Edad Moderna

Edad Moderna[editar]

Véanse también: Historia de la ciencia y la tecnología en España#Las universidades españolas en el siglo de Oro y Pragmática de 22 de noviembre de 1559.

Durante los siglos XVI y XVII, la pedagogía en España se enfoca a la educación del príncipe y la nobleza. Por otro lado, la estructura estamental no permite que la educación reciba un tratamiento gubernamental. Al igual que en la Edad Media, la educación y la cultura de la época, estaban a cargo de la Iglesia y los ayuntamientos.

Un precursor de la época es el clérigo portugués Luís António Verney1 "Barbadiño", el cual publicó el ensayo El verdadero método de estudiar, que abrió un período de crítica sobre la educación en la Península, y en las colonias. El ensayo traza un verdadero plan de estudios de gran calidad pedagógica, y recomienda las clases poco numerosas, los métodos activos, la disciplina fundada en la amistad entre profesores y alumnos, rechazando el castigo corporal.

Ilustración[editar]

Manuel José Quintana.

El gobierno de Carlos III realizó varias reformas educativas, que serían el germen del actual sistema educativo. Se prestó mayor atención a la enseñanza secundaria que se impartía en centros religiosos. Tras la expulsión de los jesuitas en 1767, se fundaron los Reales Estudios de San Isidro de Madrid, dedicados a la enseñanza secundaria cuyos profesores serán elegidos por concurso en lugar de ser elegidos por las órdenes religiosas. En éstos, se enseñaron Bellas Letras, Matemáticas, Física, Derecho Natural y de Gentes, griego y Hebreo. Se crea el Plan de 1771, también llamado Plan de Aranda para regular la enseñanza universitaria. En la enseñanza primaria, el vacío de los jesuítas, se intentó ocupar con escuelas públicas que enseñaran, primeras letras, Latín y Retórica.

La educación durante la Guerra de la Independencia y el absolutismo de Fernando VII[editar]

La Constitución de 1812 dedica todo el Título IX a la educación. Ese mismo año se constituye una Junta de Instrucción Pública y se le encarga un informe sobre la reforma general de le educación nacional. El poeta y político Manuel José Quintana elaboró en 1813 el llamado Informe Quintana que, posteriormente, fue transformado en ley durante el Trienio Liberal.

El regreso de Fernando VII produjo una reacción absolutista que, entre otras consecuencias, implicó el otorgamiento a la Iglesia católica del papel preponderante sobre la educación que ya había disfrutado con anterioridad y el regreso al plan de 1771. Para las universidades se creó una nueva Junta de Instrucción Pública destinada a la elaboración de un programa más acorde con los principios del absolutismo.

Tras el Trienio Liberal se implantaron leyes para regular la educación, sin que pudiera darse lugar las ideas revolucionarias o liberales. Se produjo la derogación del Reglamento General de Instrucción Pública de 1821 y la promulgación del Plan literario de estudios y arreglo general de las universidades del Reino (1824), del Plan y Reglamento de Escuelas de Primeras Letras del Reino (1825); a través de él, se procedía al establecimiento de escuelas en poblaciones con más de 50 habitantes, y el Reglamento general de las Escuelas de Latinidad y Colegios de Humanidades (1826).

Segunda mitad del siglo XIX[editar]

Ley Moyano de 1857[editar]

La primera ley educativa integral y racional en España fue la Ley de Instrucción Pública de 1857, conocida como Ley Moyano. Promulgada durante el reinado de Isabel II, intentó solucionar el grave problema de analfabetismo que sufría el país.

Las universidades, lo mismo que la sociedad, no encuentran el sosiego en el convulso siglo XIX, porque las condiciones económicas y políticas no logran estabilizarse. Los sucesivos Gobiernos siguen legislando sin cesar. La Década Moderada de Isabel II (1844-1854) se caracterizará por las continuas reformas que sufre el Plan Pidal. En 1850 un real decreto de 28 de agosto habla por primera vez de las Universidades de Distrito. En 1851 se ordena que las Universidades rindan cuenta mensualmente a la Dirección General de Instrucción Pública. En los años 1852 y 1853 se hacen otras reformas parciales.

De este modo, cuando los progresistas llegan al poder en 1854, es evidente ya la necesidad de proceder a una norma que con rango de ley regule la compleja trama de la instrucción nacional. Progresistas y moderados confluyen ahora en el tema de la educación, coincidiendo en las grandes líneas del sistema educativo liberal. Aunque la división ideológica reaparecerá más tarde con los partidos turnantes de Cánovas y Sagasta, parece que por estas fechas no son grandes las diferencias entre ambos por lo que respecta a la educación. Ello explica que, buena parte del proyecto de Alonso Martínez -lo único que dio tiempo en el bienio progresista- se incorporara a la ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857, conocida como Ley Moyano.

Así, los moderados consiguieron consolidar el sistema educativo liberal mediante una ley con vocación de permanencia -la ley se mantendrá en vigor más de cien años-. Su artífice, Claudio Moyano, acudiría a la formulación de una ley de bases que, recogiendo los principios fundamentales del sistema, evitara de este modo un debate parlamentario sobre cuestiones delicadas y complejas. Aunque este criterio había sido adoptado anteriormente por otros ministros sin conseguir resultados positivos, el momento político era ahora adecuado para una rápida tramitación y para una feliz consecución de los objetivos propuestos. Por otra parte, existían dos razones fundamentales para conseguir la aprobación de las Cortes:

La necesidad de una ley general que estableciera el sistema educativo construido a lo largo de casi cincuenta años.

La existencia de un consenso bastante amplio sobre las instituciones educativas que las diferentes normas habían ido implantando.

Por todo ello, puede decirse que la Ley Moyano no fue una ley innovadora, sino una norma que venía a consagrar un sistema educativo cuyas bases fundamentales se encontraban ya en el Reglamento de 1821, en el Plan del Duque de Rivas de 1836 y en el Plan Pidal de 1845.

Este carácter puede observarse no sólo en la organización de la enseñanza en tres grados sino en la propia regulación de cada nivel académico. Así, en la instrucción primaria se recoge el criterio tradicional de la existencia de dos

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