponen de igual manera las autoridades municipales.

De esto resulta que todo el engranaje administrativo, judicial y legislativo obedece a una sola voluntad, al capricho del General Porfirio Díaz, quien en su larga administración ha demostrado que el principal móvil que lo guía es mantenerse en el poder a toda costa.

Hace muchos años se siente en toda la República profundo malestar, debido a tal régimen de Gobierno, pero el General Díaz, con gran astucia y perseverancia, había logrado aniquilar todos los elementos independientes, de manera que no era posible organizar ninguna clase de movimiento para quitarle el poder de que tan mal uso hacía.

El mal se agravaba constantemente, y el decidido empeño del General Díaz de imponer a la Nación un sucesor y siendo este el Sr. Ramón Corral, llevó ese mal a su colmo y determinó que muchos mexicanos, aunque carentes de reconocida personalidad política puesto que había sido imposible labrársela durante 36 años de dictadura, nos lanzásemos a la lucha intentando reconquistar la soberanía del pueblo y sus derechos en el terreno netamente democrático.

Entre otros partidos que tendían al mismo fin, se organizó el Partido Nacional Antireeleccionista proclamando los principios de SUFRAGIO EFECTIVO y NO REELECCION, como únicos capaces de salvar a la República del inminente peligro con que la amenaza la prolongación de una dictadura cada día más onerosa, más déspota y más inmoral.

El Pueblo Mexicano secundó eficazmente a ese partido y respondiendo al llamado que se le hizo, mandó sus representantes a una Convención, en la que también estuvo representado el Partido Nacionalista Democrático, que así mismo interpretaba los anhelos populares.

Dicha Convención designó sus candidatos para la Presidencia y Vice-Presidencia de la República, recayendo esos nombramientos en el Sr. Dr. Francisco Vázquez Gómez y en mí, para los cargos respectivos de Vice-Presidente y Presidente de la República.

Aunque nuestra situación era sumamente desventajosa porque nuestros adversarios contaban con todo el elemento oficial, en el que se apoyaban sin escrúpulos, creímos de nuestro deber, para mejor servir la causa del pueblo, aceptar tan honrosa designación.

Imitando las sabias costumbres de los países republicanos, recorrí parte de la República haciendo un llamamiento a mis compatriotas.

Mis jiras fueron verdaderas marchas triunfales, pues por doquiera el pueblo, electrizado con las palabras mágicas de Sufragio Efectivo y No Reelección, daba pruebas evidentes de su inquebrantable resolución de obtener el triunfo de tan salvadores principios.

Al fin, llegó un momento en que el General Díaz se dió cuenta de la verdadera situación de la República y comprendió que no podría luchar ventajosamente conmigo en el campo de la Democracia y me mandó reducir a prisión antes de las elecciones, las que se llevaron a cabo excluyendo al pueblo de los comicios por medio de la violencia, llenando las prisiones de ciudadanos independientes y cometiéndose los fraudes más desvergonzados.

En México, como República democrática, el poder público no puede tener otro origen ni otra base que la voluntad nacional y ésta no puede ser supeditada a fórmulas llevadas a cabo de un modo fraudulento.

Por este motivo, el Pueblo Mexicano ha protestado contra la ilegalidad de las últimas elecciones, y queriendo emplear sucesivamente todos los recursos que ofrecen las leyes de la República, en la debida forma pidió la nulidad de las elecciones ante la Cámara de Diputados, a pesar de que no reconocía en dicho cuerpo un origen legítimo y de que sabía de antemano que no siendo sus miembros representantes del pueblo, sólo acatarían la voluntad del General Díaz a quien exclusivamente deben su investidura.

En tal estado las cosas, el Pueblo, que es el único soberano, también protestó de un modo enérgico contra las elecciones, en imponentes manifestaciones llevadas a cabo en diversos puntos de la República, y si éstas no se generalizaron en todo el territorio nacional, fue debido a la terrible presión ejercida por el gobierno, que siempre ahoga en sangre cualquier manifestación democrática, como pasó en Puebla, Veracruz, Tlaxcala, México y otras partes.

Pero esta situación violenta e ilegal no puede subsistir más.

Yo he comprendido muy bien que si el Pueblo me ha designado como su candidato para la Presidencia, no es porque haya tenido oportunidad de descubrir en mí las dotes del estadista o del gobernante, sino la virilidad del patriota resuelto a sacrificarse, si es preciso, con tal de conquistar la libertad y ayudar al pueblo a librarse de la odiosa tiranía que lo oprime.

Desde que me lancé a la lucha democrática sabía muy bien que el General Díaz no acataría la voluntad de la Nación, y el noble Pueblo Mexicano, al seguirme a los comicios, sabía también perfectamente el ultraje que le esperaba; pero a pesar de ello, el pueblo dió para la causa de la Libertad un numeroso contingente de mártires cuando estos eran necesarios, y con admirable estoicismo concurrió a las casillas a recibir toda clase de vejaciones.

Pero tal conducta era indispensable para demostrar al mundo entero que el Pueblo Mexicano está apto para la democracia, que está sediento de libertad y que sus actuales gobernantes no responden a sus aspiraciones.

