Constitucion Politica

INTRODUCCION

El presente trabajo tiene como premisa revisar, analizar, confrontar en forma general la constitución de la República de Colombia de 1991, siendo un trabajo asignado del curso académico Constitución Política y Derechos humanos, es por ello que debe verse desde diversos ángulos, tanto desde su origen y evolución en diferentes contextos tanto Histórico, Social, Político, y económico en la medida que lo permita la investigación.

La crisis que condujo a la expedición de la constitución de 1991 fue debido a la generalización de la violencia y la falta de legitimidad de las instituciones del Estado, en donde se produjo un caos a la sociedad colombiana y derivado de estas situaciones incontrolables, sumado con la incapacidad de resolver los problemas que llevo a la decisión de cambiar el orden constitucional.

La constitución de 1991 consagro en Colombia, un Estado Social de Derecho y con este, instituciones y criterios de innegable trascendencia política que han generado grandes cambios para la persona y la sociedad; en este sentido se destaca los diferentes aportes críticos y opiniones de Doctrinarios que expresan su parecer en cuanto a las reformas que fueron necesarias establecer en el ordenamiento Jurídico, sus debilidades y fortalezas para la cual hoy rige.

DESARROLLO

ARTÍCULO:

LA CORTE, DEFENSORA PROTAGÓNICA DE LA CONSTITUCIÓN

Álvaro Gómez Hurtado, Antonio Navarro y Horacio Serpa en el acto de cierre de la constituyente del 91.

La Corte Constitucional ha sido una de las instituciones que más ha contribuido a la puesta en marcha de la Constitución de 1991. A lo largo de sus casi 20 años de existencia, este tribunal ha tomado decisiones trascendentales que han cambiado el panorama de los derechos, de las relaciones entre los poderes públicos y de la vida política nacional. Algunos han criticado ese protagonismo pues consideran que la Corte se ha desbordado y que eso ha llevado a una perjudicial judicialización de la política. ¿Qué explica esta tendencia protagónica de la Corte Constitucional? ¿Qué tan buena ha sido para Colombia? Algunos elementos institucionales y políticos podrían servir para responder a estos difíciles interrogantes.

Los factores institucionales

En primer lugar, antes de que existiera la Corte Constitucional, Colombia ya tenía una larga tradición de control judicial de constitucionalidad. Desde 1910 se había reconocido la posibilidad de que se declarara la inconstitucionalidad de una ley. En segundo término, el acceso a la justicia constitucional en Colombia es muy fácil y poco costoso. Desde 1910 existe la acción pública, a través de la cual cualquier ciudadano puede pedir que se declare la inconstitucionalidad de cualquier ley, sin necesidad de ser abogado y sin ningún formalismo especial. La Constitución de 1991 creó también la acción de tutela, en virtud de la cual cualquier persona puede, sin ningún requisito especial, solicitar a cualquier juez la protección directa de sus derechos fundamentales. En tercer término, el diseño de la justicia constitucional en Colombia le confiere un enorme poder a la Corte.

Fuera de esos tres elementos propios del diseño institucional, también influyó el hecho de que el contenido de la Constitución de 1991 fuera particularmente progresista y generoso en la protección de derechos.

La Constitución de 1991 no fue el producto de una revolución triunfante, pero sí fue un intento por llevar a cabo un pacto de ampliación democrática, a fin de enfrentar la violencia y la corrupción política. En la Asamblea Constituyente tuvieron una participación muy importante fuerzas políticas y sociales tradicionalmente excluidas de la política electoral colombiana, que fue entonces muy pluralista, para los estándares electorales colombianos. Esto explica algunos de los contenidos progresistas de la Carta de 1991: la ampliación de los mecanismos de participación, la imposición al Estado de deberes de justicia social e igualdad y la incorporación de una rica carta de derechos y de nuevos mecanismos judiciales para su protección. Todo esto favoreció un activismo judicial en favor de los derechos de la persona, activismo que si bien no era imposible antes, tenía menos piso normativo en el anterior ordenamiento constitucional.

Los factores políticos

Un último factor que explica el activismo judicial progresista de la Corte es la crisis de la política en Colombia, que tiene dos aspectos: el deterioro del Congreso y en general de la representación política y la debilidad de los movimientos sociales y de los partidos de oposición.

El desencanto de los colombianos frente a la política ha llevado a ciertos sectores de la población a exigir del poder judicial respuestas a problemas que, en principio, deberían ser debatidos y solucionados, a través de la movilización ciudadana, en las esferas políticas. Este fenómeno no es exclusivo de nuestro país, pero en Colombia la debilidad de los mecanismos de representación política ha sido más profunda, lo cual ha posibilitado un mayor protagonismo de la Corte. Por otro lado, Colombia ha tenido una tradición histórica de movimientos sociales débiles, en comparación con otros Estados latinoamericanos. Además, la violencia ha incrementado considerablemente los costos y los riesgos de su accionar, pues muchos líderes y activistas han sido asesinados. Estos dos factores —debilidad histórica y riesgos crecientes— tienden a fortalecer el protagonismo judicial, y en especial el de la Corte. En efecto, si el acceso a la justicia constitucional es fácil y los jueces constitucionales tienden a adoptar posturas progresistas, es natural que muchos grupos sociales se sientan tentados a preferir el empleo de las estrategias jurídicas, en vez de recurrir a la movilización social y política, que tiene enormes riesgos y costos en Colombia.

Finalmente, el protagonismo de la Corte para desarrollar los componentes progresistas de la Constitución no hubiera sido necesario si las propias fuerzas políticas hubieran acometido tal tarea. Pero no ha sido así. Muchos de los actores sociales y políticos que dominaron la Asamblea Constituyente de 1991 se debilitaron, en forma considerable y rápida, en los años posteriores. Las fuerzas que han dominado el Congreso y el panorama electoral desde 1992, si bien no son claramente enemigas de la Constitución

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