Características y estructura de un discurso académico

Liderazgo y participación política de las mujeres

INTRODUCCIÓN

Históricamente, el dominio masculino del poder político forjó las expectativas de la sociedad en torno al liderazgo presidencial. Incluso, después de que las mujeres pudieron participar legalmente en todos los niveles de la política electoral, la presidencia y diversos cargos públicos se mantuvieron durante décadas como un cargo político exclusivamente ocupado por hombres. Aunque, las mujeres comenzaron a ganar cargos legislativos a nivel subnacional y nacional, poco después de lograr los derechos de sufragio completo en las décadas de 1940 y 1950, no fue hasta los años noventa que una mujer ganó democráticamente una elección presidencial. Desde entonces, se ha impulsado enérgicamente la igualdad de género para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible. Por eso, uno de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 5) al 2030 es la igualdad de género. Esto implica fomentar el liderazgo y la participación política de las mujeres tanto en el ámbito local como mundial, es decir, no solo deben ser votantes, también deben ocupar puestos directivos. En otras palabras, deben ejercer su derecho a participar por igual en la gobernanza democrática para demostrar su indudable capacidad como líderesas y agentes de cambio. Sin embargo, aunque se han conseguido algunos avances durante las últimas décadas, su representación, por ejemplo, en los parlamentos nacionales es solo del 23,7% (ONU, 2023). Datos como estos, evidencian que es poca la representación de las mujeres en los diversos niveles de toma de decisiones del mundo. Por lo tanto, es fundamental responder la siguiente interrogante: ¿Realmente se ha logrado la suficiente participación y liderazgo de la mujer en el ámbito político? Ante esta disyuntiva, considero que la participación y liderazgo de las mujeres en cargos de representación política es insuficiente para lograr la ODS 5 al 2030. A continuación, desarrollaré tres argumentos que sustentarán mi postura.

ARGUMENTO 1

En primer lugar, la participación y liderazgo de las mujeres en cargos directivos gubernamentales es baja. Esto pese a que la meta común adoptada internacionalmente es lograr la participación política y distribución equilibrada del poder entre hombres y mujeres en la toma de decisiones. Las cifras evidencian que el objetivo está lejos de ser alcanzado, pues excluyendo a los países con sistemas basados en la monarquía, al 1 de enero de 2023, hay solo 31 países donde las mujeres se desempeñan como jefas de Estado (ONU Mujeres, 2023). Asimismo, solo el 22,8% de mujeres son miembros de Gabinetes, dirigiendo así Ministerios que lideran un área política. Específicamente, de 136 países, solo hay 13 países en los que las mujeres ocupan el 50% o más de los puestos de ministras del Gabinete que dirigen áreas políticas (Unión Interparlamentaria y ONU Mujeres, 2023). Cabe recalcar que las cinco carteras más ocupadas por ministras son Mujer e igualdad de género, Familia e infancia, Inclusión social y desarrollo, Protección social y seguridad social, y Asuntos indígenas y minorías (Unión Interparlamentaria, 2023). Entonces, por qué las mujeres no ocupan ministerios como el de Seguridad o Economía… Al ritmo actual, la igualdad de género en las más altas esferas de decisión no se logrará por otros 130 años.

ARGUMENTO 2

En segundo lugar, la participación y liderazgo de las mujeres en los parlamentos nacionales sigue siendo limitada. Esto se da, aun cuando, ellas han ido demostrando liderazgo político al trabajar por encima de las divisiones partidarias en grupos parlamentarios de mujeres -incluso en los escenarios políticos más agresivos- y al defender asuntos de igualdad de género como la eliminación de la violencia de género, licencias parentales y cuidado infantil, pensiones, leyes de igualdad de género y reforma electoral. Las cifras no mienten, es evidente que la mujer todavía está siendo relegada, pues únicamente el 26,5% de los escaños parlamentarios nacionales están ocupados por mujeres, porcentaje que aumentó desde el 11% registrado en 1995. A ello se suma que sólo seis países tienen un 50% o más de mujeres en el parlamento en cámaras bajas o parlamentos unicamerales: Ruanda (61%), Cuba (53 %), Nicaragua (52%), México (50%), Nueva Zelanda (50%) y Emiratos Árabes Unidos (50%). Otros 23 países han alcanzado o superado el 40%, entre ellos 13 en Europa, seis en África, tres en América Latina y el Caribe y uno en Asia. En todo el mundo, hay 22 Estados en los que las mujeres ocupan menos del 10% de los escaños en cámaras bajas o parlamentos unicamerales, incluida una cámara baja en la que no hay ninguna mujer. A ello se suma que las mujeres ocupan el 36% de los escaños parlamentarios en América Latina y el Caribe y constituyen el 32% de los parlamentos de Europa y América del Norte. En el África subsahariana hay un 26% de mujeres legisladoras, seguidas de Asia oriental y sudoriental, con un 22%; Oceanía, con un 20%; Asia central y meridional, con un 19%; y África septentrional y Asia occidental, con un 18% de parlamentarias. Con el nivel de avance actual, la igualdad de género en los cuerpos legislativos nacionales no se logrará antes de 2063.

