Deuda Externa Mexico

INSTITUTO TECNOLOGICO DE REYNOSA

MATERIA: ANALISIS DE LA REALIDAD NACIONAL

PROFESOR: LIC. DIONISIO AZUA MEDINA

TEMA: ORIGENES DE LA DEUDA EXTERNA DE MEXICO.

INTEGRANTES: SAENZ TORRES OSCAR

2°B

INGENIERIA INDUSTRIAL

La historia antigua de la deuda externa en México comienza con el nacimiento de la república en 1824, habiendo sido relatada y analizada en diversos trabajos que incluyen los estudios clásicos de Turlington y Bazant hasta una gama más reciente de ensayos históricos. De hecho, desde la independencia y durante gran parte el siglo XIX, la historia financiera y política de la república mexicana estuvo signada por el sino aparentemente fatal e ineluctable de la imposibilidad de pagar la deuda, lo que provocó la intervención militar europeo en México y la ocupación del país durante el Imperio de Maximiliano. Luego, vendrían las renegociaciones de la deuda y el regreso a los mercados de capitales en el Porfiriato, tema que también ha merecido un cierto número de estudios recientes.

Después del comienzo de la revolución mexicana, la situación financiera comenzó a complicarse y en 1914- en medio de las violentas luchas entre fracciones políticas- el gobierno federal suspendió pagos sobre la deuda externa. Para entonces, el valor nominal de la deuda pública consolidada era de aproximadamente 300 millones de dólares, al que había que agregar otros 300 millones de los bonos externos pagaderos en oro de la empresa paraestatal de Ferrocarriles Nacionales de México. El gobierno mexicano declaró una moratoria unilateral de pagos desde 1914 cuando, a raíz de la revolución, las arcas del Tesoro simplemente quedaron vacías. Durante las décadas siguientes se llevaron a cabo repetidas negociaciones con los banqueros (que representaban a los acreedores extranjeros) pero el monto de los pagos concedidos por el gobierno fue siempre insignificante.

La primera renegociación importante de la deuda externa después de la revolución tuvo lugar en 1922. Los principales personajes involucrados fueron el ministro mexicano de Hacienda, Adolfo de la Huerta, y Thomas Lamont, presidente del Comité Internacional de Banqueros en México. Este último organismo representaba a los inversores norteamericanos y europeos que habían adquirido bonos estatales antes de 1914, así como a los accionistas extranjeros de los Ferrocarriles Nacionales Mexicanos. En 1921 los banqueros habían ejercido una gran presión sobre el Departamento de Estado para que se tomasen medidas para el reconocimiento formal del gobierno mexicano postrevolucionario. A este reconocimiento se opusieron las compañías petroleras norteamericanas que exigían la intervención política y/o militar de los Estados Unidos para proteger sus intereses en Veracruz y Tampico. Sin embargo, en última instancia prevalecieron los argumentos de los banqueros. Por ello, la administración del presidente Alvaro Obregón recibió con beneplácito a los financieros en la ciudad de México, esperando conseguir una reducción del servicio de la deuda y confiando en la posibilidad obtener un empréstito para coadyuvar al establecimiento de un Banco Central.

No obstante las muestras preliminares de buena voluntad, las negociaciones entre Lamont y el ministro de finanzas mexicano no resultaron cordiales. De la Huerta insistía en que su gobierno estaba preparado a reconocer las deudas pre-revolucionarias, pero que no sacrificaría el bienestar del pueblo mexicano. Afirmaba:

"Por encima de todo, México debe sobrevivir... Si una familia se encuentra en apuros económicos, la primera consideración debe ser el pan y la lechey, después de ello, los acreedores...".

No obstante, Lamont era inconmovible y finalmente convenció a De la Huerta para que firmara un acuerdo reconociendo la totalidad del capital original de las viejas deudas, así como una parte considerable de los intereses atrasados. El gobierno mexicano prometió utilizar los impuestos del petróleo para establecer un fondo de 30 millones de dólares que estarían destinados al servicio de la deuda. El acuerdo fue ratificado por el Congreso Nacional y, en efecto, durante dos años el gobierno mexicano envió pequeñas remesas de pesos plata a Nueva York.

Para pagar sus deudas, la administración hacendaria mexicana no contaba con otros recursos que los impuestos petroleros, razón por la cual, al producirse una disminución en la producción de petróleo hacia 1924, la Secretaría de Hacienda se encontró imposibilitada para pagar a sus acreedores. El auge petrolero había alcanzado su apogeo en 1921-1922, pero declinó en los años siguientes. La caída del ingreso del petróleo, junto con una serie de conflictos internos, obligó al presidente Obregón a anunciar en junio de 1924 que el servicio de la deuda se suspendía.

