AGUA POTABLE EN MEXICO

El agua en México

La cantidad de “oro azul” existente en el mundo es abundante: tres cuartas partes de la superficie terrestre están cubiertas por agua. El problema son las proporciones posibles de consumir: 97.5% es salada; 2.24% es dulce, congelada en los glaciares. Únicamente el 0.26% es posible de usar para consumo humano. Existen 1,700 millones de personas en el mundo que padecen escasez de dicho líquido; las regiones con menos agua son África y Medio Oriente. La más rica es América.

La zona con mayor cantidad de agua es el sureste, la cual concentra el 68%. Aquí se asienta el 23% de la población total. En el resto del país la situación es de escasez. Dentro de este panorama entre el 40 y 50% del agua se desperdicia por la mala calidad de la red abastecedora. Se calcula que hay 11 millones de mexicanos, de más de 105 millones, que no tienen acceso a este líquido y 24 millones que no tienen acceso a sistemas de alcantarillado. Del total de agua usada en México, la agricultura usa el 76% y de esa suma se pierde aproximadamente el 60%.

Los datos anteriores ponen de manifiesto una sobre explotación de los acuíferos de dimensión preocupante (de 653 acuíferos, 102 de lo más importantes están sobre explotados). CONAGUA estima que sólo 6% de ellos no están contaminados, mientras diversos investigadores, como Oscar Monroy, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) señalan que todos están contaminados. Esto genera un grave peligro de salud. La misma CONAGUA establece como la cuarta causa de mortalidad infantil las enfermedades diarreicas, ocasionadas en su mayoría por consumir agua contaminada.

Durante la pasada administración federal en el país (2000-2006), presidida por Vicente Fox, el primer mandatario federal no proveniente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en más de setenta años, el agua pasó a ser considerada como un asunto de seguridad nacional, es decir un bien estratégico para el desarrollo y la viabilidad de la nación. Sin embargo, desde las reformas constitucionales a la Ley de Aguas Nacionales, dicho recurso pasó de ser considerado un “asunto nacional” a un “bien económico”. Para 2004 se adicionó el concepto de “estratégico”, dice Hernández Gamundi, con lo que “el gobierno redujo la responsabilidad del Estado a la conservación del recurso, pero a partir de la idea de que para garantizarla, y dado que el Estado no es eficiente, la gestión de los servicios de agua potable y saneamiento debía ser privada” (Agua, p. 117).

Estas reformas se hicieron a pesar de que la Organización Mundial de Salud establece que el agua es “fundamental para la vida y la salud; y que la realización del derecho humano a disponer de agua es imprescindible para llevar una vida saludable (…); como derecho humano todas las personas deben tener agua suficiente, asequible, accesible, segura y aceptable para usos personales y domésticos (Agua, p. 116).” No obstante lo anterior, el gobierno del ex Presidente Fox abrió aún más la posibilidad de introducir capital privado en la gestión del agua, mediante la figura jurídica del Banco del Agua.

Esta instancia da la libertad para que la iniciativa privada gestione las operaciones de transmisión de derechos sobre el agua. Hasta ahora, sin usar este mecanismo se han realizado 4 mil 430 transmisiones de derechos, sobre todo en las cuencas que están sobreexplotadas, lo cual pasa a manos particulares alguna parte de la gestión (distribución, cobro, limpieza). El argumento para proseguir con la visión mercantilista del agua es que al comienzo de la administración de Fox, la CONAGUA estimó necesario una inversión anual de 30 mil millones de pesos, para poder cubrir los rezagos en el sector. Por ello, plantean funcionarios gubernamentales, es impostergable el aumento en las tarifas del agua. Lo que no enfatizan es el aumento al consumo de las industrias y el mejor aprovechamiento

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