El origen de la deuda externa colombiana

El origen de la deuda externa colombiana, como el de América Latina, estuvo en la necesidad de sostener los ejércitos y proveerlos de armas y equipos para enfrentar a los españoles. Dotado de plenos poderes para "fundar el crédito público sobre la base sólida y permanente...", Simón Bolívar designó en 1819 al granadino Francisco Antonio Zea, vicepresidente de la República, como agente extraordinario de Colombia ante el gobierno de los Estados Unidos y las cortes de Europa.

Zea firmó en 1820 un primer acuerdo con los representantes de los acreedores ingleses, reconociendo las obligaciones externas contratadas en la lucha de independencia, sobre todo por el venezolano Luis López Méndez. Posteriormente, en 1822, obtuvo Zea en París un nuevo crédito de 2 millones de libras esterlinas (10 millones de pesos), destinado en su mayoría a pagar la deuda pendiente. En 1823, el Congreso de Colombia, ante la dificil situación fiscal, autorizó al presidente Santander para contratar un nuevo empréstito por 30 millones de pesos, el cual fue negociado por Juan Manuel Arrubla y Francisco Montoya en 1824 y dio motivo a toda clase de críticas y polémicas. El empréstito no evitó que se presentara, apenas dos años después, otra profunda crisis fiscal, causada por los elevados gastos militares y los bajos ingresos tributarios, y agravada por la quiebra de la casa Goldschmidt, que había quedado encargada de levantar el empréstito y que todavía tenía en su poder parte de los recursos de éste.

Desintegrada Colombia en 1830, la deuda quedó congelada durante varios años; los pagos fueron suspendidos hasta que se definiera un reparto entre Ecuador, Venezuela y Nueva Granada, y por supuesto no era posible obtener nuevos créditos mientras la situación perdurara. En 1837, la Nueva Granada aceptó asumir la mitad de la deuda externa de Colombia, en un arreglo muy criticado, pues se basó en la población de cada país y no en sus exportaciones ni en su capacidad de pago. Al país le correspondió entonces una deuda de algo más de 30 millones de pesos, sobre la cual no se hizo un solo pago hasta 1845, lo que produjo que para este año la deuda total, incluidos los intereses pendientes, pasara de 35 millones.

Primer arreglo

En ese año de 1845, la administración de Tomás Cipriano de Mosquera celebró un convenio con los acreedores por medio del cual se comprometía a reasumir los pagos. La situación fiscal de Colombia era tan mala que el gobierno hubiera tenido que dedicar prácticamente todos los ingresos fiscales, que se acercaban a 2 millones de pesos, para pagar los intereses del 6% anual. Y el peso de la deuda era tal que representaba más de diez veces el valor de las exportaciones anuales.

Ante esta situación, que había impedido hacerles cualquier pago durante más de 15 años, los acreedores aceptaron reducir levemente el valor de la deuda y disminuir substancialmente los intereses, que quedaron en el 1% anual, tasa que aumentaría gradualmente hasta alcanzar el 6. A pesar de las condiciones más favorables de pago, el gobierno sólo logró pagar los intereses hasta 1853, cuando nuevamente suspendió los pagos por renovadas dificultades fiscales, creadas sobre todo por la reforma impulsada en 1850 por el secretario de Hacienda de José Hilario López, Manuel Murillo Toro. El logró la aprobación de una descentralización administrativa que cedió a las provincias rentas como diezmos, aguardientes y quintos de oro y plata, a cambio de que asumieran gastos como el de la educación. Además, la disminución de los aranceles de aduanas promovida por el anterior secretario de Hacienda, Florentino González, había reducido los ingresos substancialmente, y la eliminación del monopolio de tabaco había provocado una caída adicional de recaudos. Todo esto hizo que el gobierno incumpliera sus compromisos y dedicara todos los ingresos de aduana a sus gastos,

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