Además la actitud del pueblo antes y durante las elecciones, así como después de ellas, demuestra claramente que rechaza con energía al gobierno del General Díaz y que si se hubieran respetado sus derechos electorales, hubiese sido yo el electo para Presidente de la República.

En tal virtud, y haciéndome eco de la voluntad nacional, declaro ilegales las pasadas elecciones y quedando por tal motivo la República sin gobernantes legítimos, asumo provisionalmente la Presidencia de la República, mientras el pueblo designa, conforme a la ley, sus gobernantes.

Para lograr este objeto es preciso arrojar del poder a los audaces usurpadores que por todo título de legalidad ostentan un fraude escandaloso e inmoral.

Con toda honradez declaro que consideraría una debilidad de mi parte y una traición al pueblo que en mí ha depositado su confianza, no ponerme al frente de mis conciudadanos, quienes ansiosamente me llaman, de todas parts del país, para obligar al General Díaz, por medio de las armas, a que respete la voluntad nacional.

El Gobierno actual, aunque tiene por origen la violencia y el fraude, desde el momento que ha sido tolerado por el Pueblo, puede tener para las naciones extranjeras ciertos títulos de legalidad hasta el 30 del mes entrante en que expiran poderes; pero como es necesario que el nuevo gobierno dimanado del último fraude, no pueda recibirse ya del poder, o por lo menos se encuentre con la mayor parte de la Nación protestando con las armas en la mano, contra esa usurpación, he designado el DOMINGO 20 del entrante Noviembre, para que de las seis de la tarde en adelante, todas las poblaciones de la República se levanten en armas bajo el siguiente

PLAN:

1o.- Se declaran nulas las elecciones para Presidente y Vice-Presidente de la República, Magistrados a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Diputados y Senadores, celebradas en Junio y Julio del corriente año.

2o.- Se desconoce al actual gobierno del General Díaz, así como a todas las autoridades cuyo poder debe dimanar del voto popular, porque además de no haber sido electas por el pueblo, han perdido los pocos títulos que podían tener de legalidad, cometiendo y apoyando con los elementos que el pueblo puso a su disposición para la defensa de sus intereses, el fraude electoral más escandaloso que registra la historia de México.

3o.- Para evitar hasta donde sea posible los trastornos inherentes a todo movimiento revolucionario, se declaran vigentes, a reserva de reformar oportunamente por los medios constitucionales, aquellas que requieran reforma, todas las leyes promulgadas por la actual administración y sus reglamentos respectivos, a excepción de aquellas que manifiestamente se hallen en pugna con los principios proclamados en este plan.

Igualmente se exceptúan las leyes, fallos de tribunales y decretos que hayan sancionado las cuentas y manejos de fondos de todos los funcionarios de la administración porfirista en todos sus ramos: pues tan pronto como la revolución triunfe se iniciará la formación de comisiones de investigación para dictaminar acerca de las responsabilidades en que hayan podido incurrir los funcionarios de la Federación, de los Estados, y de los Municipios.

En todo caso serán respetados los compromisos contraídos por la administración porfirista con gobiernos y corporaciones extranjeros antes del 20 del entrante.

Abusando de la ley de terrenos baldíos, numerosos pequeños propietarios, en su mayoría indígenas, han sido despojados de sus terrenos, ya por acuerdos de la Secretaría de Fomento, o por fallos de los tribunales de la república.

Siendo de toda justicia restituir a sus antiguos poseedores los terrenos de que se les despojó de un modo tan arbitrario, se declaran sujetos a revisión tales disposiciones y fallos y se exigirá a los que los adquirieron de un modo tan inmoral, o a sus herederos, que los restituyan a sus primitivos propietarios, a quienes pagarán también una indemnización por los perjuicios sufridos.

Sólo en el caso de que esos terrenos hayan pasado a tercera persona antes de la promulgación de este plan, los antiguos propietarios recibirán indemnización de aquellos en cuyo beneficio se verificó el despojo.

4o.- Además de la Constitución y Leyes vigentes, se declara ley suprema de la República el principio de No-Reelección del Presidente y Vice-Presidente de la República, Gobernadores de los Estados y Presidentes Municipales, mientras se hagan las reformas constitucionales respectivas.

5o.- Asumo el carácter de Presidente Provisional de los Estados Unidos Mexicanos, con las facultades necesarias para hacer la guerra al Gobierno usurpador del General Díaz. Tan pronto como la capital de la República y más de la mitad de los Estados de la Federación estén en poder de las fuerzas del Pueblo, el Presidente Provisional convocará a elecciones generales extraordinarias para un mes después y entregará el poder al Presidente que resulte electo, tan pronto como sea conocido el resultado de la elección.

6o.- El Presidente Provisional antes de entregar el poder, dará cuenta al Congreso de la Unión del uso que haya hecho de las facultades que le confiere el presente plan.

7o.- El día 20 del mes de Noviembre, de las seis de la tarde en adelante, todos los ciudadanos de la República tomarán las armas para arrojar del poder a las autoridades que actualmente la gobiernan.