ARGUMENTO 3

Finalmente, la participación y liderazgo de las mujeres en los gobiernos locales no logra las cifras esperadas. Esto, pese a que la evidencia firme y cada vez más numerosa demuestra que la presencia de mujeres líderes en los procesos de toma de decisiones políticas mejora dichos procesos. Por ejemplo, una investigación sobre los panchayats (consejos locales) de la India puso de relieve que el número de proyectos de abastecimiento de agua potable en zonas donde dichos consejos están liderados por mujeres era un 62% mayor que en el caso de aquellas cuyos consejos están liderados por hombres. Otro caso es el de Noruega, donde se encontró una relación de causalidad directa entre la presencia de mujeres en los consejos municipales y la cobertura de la atención infantil (Chattopadhyay y Duflo, 2004). Entonces, es necesario impulsar la participación de la mujer, aunque las cifras sean algo desalentadoras. Pues, en efecto, de 136 países las mujeres constituyen casi 3 millones (34%) de representantes en los cuerpos deliberativos locales. Solo en dos países se ha alcanzado el 50%, y en otros 20 países, más del 40% de mujeres en gobiernos locales. Incluso, se observan variaciones regionales en la representación de las mujeres en los órganos deliberativos locales, a partir de enero de 2022: Asia central y meridional, 41%; Europa y América del Norte, 36%; Oceanía, 32%; Asia oriental y sudoriental, 28%; América Latina y el Caribe, 25%; África subsahariana, 25%; Asia occidental y África del Norte, 18%. Por ello, insisto, con estas cifras estamos muy lejos de lograr la tan anhelada igualdad de género en gestión pública.

CONCLUSIÓN

En conclusión, alcanzar la igualdad de género en política para el 2030 es todavía una utopía. Ello debido a que los avances de participación y liderazgo de las mujeres en cargos directivos gubernamentales, parlamentos nacionales y gobiernos locales es bastante baja según datos al 2023. Por lo tanto, las mujeres siguen en pie de lucha para enfrentar los obstáculos a la hora de participar en la vida política, barreras estructurales creadas por leyes e instituciones discriminatorias que siguen limitando las opciones que tienen para votar o presentarse a elecciones. Estas brechas implican que las mujeres tienen menor probabilidad que los hombres de contar con la educación, los contactos

(1 punto)

INTRODUCCIÓN

Pese a los esfuerzos y a la implementación de estrategias de diversos organismos estatales, no hay una significativa disminución del embarazo en adolescentes en nuestro país. Durante los dos años de confinamiento, hemos presentado casos de violencia sexual y uniones forzadas, especialmente en adolescentes que requerían de orientación sobre su salud sexual y reproductiva. Solo en el 2020, el año más crítico de la pandemia en el Perú, 1.158 adolescentes menores de 15 años se convirtieron en madres, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2021). Frente a la necesidad de asumir la responsabilidad por los y las adolescentes en nuestro país, surgen una serie de ideas contrapuestas. Por un lado, se encuentra el sector conservador, quienes plantean que la implementación de la educación sexual integral (ESI) en los centros educativos incentiva a que los escolares inicien su vida sexual con celeridad; por otro lado, están quienes expresan que solo a través de la ESI se logrará que los adolescentes estén informados y tomen mejores decisiones sobre su bienestar en el ámbito sexual. Ante esta disyuntiva, considero que la educación sexual integral es una estrategia viable para reducir los embarazos adolescentes. En las siguientes líneas pasaré a sustentar mi postura.

Subraya la controversia

Tipo de tesis

Parafrasea la tesis

ARGUMENTO 1

La ESI aborda las diferentes problemáticas que aquejan a los adolescentes, sobre todo, a las mujeres. La salud sexual, también debe abordarse desde el marco de la ciencia con el objetivo de que la población juvenil sepa sobre las funciones biológicas de su cuerpo, los métodos anticonceptivos, los riesgos de iniciar una vida sexual temprana y aprendan a detectar situaciones de violencia. La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes, 2021) revela que, del 8,9% de embarazos registrados en mujeres de 15 a 19 años, solo el 33,6% culminó la primaria. La misma fuente señala que el 6,9% de las mujeres entre 15 a 49 años ha sufrido violencia física por parte de su esposo o compañero en los últimos 12 meses y, de esa cifra, el 1,8% reconoce haber sido abusada sexualmente por su pareja. Además, en el 2021, se perpetraron 146 feminicidios y 123 tentativas, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo. Estas cifras son alarmantes, pues denotan la poca importancia que el Estado le ha dado a la educación básica, donde los ciudadanos no solo aprendemos las áreas del conocimiento académico científico, sino que nos forja para ser mejores seres humanos.

Parafrasea la afirmación (1 punto)

ARGUMENTO 2

Las decisiones del Estado deben tomarse desde una perspectiva objetiva, científica y laica. Lamentablemente, muchos de los argumentos en los que se basan diferentes autoridades son de índole religiosa. Este tipo de prejuicios hace que se formulen proyectos de ley como los de la congresista Esdras Medina de Renovación Popular, quien propuso el proyecto de ley 904-2021-CR que busca que determinados grupos agremiados de padres de familia fiscalicen textos y materiales educativos sin tener requisitos técnicos y pedagógicos para el desempeño de tan importante tarea. Este tipo de acciones nos alejan del común denominador a nivel regional, pues como país estamos rezagados frente a México, Colombia, Argentina, Ecuador, Nicaragua y Uruguay. Todas estas naciones tienen leyes que promueven la educación sexual integral; mientras que nuestro país parece alejarse cada vez más de estas posibilidades. Por otro lado, los lineamientos de Educación Sexual Integral para la Educación Básica Regular (RVM-169-2021-MINEDU) fueron aprobados hace casi un año. En ese sentido, desde la sociedad civil,  el Inppares, ha promovido la primera red de docentes defensores de la ESI a nivel nacional, a fin de contribuir a través de ellos con el fortalecimiento de estudiantes, colaborando en su autoconocimiento, autocuidado, relacionamiento y sexualidad; ayudándoles a desenvolverse en un mundo en el que la violencia, las desigualdades basadas en género, los embarazos adolescentes no planificados, el VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS) continúan planteando graves riesgos para su salud y bienestar.

Parafrasea la afirmación (1 punto)