El Sistema Penitenciario venezolano

CAPÍTULO V

PROPUESTAS DEL AUTOR

1.- GENERALIDADES

El Sistema Penitenciario venezolano requiere urgentemente una total y verdadera reestructuración que signifique cambios profundos en el mismo, esto obviamente, implica la participación de todos los actores involucrados en el proceso de Administración de Justicia y de la decidida cooperación del Ministerio del Interior y Justicia.

Las iniciativas de cambio para el sector son apremiantes, su intervención debería comenzar por la conformación de un equipo de trabajo integrado por especialistas desvinculados totalmente de intereses mezquinos, cuya característica primordial debe ser la honestidad y la valentía.

A tales fines, resultaría pertinente que los viejos actores del Sistema Penitenciario donde todavía se encuentran personas que han representado verdaderos obstáculos a las iniciativas de cambio, no tomen decisiones relativas a esta propuesta de reestructuración. Obedece esta postura a evitar la repetición de la misma historia; conviene que la participación de los funcionarios del sistema, en principio se limite al suministro de información y a facilitar el proceso.

Esta recomendación no significa que deba excluírseles de la organización, puesto hay que tener en cuenta, que en los equipos de trabajo de prisiones se encuentran personas técnica y profesionalmente preparadas, pero por ser parte del problema no resultaría conveniente que asuman funciones en la reestructuración y así evitar errores ocurridos en el pasado.

2.- ADECUACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO A LAS NORMAS CONSTITUCIONALES

Cualquier proyecto de reestructuración del sector penitenciario debe obedecer al mandato Constitucional establecido en el artículo 272 de la Carta Magna, donde se indica claramente cual es el camino a seguir; en tal sentido, tiene que adelantarse todo un proceso de reingenieria organizativa, que implique la revisión de la situación existente en cuanto a presupuesto disponible; condiciones del personal adscrito al sector de prisiones; reforma legislativa; fortalecimiento de las dependencias funcionales; eliminación de las no funcionales; diseño y planificación de programas. Todo con el fin de adecuar el sistema a la exigencia constitucional, para ello es necesario:

Continuar con la revisión y someter a discusión para su pronta promulgación el Código Orgánico Penitenciario que reposa en la Asamblea Nacional, el cual dispone de una serie de normas donde se adecua la Ley de Régimen Penitenciario actual al mandato constitucional. En su defecto puede elaborarse otras propuestas siempre que se ajusten la normativa citada.

Cumplir con la vigilancia, protección y defensa de los Derechos Humanos de la población reclusa, a través de la intervención contundente de la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía del Ministerio Público y los Tribunales tanto de Control, de Juicio como de Ejecución, vigilando constantemente el funcionamiento del régimen penitenciario, para corregir oportunamente las irregularidades atentatorias contra los Derechos Humanos, sancionar a los funcionarios responsables de violaciones de estos derechos donde las haya y atender a las víctimas.

Proceder a la creación del Ente Autónomo Penitenciario pautado en el articulo 272 de la Carta Magna, cuyo proyecto reposa en el Ministerio del Interior y Justicia, La Presidencia del Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Nacional, esto con el fin de contar con un Organismo Autónomo, que diseñe y ejecute la política penitenciaria nacional; otorgarle al sector autonomía funcional, para facilitar su tecnificación y desvincularle del clientelismo político.

La autonomía permitirá que el futuro Organismo Oficial, se constituya por un equipo técnico profesional preparado para cumplir la misión, debiendo ser seleccionado su personal por concurso de credenciales. De igual manera puede estudiarse otras propuestas de autonomía funcional siempre que se ajusten a la normativa Constitucional.

Descentralizar la administración penitenciaria transfiriendo estos servicios a las gobernaciones de Estado y las Alcaldías, donde los gobernadores y alcaldes administren con autonomía el Programa de Tratamiento Institucional y el de Medidas de Prelibertad, en cuanto a presupuesto, recursos humanos, los programas de tratamiento y seguridad y además lo referido a trabajo de los reclusos, mantenimiento y construcción, ello implica, transferir también las competencias del Instituto Autónomo Caja de Trabajo Penitenciario y el Fondo Nacional de Edificaciones Penitenciarias F.O.N.E.P., que pudieran mantenerse para la definición de políticas nacionales o proceder a suprimirles sustituyéndolos por una alternativa que ofrezca mayores garantías de eficacia, eficiencia y operatividad.

Mejorar el programa de tratamiento en libertad, actualmente denominado Medidas de Prelibertad, a través de su descentralización; asignación presupuestaria de acuerdo a sus necesidades de funcionamiento; asignación del personal profesional que requiere y el nombramiento de personas capacitadas para ejercer la gerencia del mismo.

El perfeccionamiento de ésta modalidad de tratamiento, facilitará su instrumentación, y con ello, se posibilitaría que los Jueces, en cumplimiento al mandato constitucional otorguen las medidas de régimen abierto antes que las de naturaleza reclusoria. Esto indudablemente contribuirá al deshacinamiento carcelario y a evitar los efectos nocivos de la cárcel.

Realizar los estudios necesarios para reactivar los centros penitenciarios donde se efectúen actividades agrícolas y pecuarias, a los fines de fomentar la actividad agrícola y dar utilidad a las grandes extensiones de tierra con que cuentan algunos penales del País, facilitando de esa manera la disminución del ocio en los reclusos y la autogestión de los reclusorios.

Realizar los estudios de factibilidad para determinar las posibilidades de privatizar algunos servicios en las cárceles.

Posibilitar la creación de la Carrera Administrativa Penitenciaria, a los fines de mejorar la estabilidad laboral, las reivindicaciones sociales, tecnificación y la motivación de los trabajadores del sector.

Definir estrategias de forma conjunta con las diferentes instituciones involucradas en la Administración de Justicia nacional, para atacar el retardo procesal, de manera que se cumpla con la obligación de garantizar el debido proceso y se disminuya el hacinamiento carcelario.

Crear las dependencias necesarias para ofrecer Asistencia Pospenitenciaria, a los

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