(Los pueblos que estén retirados de las vías de comunicación lo harán desde la víspera).

8o.- Cuando las autoridades presenten resistencia armada, se obligará por la fuerza de las armas a respetar la voluntad popular; pero en este caso las leyes de la guerra serán rigurosamente observadas, llamándose especialmente la atención sobre las prohibiciones relativas a no usar balas expansivas, ni fusilar a los prisioneros. También se llama la atención respecto al deber de todo mexicano de respetar a los extranjeros en sus personas e intereses.

9o.- Las autoridades que opongan resistencia a la realización de este plan, serán reducidos a prisión para que se les juzgue por los tribunales de la República cuando la revolución haya terminado. Tan pronto como cada ciudad o pueblo recobre su libertad, se reconocerá como autoridad legítima provisional, al principal Jefe de las armas, con facultad para delegar sus funciones en algún otro ciudadano caracterizado, quien será confirmado en su cargo o removido por el Gobernador Provisional.

Una de las primeras medidas del gobierno provisional será poner en libertad a todos los presos políticos.

10o.- El nombramiento de Gobernador Provisional de cada Estado que haya sido ocupado por las fuerzas de la revolución, será hecho por el Presidente Provisional. Este Gobernador tendrá estricta obligación de convocar a elecciones para Gobernador Constitucional del Estado tan pronto como sea posible, a juicio del Presidente Provisional.

Se exceptúan de esta regla los Estados que de dos años a esta parte han sostenido campañas democráticas para cambiar de gobierno, pues en éstos se considerará como Gobernador Provisional al que fue candidato de el pueblo, siempre que se adhiera activamente a este plan.

En caso de que el Presidente Provisional no haya hecho el nombramiento de Gobernador, que este nombramiento no hubiera llegado a su destino o bien que el agraciado no aceptare por cualquier circunstancia, entonces el Gobernador será designado por votación entre todos los Jefes de las Armas que operen en el territorio del Estado respectivo, a reserva de que su nombramiento sea ratificado por el Presidente Provisional tan pronto como sea posible.

11o.- Las nuevas autoridades dispondrán de todos los fondos que se encuentren en las oficinas públicas, para los gastos ordinarios de la administración y para los gastos de la guerra, llevando las cuentas con toda escrupulosidad. En caso de que esos fondos no sean suficientes para los gastos de la guerra, contratarán empréstitos, ya sean voluntarios o forzosos. Estos últimos sólo con ciudadanos o instituciones nacionales.

De estos empréstitos se llevará también cuenta escrupulosa y se otorgarán recibos en debida forma a los interesados, a fin de que al triunfar la revolución se les restituya lo prestado.

Transitorio. A.- Los jefes de fuerzas voluntarias tomarán el grado que corresponda al número de fuerzas a su mando. En caso de operar fuerzas militares y voluntarias unidas, tendrá el mando de ellas el jefe de mayor graduación, pero en caso de que ambos jefes tengan el mismo grado, el mando será del jefe militar.

Los jefes civiles disfrutarán de dicho grado mientras dure la guerra, y una vez terminada, esos nombramientos, a solicitud de los interesados, se revisarán por la Secretaría de Guerra que los ratificará en su grado o los rechazará, según sus méritos.

B.- Todos los jefes, tanto civiles como militares, harán guardar a sus tropas la más estricta disciplina; pues ellos serán responsables ante el Gobierno Provisional de los desmanes que cometan las fuerzas a su mando, salvo que justifiquen no haberles sido posible contener a sus soldados y haber impuesto a los culpables el castigo merecido.

Las penas más severas serán aplicadas a los soldados que saqueen alguna población o que maten a prisioneros indefensos.

C.- Si las fuerzas y las autoridades que sostienen al General Díaz fusilan a los prisioneros de guerra, no por eso y como represalia se hará lo mismo con los de ellos que caigan en poder nuestro; pero en cambio, serán fusiladas dentro de las veinticuatro horas y después de un juicio sumario, las autoridades civiles o militares al servicio del General Díaz, que una vez estallada la revolución hayan ordenado, dispuesto en cualquier forma, transmitido la orden o fusilado a alguno de nuestros soldados.

De esta pena no se eximirán ni los más altos funcionarios; la única excepción será el General Díaz y sus ministros, a quienes en caso de ordenar dichos fusilamientos o permitirlos, se les aplicará la misma pena, pero después de haberlos juzgado por los tribunales de la República, cuando haya terminado la revolución.

En el caso de que el General Díaz disponga que sean respetadas las leyes de la guerra, y que se trate con humanidad a los prisioneros que caigan en sus manos, tendrá la vida salva, pero de todos modos deberá responder ante los tribunales de cómo ha manejado los caudales de la Nación y de cómo ha cumplido con la Ley.

D.- Como es requisito indispensable en las leyes de la guerra que las tropas beligerantes lleven algún uniforme o distintivo y como sería difícil uniformar a las numerosas fuerzas del pueblo que van a tomar parte en la contienda, se adoptará como distintivo de todas las fuerzas libertadoras, ya sean voluntarias o militares, un listón tricolor, en el tocado, o en el brazo.

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