CUERPO HUMANO

AGRARIA

La Defensa Pública Agraria y Pesquera orienta, asiste y asesora de manera gratuita, a todos los trabajadores del campo y de la pesca que soliciten sus servicios, incorporados en la actividad agrícola, pecuaria y/o avícola. Los defensores públicos agrarios, también tienen dentro de sus funciones: solicitar inspecciones, avalúos e informes de campo, estudios aerotécnicos y cualquier otra diligencia y/o práctica que sirvan de apoyo en la búsqueda de la solución del problema planteado por el usuario del servicio.

El mayor porcentaje de intervenciones realizadas por las Defensoras y Defensores Públicos fueron destinadas a atender soluciones de orden jurídico, mediaciones, redacción de documentos, aspectos que no requirieron la utilización de alguna instancia jurisdiccional.

Competencia en materia agraria y Pesquera

La Defensa Pública tiene como objeto orientar, asistir, asesorar y representar legalmente de manera gratuita, a las campesinas y campesinos, y a las pescadoras y pescadores artesanales, ante las autoridades jurisdiccionales y administrativas del Estado, por cualquier situación o requerimiento de carácter jurídico derivado de las actividades que realizan.

¿Quiénes pueden solicitar los servicios en materia Agraria y Pesquera?

Las trabajadoras y trabajadores del campo, así como las pescadoras y pescadores artesanales que necesiten defensa en los procedimientos administrativos o judiciales, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.

Entre las atribuciones de las Defensoras Públicas y Defensores Públicos en esta materia se destacan:

Solicitar inspecciones, avalúos, informes de campo y estudios agrotécnicos, impulsar la capacitación de los beneficiarios, asesorarlos sobre la creación de cooperativas destinadas a la actividad agraria y pesquera, y cualquier otra diligencia que sea necesaria para la solución del conflicto.

¿Cómo solicitar los servicios de una Defensora Pública o un Defensor Público?

Las trabajadoras y los trabajadores del campo, así como las pescadoras y pescadores artesanales que necesitan orientación, asistencia, asesoría y representación legal pueden acercarse a las sedes regionales de la Defensa Pública ubicadas en el ámbito nacional, donde de manera inmediata le será designada una Defensora Pública o un Defensor Público con esta competencia.

RELACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES DEL DERECHO AGRARIO CON LA AGRICULTURA SUSTENTABLE Y LOS MEDIOS LEGALES PARA ELIMINAR EL LATIFUNDIO COMO PROBLEMA AGRARIO

Las instituciones agrarias en uso de las atribuciones que les confiere el ordenamiento jurídico venezolano, en función de la preeminencia y necesidad de una agricultura sustentable y en particular de enfrentar los grandes desafíos, que día a día, resultan apremiante para el Estado Venezolano y el soberano, en virtud de la responsabilidad social y en especial si se trata de garantizar el bien común a la sociedad en general (el establecimiento de estrategias y planes para el desarrollo rural integral y sustentable, con la finalidad de dar cumplimiento a la garantía de la seguridad alimentaria de la población, lo que se define como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional, aunado a la capacidad de la población para adquirir lo requerido para su dieta diaria), y vistos los nuevos rumbos que se han venido dando en forma progresiva en cuanto a la agricultura debido al avance de la ciencia jurídica, encontrándose la humanidad en el alba de este nuevo siglo, y concibiéndose grandes cambios, donde la transición del derecho agrario resulta ser una disciplina de gran complejidad, en permanente cambio, con profundos y constantes movimientos evolutivos, aunque sin dejar de reconocer, algunos percances que pudieran llevarnos a la dilación de cualquier avance en pro de la agricultura si no se toman en cuenta ciertos factores que de otra manera logren incidir en ello.

Uno de los valores más difundidos en estos últimos años dentro de la conciencia jurídica nacional es el de la seguridad alimentaria. Este se encuentra constituido por una gama de principios generales, de alto contenido ético, incorporados en nuestro ordenamiento jurídico, además de poseer un carácter supremo en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela tal y como se encuentra previsto en los artículos 156 numeral 23 y 305, este último establece y obliga al estado venezolano el régimen socio-económico y de la función del Estado en la economía, a través del cual promueve una agricultura sustentable dándole así el auge esperado especialmente por los ciudadanos y ciudadanas,

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productores y campesinos venezolanos, conformando en un eficaz instrumento, cuyo impacto redefine las normas y los valores de la sociedad.

El derecho a la alimentación es un derecho fundamental. Al hablar de este derecho, nos referimos a la disponibilidad de alimentos en todo momento, al acceso de todas las personas a ellos, y al hecho de que estos alimentos deben ser nutricionalmente adecuados en términos de cantidad y variedad, además de aceptables para la población desde el punto de vista cultural, salud y económico.

El derecho a la seguridad alimentaria constituye una etapa superior del derecho

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