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Educacion


Enviado por   •  16 de Abril de 2015  •  384 Palabras (2 Páginas)  •  111 Visitas

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I Delimitación del Sector Público

1) Categorías de entidades públicas

En una primera aproximación, distinguimos dos categorías de entidades públicas, atendiendo a su naturaleza, actividad y fuentes de financiación:

Organizaciones de tipo comercial, industrial o financiero, cuyos recursos proceden, en su mayoría, de la venta de sus productos o prestación de servicios; a este tipo de entidades se le suele denominar sector público empresarial, y

Entidades públicas cuyo fin es la prestación de servicios a la colectividad a título gratuito o semigratuito, que llevan a cabo operaciones de redistribución de renta, y cuyos recursos provienen en su práctica totalidad del Estado u otras entidades públicas, que a su vez, los obtienen del resto de sectores de la economía nacional. Este conjunto de entidades está compuesto por las Administraciones Públicas (AAPP) de carácter central -Administración del Estado- y territorial -Comunidades autónomas y Corporaciones locales-. Una categoría especial merecerían los organismos de la Seguridad Social, asimilados a las AAPP al llevar a cabo prestaciones sociales y ser financiados mediante cotizaciones obligatorias. También pueden incluirse en este nivel los órganos constitucionales -Parlamento, Tribunal de Cuentas,...- .

2) Sector público empresarial

Para la primera categoría de entidades públicas, el resultado contable puede ser un buen indicador para determinar su eficiencia interna, sin olvidar las restricciones que, en ocasiones, les impone la Administración, así como el impacto social de su actividad, que puede entrar en conflicto con los objetivos de carácter financiero.

3) Administraciones Públicas

En el segundo caso, la eficacia de los servicios prestados y la correcta administración de los recursos disponibles, deberán valorarse, no por su cifra de resultados, sino por sus logros y su contribución a la satisfacción de las necesidades colectivas.

El carácter no lucrativo de su actividad y su forma de financiación, invalidan la medida del beneficio como indicador de gestión. En este caso, no bastará con analizar que se garantiza la legalidad presupuestaria y que los estados contables reflejan con fiabilidad la situación económico financiera de la entidad, sino que, además, será preciso evaluar la economía y eficiencia en el uso de los recursos y la eficacia en el cumplimiento de los objetivos.

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