Integración 5

Miguel de la Madrid Hurtado

Político

Política Social

Para el gobierno de Miguel de la Madrid la política social fue de vital importancia durante su sexenio, dicho interés se manifestó en las tres reuniones realizadas para dar a conocer el presupuesto para el año de 1984, que en su mayoría estaba dedicado a la satisfacción de las necesidades de las clases mayoritarias del país, campesinos, obreros y sectores medios.

Por lo que los esfuerzos de la administración pública por atenuar los efectos de la crisis económica sobre el nivel de vida de la población mexicana fueron regidos por un planteamiento globalizador de  su política social y por la racionalización de la misma, en el marco del Sistema Nacional de Planeación. Durante 1984 se confirmó que pese a las limitaciones presupuestales impuestas por el programa de austeridad implantado por el gobierno de Miguel de la Madrid, se mantuvo y se mejoró la estructura institucional que pone en práctica la política social.

Sector campesino

El presidente Miguel de la Madrid el 20 de enero de 1984 realizó en el Salón de Recepciones del Palacio Nacional, una reunión de política social campesina entre funcionarios del gobierno federal y líderes campesinos, en ella participaron también los dirigentes de la Confederación Nacional Campesina, Campesina Independiente y Nacional de la Pequeña Propiedad, así como los titulares de la SSP, SARH, SRA, SCT, SECOFI, SEP, SSA, IMSS, Banrural Y Conasupo.

El objetivo de realizar dicha reunión fue el intercambio de impresiones entre el gobierno y las organizaciones populares. En esa misma tertulia el secretario de Programación  y Presupuesto Carlos Salinas de Gortari, recordó que el sector agropecuario y forestal eran prioritarios para la política económica del país, y dio a conocer los programas que se pondrían en marcha, los cuales fueron diseñados como respuesta a las peticiones de las organizaciones campesinas.

Anunció que el presupuesto asignado al sector rural para 1984 sobrepasaba por un billón de pesos al de 1983 y se refirió a 12 acciones que se pondrían en marcha y en las que sería ocupado ese dinero. Las cuales eran: alimentación y abasto de productos básicos, salud y saneamiento ambiental, educación y cultura, vivienda y agua potable, infraestructura básica, tenencia de la tierra y reparto agrario, organización, financiamiento y seguro agrícola, capacitación, asistencia técnica e investigación, insumos y sanidad vegetal y animal, protección y creación de empleo, comercialización y almacenamiento.

Mientras que el presidente Miguel de la Madrid pidió a sus colaboradores presentes en la reunión poner detalladamente la información de cada uno de los programas a disposición de la sociedad y de las organizaciones campesinas.

Y enumeró los ocho aspectos fundamentales que serían puestos en marcha en la política social campesina durante su sexenio:

1. El desarrollo rural integral.

2. La atención especial a la regularización de la tenencia de la tierra.

3. La modernización y la reestructuración de la administración pública agropecuaria.

4. Fomento de la productividad a partir de un diagnóstico franco de los problemas para emplear eficientemente los instrumentos del Estado.

5. Organización campesina

6. La vigilancia de la honradez en la aplicación de los recursos destinados al sector rural.

7. La superación de las desigualdades socioeconómicas entre el campo y la ciudad.

8. Y el Programa Nacional de Alimentación.

Finalmente el presidente Miguel de la Madrid reiteró la importancia de fortalecer las organizaciones campesinas por parte tanto del sector social como el privado, factor primordial para resolver la  problemática del campo.

Sector obrero

El 9 de febrero de 1984 se reunieron los titulares de ka STPS, SPP, SHCP, Secofi, Sedue, SEP, DDF e IMSS para dar a conocer todos los programas sociales que se pondrían en práctica para la protección del salario y el consumo obrero durante 1984.

El anuncio de estos programas para la protección del trabajo fueron de gran relevancia pues el deterioro del salario real por la inflación en 1983 y el reciente anuncio del salario mínimo para 1984, que no restituyo la pérdida, habían provocado malestar en el movimiento obrero y reclamos entre las organizaciones que constituían el Congreso del Trabajo.

Durante la reunión el secretario del Trabajo, Arsenio Farell Cubillas señaló que el gobierno buscaba reforzar al sector social de la economía a partir de propuestas del movimiento obrero y consolidar la alianza histórica entre los trabajadores y el gobierno.