La nueva suspensión de pagos motivó al Comité Internacional de Banqueros a entrar una vez más en acción. En esta ocasión, Lamont tuvo que arreglárselas con el nuevo ministro de finanzas mexicano, Alberto J. Pani, quien demostró ser más hábil que su predecesor. Pani argumentaba que las ganancias por exportación eran insuficientes para cubrir el servicio completo de la deuda, aunque prometía que su gobierno cumpliría esa meta en 1928. A cambio de una moratoria parcial, Pani accedió a la solicitud del Comité de Banqueros con respecto a una futura privatización de los Ferrocarriles Nacionales, esperando que esta iniciativa se adoptara en el lapso de un año.

Entre 1926 y 1927 el gobierno mexicano depositó 27 millones de dólares en Nueva York, siendo acreditados en la cuenta del Comité de Banqueros. El envío de estos fondos fue interpretado por los acreedores como un indicio de que por fin México había regresado al redil de las naciones «dignas de crédito». Pero pronto se vieron decepcionados, ya que a partir de 1927 no volvieron a recibir más pagos. Por otra parte, en estos años la Compañía de Ferrocarriles Nacionales comenzó a registrar déficits tan grandes que la administración de la empresa no pudo distribuir dividendos a los accionistas extranjeros.

Como en ocasiones anteriores, la causa de la nueva suspensión de pagos mexicana estaba directamente vinculada a la caída del valor de las principales exportaciones mexicanas. Desde 1926 los precios de la plata habían declinado y las compañías mineras redujeron su producción. Entretanto, los campos petroleros del Golfo habían sido testigos de una fuerte caída de la producción cuando numerosas firmas norteamericanas y británicas abandonaron el país, trasladando gran parte de su equipo y maquinaria a Venezuela, donde estaba iniciándose un gran "boom" petrolero.

La depresión mundial, por lo tanto, vino a agravar una situación económica ya bastante difícil. A pesar de ello, en julio de 1930, el gobierno mexicano firmó un nuevo pacto con el Comité Internacional de Banqueros, conocido como el acuerdo Montes de Oca-Lamont. Este acuerdo tuvo muy corta vida y nunca llegó a ser ratificado por el Congreso mexicano. Por consiguiente, a lo largo de la década de 1930-1940, México continuó en estado de suspensión de pagos sobre sus obligaciones externas.

Pero la moratoria mexicana no era de ninguna manera singular... De hecho, a partir de 1929 las crisis financieras y bancarias de años subsiguientes condujeron a graves conflictos entre acreedores y deudores, e inevitablemente sus repercusiones se hicieron sentir en toda América Latina. Las posiciones proteccionistas que fueron adoptando las grandes potencias ofrecían un nuevo abanico de posibilidades a los gobiernos deudores para justificar las suspensiones de pagos. Los ministros de finanzas de México, Brasil, Perú y Chile instruyeron a sus embajadores en Washington y Londres para que sondeasen discretamente las posibilidades de obtener un trato especial para sus deudas, tal como el que se había concedido a Alemania en la Conferencia de Lausana. Por otra parte, la suspensión generalizada del patrón oro proporcionaba circunstancias favorables, ya que las autoridades financieras latinoamericanas ahora argumentar que se justificaba el pago de sus deudas externas en moneda nacional en vez de oro, dólares o libras esterlinas.

Las estrategias adoptadas por los gobiernos latinoamericanos para hacer frente a la crisis de la deuda externa fueron variadas. En todos los casos los programas de recuperación financiera fueron resultado de complejas y prolongadas negociaciones con banqueros y políticos de Washington, Londres y París. En varios casos, los deudores lograron importantes concesiones que les permitieron aliviar los efectos de la Gran Depresión. En otros, las condiciones obtenidas fueron menos favorables.

En muchos aspectos la reestructuración de la deuda externa mexicana resultó el más complejo de todos los ajustes financieros de América Latina efectuados en los decenios de 1930 y 1940. La deuda externa mexicana, evaluada en aproximadamente unos 500 millones de dólares, era la tercera en importancia en la región, por debajo solamente de las de Brasil y Argentina. La coyuntura decisiva que condujo a la resolución final de la cuestión de la deuda mexicana fue la Segunda Guerra Mundial. Como en el caso de Brasil, las autoridades de los Estados Unidos realizaron un esfuerzo sistemático por establecer una alianza política, económica y militar con México, ya que a cambio de concesiones financieras, la administración Roosevelt esperaba que el gobierno del presidente Avila Camacho prestara su apoyo al esfuerzo bélico de los aliados.

Los dirigentes

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