Chevron en Ecuador

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Carta abierta al pueblo del Ecuador (PDF, 102KB)

Texaco Petroleum (Texpet) era socio minoritario en una sociedad de exploración y producción hidrocarburíferos con Petroecuador, la petrolera estatal del Ecuador. La operación de producción se llevó a cabo principalmente en tierras de propiedad del gobierno y de conformidad con las leyes y normas ecuatorianas. Se produjeron aproximadamente 1,700 millones de barriles de petróleo crudo, de los cuales el gobierno del Ecuador recibió el 95 por ciento del beneficio económico total.

Al vencimiento de la concesión de 20 años de la sociedad, se sometieron el área y las instalaciones del antiguo consorcio a una auditoría bajo la supervisión del gobierno, la cual, aunada a otros datos oficiales, se constituyó en la base de un acuerdo conforme al cual se le exigía a Texpet que llevara a cabo la remediación de emplazamientos en proporción a su interés de participación de una tercera parte en la sociedad. Con ese fin, Texpet, bajo la supervisión del Gobierno del Ecuador, ejecutó un programa de remediación y obras públicas cuyo valor ascendió a US$40 millones. Las obras de remediación de Texpet fueron inspeccionadas a fondo, certificadas y aprobadas por el Gobierno del Ecuador; el cual liberó plena y cabalmente a Texpet de todos los reclamos u obligaciones futuros relacionados con las operaciones de Texpet en el Ecuador.

Los documentos que exoneraban a Texpet llevan la firma del Ministro de Energía y Minas, el Presidente de Petroecuador, y el Gerente General de Petroproducción--la división operativa de Petroecuador. Texpet no ha desempeñado papel alguno en las operaciones de exploración y producción en Ecuador desde 1992.

Por otra parte, Petroecuador, operador y propietario exclusivo de los campos hidrocarburíferos durante 15 años, nunca cumplió con su responsabilidad de remediar su parte de los emplazamientos de producción de la sociedad y, desde que Texpet se retiró del Ecuador, ha adquirido un récord atroz, bien documentado de negligencia y conducta ambiental indebida. La degradación ambiental existente hoy en día en Ecuador es el resultado de las operaciones deficientes de Petroecuador y de la falta de voluntad del gobierno ecuatoriano de financiar un proyecto de remediación adecuado.

Texaco se ha visto inmiscuida en una disputa legal que data de tiempo atrás, liderada por abogados litigantes a cuota litis, cuyas oficinas están en los Estados Unidos, los cuales trabajan en asocio con ONGs y activistas locales cuya meta consiste en sacarle a Chevron una exorbitante suma monetaria a la fuerza. Los intentos de estos abogados por llevar estos casos ante tribunales estadounidenses resultaron en una serie de sobreseimientos. En el más reciente, el juez falló que los abogados habían inventado los reclamos de salud de sus clientes. En ese caso, el juez describió la demanda como una pieza integral de un ardid de mayor magnitud contra la compañía. La controversia actual, sin embargo, se enmarca dentro de una demanda que han entablado estos mismos abogados en el Ecuador.

En 1999, siete años después de que cesara la participación de Texpet en las operaciones en Ecuador, el Gobierno del Ecuador promulgó un nueva ley ambiental - La Ley de Gestión Ambiental de 1999 (EMA) que da a entender que cualquier residente ecuatoriano puede entablar una demanda por indemnización ambiental en nombre de la colectividad. Mientras que el EMA de 1999 creó nuevos derechos sustantivos que no existían anteriormente, la nueva ley no puede utilizarse para recusar conductas previas al año 1999, conforme al Artículo 7 del Código Civil de Ecuador, que prohíbe expresamente hacer valer retroactivamente el derecho sustantivo ecuatoriano. No obstante ello, en el 2003 esos mismos abogados estadounidenses, que venían adelantando esta campaña desde 1993, entablaron una demanda contra Chevron en Ecuador tomando como fundamento dicha ley de 1999.

El pleito en Ecuador ha seguido el modelo típico de este tipo de demandas. Los abogados contrataron a un consultor para que se ideara un estimado de una astronómica obligación económica, que los demandantes han intentado utilizar para amedrentar a la compañía para que llegue a un acuerdo extrajudicial. El perito en cuestión apenas examinó brevemente un pequeño número de emplazamientos y no buscó establecer diferencias entre los daños causados por el consorcio Texpet/Petroecuador y el daño causado por Petroecuador durante los 15 años transcurridos desde que Texpet se retiró del Ecuador. Simultáneamente, los demandantes han montado una campaña de agresión continua contra la reputación de la compañía - incluyendo campañas en los medios, propuestas de accionistas, etc. - y se han fijado como meta presionar a la compañía para que llegue a un acuerdo, a la vez que se rehúsan a reconocer, el récord de deficiente manejo ambiental, cada vez peor, de Petroecuador y su renuencia a cumplir con sus obligaciones de limpieza.

A su favor, cabe reconocer

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