Hizo mención de los seis programas más significativos que se pondrían en marcha, y que abarcaban los siguientes tópicos: empleo, capacitación y becas para hijos de trabajadores, apoyo al consumo de los trabajadores, promoción y consolidación de sociedades cooperativas, vivienda, recreación, cultura, deporte y fortalecimientote la seguridad y la justicia laboral.

Para finalizar la reunión el presidente Miguel de la Madrid pronunció un discurso en el que exclamó que “la institución del sindicalismo mexicano forma parte del orden constitucional y, en consecuencia, forma parte de la columna vertebral del país. El gobierno y las organizaciones sindicales pertenecen al mismo tronco, que es el de la Revolución Mexicana”.

Legislativo

Las siete tesis, un programa para el cambio de rumbo de México.

Las siete tesis de Miguel de la Madrid constituyeron los ejes centrales de su propuesta de gobierno. Se elaboraron a partir de las principales demandas recogidas durante la primera etapa de su campaña electoral para la Presidencia de la República. El 5 de enero de 1982, durante un mitin partidario en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (1), el candidato De la Madrid expuso un primer esbozo de las siete tesis, enumerándolas como sigue:

1. Nacionalismo revolucionario

2. Democratización integral

3. Renovación moral de la sociedad

4. Sociedad igualitaria

5. Planeación democrática

6. Desarrollo, empleo y combate a la inflación

7. Descentralización de la vida nacional

A lo largo de la campaña electoral, cada tesis fue desarrollada en discursos específicos, y cada una tuvo una expresión consistente durante su periodo presidencial en legislación, cambio institucional y políticas públicas. A continuación se enuncian las tesis en el orden cronológico en que fueron presentadas.

Renovación moral

El 7 de marzo de 1982, en Mérida, Yucatán, De la Madrid se refirió a la renovación moral señalando que "una sociedad que permite la generalización de conductas inmorales o corruptas es una sociedad que se debilita, es una sociedad que decae". Añadió que la corrupción en el sector público era la forma más intolerable de inmoralidad social. Exigir una conducta intachable en los altos mandos era indispensable, para que el mal ejemplo no cundiera entre sus subordinados. Propuso reformar leyes y sistemas de control, vigilancia e inspección, para evitar que los funcionarios públicos hicieran negocios desde sus cargos, se promovieran con recursos presupuestales o gozaran de prebendas indebidas; ofreció sanear los cuerpos de seguridad pública y el sistema de administración de justicia.

Su propia conducta personal como Presidente fue ejemplo de honestidad y austeridad republicana. Miguel de la Madrid mantuvo a su familia alejada de la política y de los puestos gubernamentales; una de sus primeras medidas fue reducir prestaciones a los mandos del sector público. Anteriormente, era frecuente que hasta un jefe de departamento tuviera coche y chofer pagados por el erario. Durante su sexenio, prohibió que las obras a inaugurar llevaran el nombre del Presidente de la República o de alguno de sus familiares. El gobierno debería estar en la primera línea de la renovación moral de la sociedad, afirmaba. En su libro El ejercicio de las facultades presidenciales, escribió: "Creo que la legitimación del poder público no solamente se da, como los autores clásicos lo señalan, por el origen del mandato, esto es, por las elecciones, o bien, por la eficacia en el cumplimiento de la función pública, sino también por la opinión que la sociedad tenga de la moralidad de los actos de gobierno". Durante todo su mandato, se tomó muy en serio su voluntad de predicar con el ejemplo.

Mediante una nueva Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, se desarrollaron los principios sobre responsabilidad política y administrativa establecidos en la Constitución; con ello se terminó la distinción entre "delitos y faltas oficiales" y "delitos comunes", que había facilitado la impunidad hasta entonces. La única nueva secretaría que creó De la Madrid fue la de la Contraloría General de la Federación que, aunque con cambios de nombre, sigue existiendo hasta el momento en que estas notas son escritas. La actual Secretaría de la Función Pública, desde sus orígenes, se encargó de vigilar e identificar las responsabilidades de los servidores públicos, y de aplicar sanciones en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal.

La renovación moral en la administración pública se encaminó más a la prevención que a la persecución. Se expidieron normas para evitar el nepotismo, se estableció un sistema de registro y seguimiento de la situación patrimonial de los servidores públicos y se tipificaron claramente sus delitos y faltas; se prohibió a los altos funcionarios la inversión en valores que pudiera implicar el uso de información

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