Crisis Penitenciaria
maikelox13 de Septiembre de 2013
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Que es el poder judicial:
El Poder Judiciales ejercido por el Tribunal Supremo de Justicia y otros tribunales que se subdividen en Tribunales de Jurisdicción ordinaria: Las Cortes de Apelaciones, Tribunales Superiores, Tribunales de Primera Instancia y Tribunales de Municipio, y especial como la Corte Marcial, esto se fundamenta en la Constitución de la República, en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
El Tribunal Supremo de Justicia, es el máximo tribunal de Venezuela. Está formado por 32 Magistrados, el Magistrado presidente será un miembro de la Junta Directiva, que estará conformado por el Presidente o Presidenta de cada una de las Salas.
El Tribunal Supremo de Justicia, está conformado por siete salas, cada una de ellas conformada por 5 magistrados, con la excepción de la sala constitucional que se encuentra conformada por siete magistrados, las salas son: sala de casación civil, sala de casación penal, sala de casación social, sala político-administrativa, sala electoral, existe también la sala plena, la cual está conformada por los 32 magistrados.
Sus miembros son elegidos por la Asamblea Nacional, por un periodo de 12 años, sin derecho a reelección.
La crisis del sistema judicial venezolano
En el contexto de un cuestionamiento generalizado de las instituciones del sistema político venezolano, el sistema judicial ha sido objeto de las más acérrimas críticas acompañadas de reiterados reclamos para su reforma. "No hay duda de que el país necesita acometer el problema que representa el desprestigio en que está sumido el Poder Judicial, tanto desde el punto de vista de su idoneidad jurídica como desde el punto de vista ético." En efecto, es urgente llenar el vacío ocasionado por la crisis en el sistema judicial. En un nivel, la crisis surge debido a la sobrecarga de los tribunales. En otro... a causa de su alto costo... Pero en el nivel más importante, surge porque la gente no confía en el sistema legal.
Es preciso "reducir los costos y la pérdida de tiempo para las partes ... proporcionar foros accesibles ... facilitar la solución rápida de conflictos dañinos para la comunidad o para las vidas de las familias ... aumentar la satisfacción del público con el sistema judicial ... promover soluciones adecuadas a las necesidades de las partes y aumentar la tasa de cumplimiento voluntario ... enseñar al público a probar procesos más eficaces que la violencia o el litigio para resolver sus diferencias ... y restituir la influencia de los valores vecinales y locales y la cohesión de las comunidades".
Además, resulta indispensable ofrecer a los sectores de bajos ingresos, particularmente aquellos que carecen de acceso a la justicia del Estado, no solamente métodos flexibles para resolver conflictos, sino también procedimientos que excluyan la arbitrariedad y el autoritarismo y promover el desarrollo de actitudes y valores sociales democráticos positivos, tales como la iniciativa, la participación, la potenciación y la solidaridad.
Estas citas expresan algunas de las principales preocupaciones respecto de la administración de la justicia en Venezuela. Lo notable, sin embargo, es que los últimos tres autores no se refieren a este país sino a lugares tan disímiles como África de Sur, Estados Unidos de América y Ecuador. De hecho, diagnósticos similares e intentos de hallar alternativas de solución se encuentran en numerosas sociedades en todos los continentes.
Semejante constatación no redime al sistema judicial venezolano, cuyas deficiencias revisten proporciones monumentales: basta recordar que aproximadamente 85% de la población carece de acceso a una justicia que percibe como ajena, hostil, impagable e incomprensible, que hay unos 20.000 reclusos y decenas de miles de expedientes esperando sentencia y que todo contacto
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